Condiciones difíciles de aceptar en la Argentina
Para aportar datos, la Justicia brasileña exige garantías de inmunidad
La Justicia de Brasil ya avisó. El juez Sergio Moro, a cargo del Lava Jato, le envió un oficio en marzo pasado al juez federal argentino Sebastián Ramos, quien investiga pagos ilegales de Petrobras en la compra de Transener, y le decía que si quiere contar con la declaración de los arrepentidos brasileños que confesaron los sobornos debe garantizarles inmunidad. Le mandó un convenio, en el que dice que Ramos debe comprometerse en nombre del Estado argentino a que no los perseguirá ni penalmente, ni administrativamente y que debe darles inmunidad ante juicios civiles.
El mismo acuerdo le llegará en pocas semanas más al juez Marcelo Martínez de Giorgi que investiga el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El compromiso, de imposible cumplimiento para la legislación argentina, bloquea este camino para la llegada de datos desde Brasil.
El fiscal a cargo de la causa del soterramiento del Sarmiento, Franco Picardi, acaba de regresar de Brasil donde se reunió con otros colegas argentinos con el subprocurador general José Bonifacio para traer información. Pero no sólo vino con las manos vacías, sino que le anticipó al juez Martínez de Giorgi el acuerdo que le propondrá Moro.
La causa por sobornos en la construcción de esta megaobra se inició en 2016. Al momento Martínez de Giorgi allanó las firmas involucradas y realizó la semana pasada allanamientos complementarios, que le permitieron reunir datos clave.
Hay dos indicios que permiten sospechar del pago de sobornos en esta causa: dos grupos de correos electrónicos que vinculan a ex funcionarios del kirchnerismo y a ex ejecutivos de la empresa Iecsa, que estaba a cargo de la obra con Odebrecht, Comsa y Ghella.