Martínez de Giorgi cuestiona la justicia brasileña

El juez que investiga posibles coimas en el soterramiento del Sarmiento cuestiona la escasa colaboración de sus pares brasileños para aportar información

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi es el responsable de investigar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la mayor obra que realiza la constructora Odebrecht en la Argentina por US$ 3000 millones de dólares, por la que se estima se pagaron US$ 20 millones por vía ilegal.

Pero las confesiones de los empresarios que pagaron las coimas y los nombres de los que cobraron no llegan: “Brasil hoy está trabajando como un garante de la impunidad de Odebrecht”, afirmó el juez, en una entrevista con la nacion. Y advirtió: “Brasil busca generar un compromiso en terceros países para evitar que se avance en investigaciones penales, civiles y administrativas contra la gente de Odebrecht ”.

En la obra del soterramiento del Sarmiento, el gigante brasileño tiene de socio a Iecsa, la empresa que cuando ganó el contrato, durante el kirchnerismo, era de Angelo Calcattera, primo de Mauricio Macri.

Del juez depende que terminen juzgados los funcionarios del kirchnerismo que cobraron sobornos, los intermediarios que permitieron las transferencias de dinero y los empresarios que pagaron.

De camisa con finas rayas celestes, corbata escocesa de tonos pastel, Martínez de Giorgi se mueve en bajo el radar. Fue secretario en la Sala II de la Cámara Federal y juez suplente de dos juzgados vacantes durante cuatro años. En 2012 se convirtió en juez federal, tras el controversial concurso 140. Hoy es uno de los cuatro jueces que investigan obras de Odebrecht en la Argentina. Su causa está bajo secreto de sumario, no obstante aceptó hablar ante la falta de información de Brasil.

–¿Es indispensable la información de Brasil para avanzar? –No, indispensable no es. Tal vez pueda ser indispensable si se generan avances en la investigación local, para la defensa de los imputados brasileños. –¿Cómo avanzar entonces? –Teníamos la expectativa de que en una fecha determinada íbamos a obtener información de las autoridades de Brasil. Pero, pasada esa fecha, sabemos que la información no llegó y no sabemos si llegará. Esto nos genera la necesidad de diseñar otro modelo de investigación, que nos pondrá en una ruta tal vez más compleja, que podría llevar más tiempo, pero también conducir a resultados en las mismas condiciones que si Brasil nos enviara la información. –¿Por qué Brasil no envía la información? –Yo creo que Brasil hoy está trabajando como un garante de la impunidad de Odebrecht. –Pero la justicia de Brasil está avanzado y condenando a sus ejecutivos... –En el ámbito local sí, pero hacia terceros países no. Hay un compromiso del Estado brasileño, que firmó la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a los países signatarios a generar un amplio intercambio de información en procesos penales que involucran a terceros países. Y esto no se cumple. Se está privilegiando la posición de Odebrecht por sobre los compromisos internacionales. Brasil incumple esos acuerdos. –¿Por qué? ¿Por el celo para preservar su investigación? –No lo sé. Brasil busca generar un compromiso en terceros países paTexto ra evitar que se avance en investigaciones penales, civiles y administrativas contra la gente de Odebrecht, lo que pone en una situación desventajosa a los empresarios locales, con respecto a los imputados brasileños. –¿Como juez puede darles esa garantía de inmunidad que pide la justicia brasileña a los ejecutivos de Odebrecht? –Sin adelantar opinión, porque es algo que eventualmente tenga que resolver, es muy difícil que se pueda acordar en estos términos y darle garantías de impunidad. –¿Impunidad o inmunidad? –Por nuestra ley, los jueces sólo podemos generar un ámbito de colaboración y esa colaboración va a ser evaluada al final del proceso, en una eventual determinación de pena que puede generar una reducción en la condena. No la impunidad absoluta. La ley del arrepentido no lo prevé. –¿Cuál es entonces la estrategia para avanzar en las investigaciones? –Estoy con secreto del sumario y mucho no puedo explicar, pero existen medios para acceder a información que pueden dar sus frutos. Va a ser una investigación más trabajosa y más larga, pero puede llegar a resultados. –Usted pidió información a Estados Unidos y el ministro Garavano, en su viaje, comentó que destrabó la llegada de esos datos. ¿Recibió algo? –La única autoridad que contestó en el expediente es Uruguay. No le puedo adelantar más por el secreto del sumario, pero Estados Unidos contestó pidiendo información complementaria y se la dimos. –¿Qué perspectiva tenemos de investigar un delito transnacional? ¿La ventaja siempre la tienen los corruptos y la Justicia no tiene armas? –El mejor escenario es que esta situación no llegue a la Justicia penal, que actúa cuando los hechos ya ocurrieron. El mejor escenario es que existan herramientas en el derecho administrativo para evitar estos hechos. Defiendo un derecho administrativo fuerte. –Bueno, pero ya los hechos ocurrieron. ¿Y ahora? –Hay una forma de investigar estos hechos con una policía judicial, que implica tener expertos propios con conocimientos contables, ingenieros, expertos en informática. Formar una policía judicial. –¿Como Brasil? –Claro. Y en esos casos se evita una intromisión de las autoridades políticas sobre los procesos de investigación, que así tendrían absoluta autonomía. –¿Confía en que se pueda avanzar sin que llegue información de Brasil? –Sí, absolutamente.