Oportuna ley para las víctimas
Las víctimas de delitos son las grandes postergadas en la justicia argentina. Como si acarrearan una culpa de origen que las hace responsables de lo ocurrido, suelen sufrir una segunda victimización en los tribunales pues, o bien no se las tiene en cuenta más que en calidad de testigos o, en caso de disponer de medios, deben convertirse en querellantes contratando un abogado.
Esta lamentable realidad, que se fue agravando con el paso del tiempo debido al incremento de la delincuencia, a la morosidad general de la Justicia y a la creciente corrupción en las fuerzas policiales, estaría por comenzar a cambiar tras la reciente sanción de la ley nacional de protección de los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.
La flamante ley provee a las víctimas o a sus familiares de nuevas herramientas, como la asistencia gratuita de un defensor público de la víctimas, el acceso al expediente y a ser escuchado y protegido.
En los orígenes de esta norma se encuentra la multitudinaria marcha convocada con el lema “Para que no te pase”, realizada frente al Congreso en octubre del año pasado y organizada, entre muchos otros, por víctimas y familiares de delitos que cobraron gran tascendencia, como María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, el joven que falleció en la tragedia de Once; Carolina Píparo, madre del bebe que murió siete días después de nacer mediante una cesárea de urgencia pues ella había recibido un balazo en el abdomen durante una salidera bancaria; Matías Bagnato, único sobreviviente de la masacre de Flores, y Jimena Adúriz, madre de Ángeles Rawson.
Como expresó el diputado Mario Negri, presidente del interbloque de Cambiemos, la nueva ley modifica el Código de Procedimiento Penal de la Nación y la ley orgánica del Ministerio Público, pues se refuerza el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa al crearse la Defensoría Pública de las Víctimas, que tendrá 24 defensores, quienes trabajarán con 123 secretarios y prosecretarios letrados que actuarán como defensores coadyuvantes. También se crean centros de protección y asistencia que funcionarán las 24 horas para el ámbito federal en todo el país, con la intención de que una iniciativa similar se adopte en la justicia de instrucción de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias.
De ahora en más, quienes sufran delitos deberán ser notificados de las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorguen a los condenados y acusados. También tendrán derecho a recibir no sólo asesoramiento legal, sino contención durante el proceso y la ejecución de la pena. La ley crea, además, la figura de la presunción de peligro para la víctima y su familia, que permite adoptar medidas de seguridad.
Es innegable el sano espíritu que anima a esta ley que va en auxilio de quienes, hasta el presente, sólo han encontrado en los medios de difusión el eco necesario para que sus casos no cayeran en el olvido. Pero el principal riesgo que corre la nueva norma radica, precisamente, en la burocracia judicial. Sortearla con éxito dependerá de la vocación y dedicación de los futuros defensores públicos de las víctimas, que serán elegidos mediante concurso.
Por eso, será indispensable que esos concursos se realicen con la mayor transparencia y que primen los antecedentes y la capacitación de los postulantes, de forma tal de no recaer en el ancestral vicio de la justicia argentina de nombrar funcionarios a los parientes y amigos de quienes ya integran la llamada “familia judicial”. El segundo requisito es dotar a esta nueva estructura de los medios físicos, técnicos y de recursos humanos necesarios para poder desempeñarse con eficiencia. De no cumplirse estos dos requisitos, poco cambiará para las víctimas.