Por la campaña, el Gobierno posterga la reforma laboral y busca más acuerdos sectoriales
Avanzó con las ART y el “plan empalme”, pero retrasó las pasantías y el blanqueo laboral; quiere replicar tratos como el de Vaca Muerta
La reforma laboral que ideó el Gobierno a principio de año quedó parcialmente postergada hasta después de las elecciones legislativas. Así lo reconoció a la nacion un jerárquico del Ministerio de Trabajo que participó en las charlas preliminares que hubo con empresarios y sindicalistas.
Hasta hoy, el Gobierno logró avanzar en la modificación del sistema de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y en el denominado “plan empalme”, cuya finalidad es estimular la reconversión de planes sociales en puestos de trabajo registrado. Este último proyecto, sin embargo, no tuvo aún impacto favorable y la migración de beneficiarios a empleo registrado es por ahora nula, según fuentes oficiales.
Quedaron congelados, así, el proyecto para cambiar la ley de regularización del empleo no registrado, que preveía una suerte de blanqueo laboral a cambio de beneficios impositivos; el programa Primer Empleo, que apuntaba a mejorar las posibilidades de los jóvenes para insertarse en el mundo laboral y la reinstauración del sistema de pasantías; una campaña para promover la registración del personal doméstico, y hasta una audaz modificación en la ley laboral en lo relativo a la licencia por paternidad, que es hoy de 48 horas y se evaluó ampliarla a 14 días.
Descartan en el oficialismo cualquier bosquejo que altere el sistema actual de indemnizaciones y paritarias. Esto es en respuesta a lo que apuntó el diputado kirchnerista Héctor Recalde, quien advirtió que el Gobierno prevé limitar las negociaciones salariales y reducir la indemnización en caso de despido. Coincide con esa presunción el bloque legislativo de la izquierda.
“Estamos trabajando con la CGT para impulsar el blanqueo laboral. No está todavía consensuado. Buscamos acuerdos sectoriales que mejoahora ren la productividad y generar condiciones de previsibilidad para que se genere empleo”, dijo un asesor del ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
La previsibilidad que quiere escenificar el Gobierno tiene tres ejes. El primero es el control de la inflación. El otro es minar la industria de los juicios laborales como obstáculo para la creación de empleo. Y el tercero está vinculado a los costos laborales, tanto para tomar como para despedir un trabajador. “No hay reglas claras”, coincidieron dos funcionarios.
A partir de la escalada de conflictos, sobre todo el año pasado, el Ministerio de Trabajo fortaleció el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) como instancia alternativa para la solución de las disputas. En 2016 se generaron 84.258 expedientes y el porcentaje de acuerdos fue de 26 por ciento. Mientras que en 2017 la cantidad de expedientes bajó a 59.922 y se elevó el porcentaje de acuerdos a 39 por ciento. El Gobierno considera el Seclo como un paso clave para evitar el aumento de los juicios laborales.
Con las reformas laborales por fuera de la agenda, Triaca focaliza las energías en acelerar la modificación de convenios colectivos de sectores que requieren captar inversiones, generar mayor competitividad y bajar costos.
“Apostamos a una economía 4.0, moderna, y no a convenios fordistas. Priorizamos hoy avanzar en los convenios sector por sector más que modificar la ley de contrato de trabajo”, dijo un jerárquico de la cartera laboral. Y agregó: “Hay que discutir cosas más básicas que la jornada laboral. Hay que resolver cómo hacer para ser más eficientes y productivos, se requiere hoy en algunos casos de una multifunción”.
En el Gobierno hay interés en cristalizar cuanto antes los cambios en algunos sectores particulares, como el petrolero y la agroindustria. La intención es reducir los costos laborales, a cambio de dinamizar la llegada de inversiones. Tal vez el acuerdo pionero de productividad es el que se anudó con Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, para el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén. Entre los puntos clave del acuerdo surge la eliminación del pago de “horas taxi” (traslados) y una disminución de la cantidad de operarios por cada equipo de perforación. El trato de Vaca Muerta, sin embargo, corre peligro por una interna en el gremio petrolero, en el que comenzaron a surgir focos de resistencia que rechazan la aplicación de la adenda al convenio colectivo.
Otro gremio petrolero, pero de Chubut, acordó atar algunos beneficios laborales al valor mundial del barril del crudo. Los lecheros de Atilra aceptaron reducir un aporte patronal a la obra social a cambio de estabilidad laboral. Y en la misma línea hubo cambios en el sector marítimo y en el automotor. Un debate novedoso comenzó a darse en Comercio, donde Ramón Muerza, un dirigente mercantil que aspira a suceder al legendario Armando Cavalieri, planteó reformar el convenio y dividir la actividad por ramas.