un lava jato, pero al revés.
En otra prueba de la descomposición institucional, jueces federales formaron un engendro asociativo para preservarse del examen de la ciudadanía
En otra prueba de la descomposición institucional, jueces federales formaron un engendro asociativo para preservarse del examen público.
Al escandaloso e injustificable incremento patrimonial del camarista Eduardo Freiler, traducido en la compra de bienes suntuarios y propiedades, se suma su actuación en causas donde funcionarios kirchneristas han debido rendir cuentas por su irregular desempeño. En su caso, al igual que en tantos otros, es clara su actuación como una suerte de “soldado” de una facción política antes que como un magistrado independiente y digno de respeto. Su desempeño es una pequeña muestra de la larga descomposición institucional de los tribunales federales penales de la Capital Federal. Esta decadencia es uno de los problemas estratégicos que padece nuestro país. Muchos de los jueces encargados de sancionar la corrupción de los funcionarios públicos se han comportado como garantes, y enciertos casos, como cómplices de su impunidad. Un vicio sobre cuya gravedad la opinión pública va adquiriendo, día tras día, más conciencia.
El deterioro de la justicia federal, en especial de su fuero penal, se remonta a muchos años. El menemismo, que sintetizó sus malas prácticas en la legendaria “servilleta de Corach” y en la tristemente célebre “cadena de la felicidad”, marcó una etapa decisiva de ese retroceso. Néstor Kirchner siguió esa trayectoria descendente y la agravó: a corruptelas que eran ya tradicionales, agregó la subordinación de los jueces a los servicios de Inteligencia, en muchos casos mediante la extorsión.
Cabía esperar que los magistrados federales advirtieran los males que encarnan e impulsaran una regeneración. Pero, por el contrario, han tratado de preservarse de cualquier renovación. La última señal de este movimiento defensivo es la creación de una Asociación de Jueces Federales.
Análisis periodísticos que dieron cuenta de esta desacertada creación coinciden en verla como el producto de otra reacción corporativa frente al cuestionamiento social que pesa sobre algunos de los jueces que la forman. No puede interpretarse como casual que la nueva liga haya nacido días antes de que se pusiera el bochornoso caso Freiler a consideración en el Consejo de la Magistratura. O cuando uno de sus socios, Rodolfo Canicoba Corral, comenzara a ser investigado por el presunto cobro de una coima al sindicalista Omar “Caballo” Suárez. Canicoba interpretó esa pesquisa como un ataque hacia él por parte del Poder Ejecutivo.
La creación de este engendro asociativo, cuyos declarados fines son los de la defensa de los intereses de varios cuestionados jueces federales de la Capital y el interior y la búsqueda de soluciones para problemas comunes, nos conduce legítimamente a la desconfianza. Especialmente cuando ya existe una Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que a su vez posee representantes en el Consejo de la Magistratura.
Desde ya que esa desconfianza no se proyecta ciegamente sobre todos los magistrados. Existen muchos jueces y juezas que vienen cumpliendo funciones en los tribunales federales del país que, por preparación profesional y rectitud, están en las antípodas de lo que representan jueces como Freiler, Canicoba Corral o Rafecas. También es posible que otros casos emblemáticos del pasado, en una lista en la que no deberían faltar personajes como los ex jueces Oyarbide y Faggionato Márquez, hayan teñido con un manto de sospecha el desempeño de muchos buenos jueces. Pero si se recuerda la práctica tradicionalmente observable en los tribunales de Comodoro Py, donde las denuncias contra funcionarios “duermen” por largos períodos mientras los investigados mantienen poder, para recién “despertar” cuando lo han perdido, debe concederse que esta organización nace con un “handicap” propio del desempeño histórico de esos mismos magistrados.
Uno de los principales impulsores de esta organización es el juez Ariel Lijo. Es inevitable que a ese juez se lo vincule con las actividades de su hermano, Alfredo, un abogado identificado en los tribunales de Comodoro Py como gestor judicial del ex ministro Julio De Vido. La ex esposa de Alfredo Lijo, Carla Lago, sigue siendo socia con el camarista Freiler en una financiera. Al juez Lijo se le atribuyó, sin que jamás lo desmintiera, la negociación de un acuerdo con la Casa Rosada, a comienzos del último año de la gestión de Cristina Kirchner, para suspender las investigaciones que pudieran malograr la llegada de Daniel Scioli a la Presidencia. La preocupación de Lijo por el triunfo de Scioli no debería sorprender. Este magistrado era uno de los que tenían mayor proximidad al entonces gobernador. A tal punto que nunca quiso profundizar en el vínculo de Scioli con el caso Ciccone, a pesar de datos inquietantes que le ofreció Amado Boudou durante su declaración indagatoria.
Sorprende que numerosos jueces del fuero federal, de la Capital y del interior, ajenos durante estos años a las miserias institucionales de los tribunales penales de Comodoro Py, hayan convalidado, con su presencia o afiliación, una cultura cuya reforma resulta urgente para la salud de la República.
Muchos jueces federales que han dado origen a la nueva entidad que los nuclea tienen zapatos muy grandes que llenar si pretenden estar a la altura de las razones republicanas que dieron nacimiento al esquema judicial en el que se hallan insertos. No lograrán superar la cuota de suspicacia y descreimiento que hoy los alcanza con defensas de mezquinos intereses corporativos. Tampoco disiparán esa desconfianza si, frente a comportamientos indignos de sus pares, buscan abroquelarse en resguardo de prerrogativas que no han sido pensadas para proteger conductas reñidas con la ley.
El nombre de la flamante agrupación de jueces y su sigla, Ajufe, tiene una llamativa connotación de cinismo. Ajufe se denomina también la Asociación de Jueces Federales de Brasil. Pero en el vecino país la corrupción está siendo combatida por magistrados independientes; el caso Lava Jato es la manifestación más notoria de una cultura judicial que no teme controlar los abusos del poder político. La actitud de muchos de nuestros jueces federales es la inversa. Crean un club para preservarse del examen de la ciudadanía o de instituciones que, como el Consejo de la Magistratura, pudieran examinarlos. Un verdadero Lava Jato, pero al revés.