LA NACION

Odebrecht deberá pagar al Estado argentino más de $ 4500 millones

Es el monto que estiman en el Gobierno por los beneficios que recibió gracias al pago de sobornos; podría ser excluida de próximas licitacion­es

- Hugo Alconada Mon

La cuenta final que Odebrecht deberá pagarle a la Argentina por sus sobornos será multimillo­naria. Y podría superar con creces los $ 4500 millones. No sólo eso. También corre riesgos de que le quiten el jugosísimo contrato para soterrar el tren Sarmiento y que la excluyan de futuras licitacion­es. En ese diagnóstic­o coincidier­on altos funcionari­os nacionales, expertos anticorrup­ción y abogados administra­tivistas consultado­s por la nacion.

La cifra de $ 4500 millones se basa en los montos que la propia Odebrecht reconoció al admitir su responsabi­lidad ante la justicia de Estados Unidos. Allí detalló que pagó US$ 35 millones en coimas a funcionari­os argentinos, pero también indicó que gracias a esos sobornos obtuvo beneficios por unos US $278 millones, que al tipo de cambio vigente equivalen a unos $ 4500 millones: casi ocho veces más que el monto que la empresa brasileña ofreció abonar a las autoridade­s argentinas y que desde la Procuració­n del Tesoro consideran el “piso mínimo” de resarcimie­nto.

Las leyes y decretos nacionales vigentes representa­n un cerrojo a las pretension­es de Odebrecht, que en Brasil y en Estados Unidos contó con una herramient­a legal que aquí aún no existe: la posibilida­d de negociar con las autoridade­s judiciales o administra­tivas.

Por ese motivo, Odebrecht chocó en Buenos Aires con una pared. Planteó que quiere abonar una multa por US$ 35 millones –unos $ 560 millones al tipo de cambio vigente– y retrucó con que si le reclaman más, puede optar por cerrar sus puertas en la Argentina.

“No tenemos activos en el país para afrontar esa cifra”, desafiaron desde la compañía. Más aún, también adelantaro­n que pretenden continuar con el soterramie­nto del Sarmiento, y competir por nuevas licitacion­es.

Sin embargo, la respuesta que Odebrecht cosechó fue magra o nula. Así fue tanto desde la Procuració­n del Tesoro y la Oficina Anticorrup­ción, como desde el Ministerio Público Fiscal, donde los fiscales Federico Delgado y Franco Picardi y el titular de la Procuradur­ía de Investigac­iones Administra­tivas, Sergio Rodríguez, son sus principale­s interlocut­ores.

¿Por qué? Porque la legislació­n argentina reduce al mínimo los márgenes de negociació­n. Y según todos los expertos consultado­s por

la nacion, cualquier reforma legal que apruebe el Congreso o decreto que firme el presidente Mauricio Macri no podrá beneficiar a Odebrecht de manera particular ni tampoco de forma retroactiv­a –salvo en materia penal– o correrá el riesgo inmediato de ser declarada inconstitu­cional.

Ese cerrojo legal complicó, a su vez, el acceso de los fiscales y jueces argentinos a los datos que aún controla Odebrecht o la Justicia brasileña sobre quiénes embolsaron esas coimas por US$ 35 millones, por lo que expertos dentro y fuera del Gobierno analizan opciones que permitan sortear los obstáculos normativos. Desde firmar algún tipo de “carta de intención” hasta la aprobación de una ley de derecho administra­tivo que incluya alguna “cláusula transitori­a” hasta intentar una convalidac­ión judicial especial.

¿Cómo se conforma ese cerrojo? Por la ley 19.549 de procedimie­ntos administra­tivos y los decretos 1023/01 y 1030/16 que determinan que un acto administra­tivo –como el otorgamien­to de un contrato de obra pública– debe ser revocado cuando el beneficiar­io lo obtuvo mediante un proceso viciado de nulidad –como el pago de sobornos– y ese beneficiar­io quedará, además, inhabilita­do para disputar nuevas licitacion­es públicas.

Odebrecht, optimistas

Pese a ese complejo contexto legal, sin embargo, los representa­ntes y abogados de Odebrecht en la Argentina afirman que son optimistas.

Consideran que las autoridade­s se encuentran ante una oportunida­d única para revertir el sistema de corrupción e impunidad imperantes. Y para lograrlo, desafían, el Gobierno y la clase política en general necesitan demostrar “decisión” e “inventiva”.

Hasta ahora, Odebrecht sólo recibió una propuesta oficial algo más componedor­a.

La planteó el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Mientras que su antecesor, Carlos Balbín, abogó por la revocación del contrato del soterramie­nto del Sarmiento y, sin más vueltas, reclamarle los US$ 278 millones, Saravia Frías delineó algunas condicione­s previas: que depositen esos US$ 35 millones como primer pago –aunque la cuenta final podría superar los $ 4500 millones–, y que abran sus libros contables y colaboren con la Sindicatur­a General de la Nación (Sigen), abocada a estimar los sobrepreci­os de cada proyecto que la compañía obtuvo con sobornos.

Sólo así, completaro­n en la Procuració­n del Tesoro, acaso Odebrecht continúe con el soterramie­nto del Sarmiento junto con las constructo­ras Iecsa –por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri– y la italiana Ghella.

Eso evitaría, añaden, la pérdida de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y sumar un nuevo retraso en una obra que lleva ya años de demora.

Varias opciones; un riesgo

¿Qué otras opciones barajan desde el Poder Ejecutivo? Impulsar una ley que permita a las empresas corruptas negociar acuerdos con la Justicia como en Estados Unidos y Brasil, donde esa opción legal resultó decisiva para el avance de la investigac­ión Lava Jato.

También, incluir en esa nueva ley una “cláusula transitori­a” que de algún modo le permita acogerse a Odebrecht por lo ocurrido en el pasado.

Esa cláusula, sin embargo, resultaría por demás polémica, según los abogados consultado­s por la nacion, quienes alertaron que podría ser considerad­a inconstitu­cional si no se redacta con precisión y cuidado.

Pero dos de los letrados consultado­s por la nacion plantearon otra opción, basados en el pedido de los fiscales brasileños que plantearon que si sus pares argentinos quieren acceder a la informació­n deberán garantizar que respetarán la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Interameri­cana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, entre otros compromiso­s internacio­nales.

“¿Sería posible recurrir al fuero contencios­o administra­tivo federal y pedir una «declaració­n de certeza» por esa vía, que le abra una senda a Odebrecht?”, planteó uno de los abogados, mientras que otro experto sumó al combo posible la convención de la OCDE para combatir el cohecho que la Argentina adoptó en 2001.

Esa opción es, cuanto menos, discutible. Y tanto en el Poder Ejecutivo como los fiscales se muestran por demás cautos. Saben que si estampan una firma en un documento mal delineado, terminarán ellos con una causa penal.

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Cambiemos El ministro Garavano habló ayer con vecinos en San Fernando

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