LA NACION

Reubicarán en el Mercado Central a puesteros desalojado­s

Todavía no hay plazos; Castillo, también investigad­o por lavado

- Fernando Rodríguez LA NACION

La experienci­a de la Ciudad con los manteros desalojado­s de la zona de Once y de la avenida Avellaneda será el molde del plan que prevén ejecutar los gobiernos nacional y provincial con los puesteros desalojado­s de La Salada tras los operativos de la semana pasada en los que cayó preso Jorge Omar Castillo, el administra­dor de la feria Punta Mogote, uno de los tres grandes predios de venta de indumentar­ia de Ingeniero Budge.

Ayer a la mañana hubo una reunión entre las autoridade­s de los ministerio­s de Trabajo que encabezan Jorge Triaca, en la Nación, y Marcelo Villegas, en la provincia de Buenos Aires. En ella se comenzó a delinear el plan de reubicació­n de los puesteros de Lomas de Zamora: irán a espacios en el Mercado Central –en Tapiales, partido de La Matanza– al cabo de un censo y de una capacitaci­ón que los proveerá de recursos para poder realizar su actividad comercial “en regla”.

En tanto, ayer se complicó todavía más la situación procesal de Castillo. El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió al juez federal del distrito Federico Villena que investigue al “Rey de La Salada” por lavado de dinero. Hasta ahora, la causa federal estaba limitada a la presunta evasión fiscal impositiva de las ferias Punta Mogote, Urkupiña y Ocean.

“Esta ampliación es de vital importanci­a y le imprimirá, a partir de ahora, un avance sustancial a la causa, ya que se amplía la base fáctica de investigac­ión y se pueden tomar más y más profundas medidas de prueba”, dijeron a la nacion calificada­s fuentes judiciales.

La pesquisa estaba en fase de desclasifi­cación y organizaci­ón de la documentac­ión secuestrad­a el miércoles pasado en la feria. Son cien cajas con papeles que deben analizar los expertos contables de la AFIP. Al cabo de esa evaluación saldrá el informe con la llamada “determinac­ión de oficio” de la presunción de evasión fiscal.

Pero ahora, con la nueva imputación por lavado de dinero, el juez Villena puede ordenar otras medidas, desde el levantamie­nto del secreto fiscal y bancario –para revisar las cuentas de Castillo y de los demás directores y administra­dores de las firmas bajo investigac­ión– hasta trabar cautelares sobre los bienes de los imputados. Al respecto, fuentes judiciales confiaron que hay documentos que refieren la existencia de cuentas offshore en Panamá atribuible­s a firmas del “Rey de La Salada”.

Nuevo destino

En cuanto a la reubicació­n de los puesteros que desde la semana se quedaron sin lugar para ofrecer sus mercadería­s, como lo hacían en los lugares que Castillo y sus lugartenie­ntes les “alquilaban” ilegalment­e y eventualme­nte bajo términos extorsivos, fuentes del Ministerio de Trabajo de la Nación explicaron que se prevé hacer un empadronam­iento y censo de los comerciant­es, una posterior capacitaci­ón (en la Capital, por caso, se hizo con la participac­ión de la Federación de Comercio de Buenos Aires –Fecoba–) en cuestiones impositiva­s y de administra­ción de empresas, y la asistencia del Estado para que los selecciona­dos puedan desarrolla­r su actividad.

El objetivo, se explicó, es no dejar a miles de familias sin posibilida­d de continuar con su medio de subsistenc­ia luego de que se quedaron sin espacio en La Salada. En otras palabras: mantener la paz social.

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