Cómo intentó negociar Ducler
Fuentes cercanas al fallecido asesor kirchnerista revelaron que el Gobierno conocía desde hace dos meses los datos sobre los fondos de Santa Cruz
Desde hace dos meses conocía el Gobierno la información ofrecida por el fallecido Aldo Ducler, sobre la vinculación de los fondos de Santa Cruz con la llegada de los Kirchner al poder. Así lo pudo saber
la nacion de fuentes oficiales y otras cercanas al financista.
El Gobierno de Mauricio Macri conocía desde hace por lo menos dos meses la explosiva información que el financista Aldo Ducler estaba ofreciendo sobre Néstor y Cristina Kirchner, y la supuesta “asociación ilícita” que malversó los millonarios fondos de las regalías petroleras que Santa Cruz recibió en el 1993.
De acuerdo con fuentes oficiales y a otras cercanas al financista, por lo menos un asesor legal con línea directa con el Presidente, un ministro y un secretario de Estado ya habían visto el documento que Ducler presentó el 30 de mayo pasado en la Unidad de Información Financiera (UIF) y que ofrecía datos a cambio de una recompensa para influir en el juicio sobre YPF contra la Argentina que se lleva adelante en Nueva York, por US$ 4000 millones.
Los contactos entre el financista y el Gobierno, según confirmó la nacion, fueron hace dos meses a través de una triangulación entre tres abogados: el asesor legal muy cercano al presidente Mauricio Macri, su ex socio en un estudio jurídico y un letrado penalista cercano a los Ducler en los últimos meses.
La idea de Ducler surgió tras la aprobación de la ley del informante (27.319) en diciembre pasado. El financista mantenía una fuerte desconfianza en la justicia argentina, que había tardado más de ocho años en dictar su sobreseimiento en una causa por narcolavado y que había ignorado el año pasado denuncias por amenazas. Buscaba negociar directamente con el Poder Ejecutivo. Esta ley, pese a que nunca se reglamentó, le ofrecía mantener el anonimato y el recibir una “contraprestación económica”.
Pero en los 60 días que duraron los contactos, a través de intermediarios, las amenazas se intensificaron, narraron cerca del financista a la nacion. Ducler pensó que alguien con acceso a su ofrecimiento había filtrado esa información. Cerca del Gobierno le pidieron paciencia y 20 días más para pensar la oferta. El plazo coincide con la fecha de la audiencia del próximo jueves en la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el juicio de YPF.
Entonces, Ducler y su hijo Juan Manuel se asustaron y decidieron blindarse mediáticamente. Dejaron el martes 30 el documento en la mesa de entradas de la UIF, sabiendo que iba a trascender. Ducler, que se había quedado sin tarjetas, adjuntó una de su hijo con su nombre y celular escrito con birome, y pidió que el sobre blanco fuera entregado directamente a Mariano Federici, titular de la UIF. Un día antes había enviado a su mujer a Mar del Plata.
Las condiciones
En el escrito, Ducler solicitaba reserva de identidad y protección para su familia. Y pedía “10% libre de impuestos sobre el monto reclamado por Burford Capital”; es decir, sobre US$ 4000 millones y un “10% de adelanto”.
Según Ducler, podía aportar información para ganar el juicio en Nueva York, evitar nuevas demandas por la expropiación del 51% de YPF e incluso comenzar acciones contra Repsol por el vaciamiento de la petrolera. Su último objetivo era “recuperar parte de los US$ 1289 millones cobrados por los Eskenazi en conceptos de dividendos en YPF”.
Estaba dispuesto a informar los “números de cuentas en EE.UU., Luxemburgo y Suiza, donde estaban depositados los fondos de Santa Cruz, quiénes eran los banqueros y representantes de Petersen Energía en España y Australia, apoderados, administradores y operadores de los fondos de Santa Cruz, operadores políticos para que el Grupo Petersen comprara el 25% de YPF a Repsol, operadores políticos, empresarios y funcionarios argentinos y españoles, que junto a bancos extranjeros establecieron una sociedad ilícita para estafar a la Argentina y a YPF, documentación sobre las maniobras para que el Grupo Petersen compre YPF a Repsol y pruebas de las presiones que Néstor y Cristina Kirchner ejercieron sobre Repsol para obtener el 25% de YPF, entre otra documentación.
¿Cómo conocía Ducler estos datos? Mercado Abierto, la financiera que conducía en los años 90 con Miguel Iribarne y Héctor Scasserra, era asesora de varios gobiernos provinciales. Tenía oficinas en varias ciudades del interior y asesoraba a la Santa Cruz de Néstor Kirchner.
Ducler fue el encargado, a través de varios intermediarios de Kirchner, de ubicar esos fondos en el exterior, aunque nunca fue custodia ni apoderado, afirman cercanos. Básicamente, Ducler conocía el origen y la ruta del dinero que, según luego denunció, se usó para comprar –bajo presión– una parte de YPF.
Todo se complicó para el financista en noviembre de 1999, cuando el gobierno mexicano radicó una denuncia en su contra en la justicia argentina por supuesto lavado de dinero proveniente del cartel de Juárez. Sin embargo, en septiembre de 2000, de acuerdo a documentos a los que accedió la nacion, los integrantes de Mercado Abierto (Ducler, Iribarne y Scasserra) llegaron a un acuerdo con los departamentos de Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos para poder seguir operando en ese mercado y descongelar sus cuentas bancarias. En 2001, EE.UU. envía parte de esta documentación a la comisión de lavado del Congreso, de la que participaban Cristina Kirchner y Elisa Carrió.
En 2004, la justicia mexicana declaró la Operación Casablanca, que se había denunciado en la Argentina como ilegal, ya que los fondos que supuestamente eran del cartel de Juárez pertenecían, en rigor, al Departamento del Tesoro de los EE.UU., que en una maniobra con agentes encubiertos no informada a los mexicanos buscaba tentar a los banqueros de los que sospechaba por lavado. En 2008, la justicia argentina sobreseyó a Ducler.
Desde esa fecha, según quienes lo frecuentaron, Ducler intentó “limpiar su nombre”. Incluso, financió la edición de un cuadernillo, llamado “El Caso Ducler”, que distribuía entre conocidos. Nunca lo logró. El año pasado fue a la Justicia para radicar ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi “lesiones a su honor” por varias notas publicadas que lo seguían vinculando con el “narcolavado”. En la ratificación de esa denuncia, en octubre pasado, denunció ser “blanco de graves amenazas proferidas en forma cobarde en las redes sociales”.