Río turbio: el juez no pedirá el desafuero ni la detención de de Vido
Argumentó que las pruebas “no permiten conformar el estado de sospecha”; el fiscal apeló ante la Cámara; se investiga el desvío de fondos
El juez federal Luis Rodríguez anunció que no pedirá el desafuero para detener al diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusado de una estafa millonaria con recursos de la mina de Río Turbio. Al mismo tiempo aceptó el pedido de exención de prisión que le había presentado Roberto Baratta, hombre de confianza de De Vido.
De esa forma, Rodríguez resolvió no hacer lugar a la solicitud que había presentado el fiscal Carlos Stornelli y que desató una intensa polémica por los fueros de los legisladores, que se ubicó en el centro de la campaña electoral. En contra de la decisión del juez, el fiscal Carlos Stornelli anunció que insistirá en su pedido de detención de De Vido y apeló ante la Cámara Federal para revertir las eximiciones que había concedido Rodríguez.
El juez ya había resuelto el jueves la exención de prisión de otros tres acusados por el fiscal.
De acuerdo con Stornelli, la asignación de recursos para proyectos vinculados a la mina de Río Turbio escondió una estafa de por lo menos 264 millones de pesos. Pero podrían ser muchos más, porque entre 2005 y 2015 salieron 26.000 millones de las arcas públicas para el complejo minero.
Gran parte de los contratos se realizó a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El fiscal considera que en la operación podrían haber participado De Vido, Baratta y otras 21 personas, entre ellas, el rector de la UTN, Héctor Brotto.
El juez federal Luis Rodríguez decidió que no pedirá el desafuero para la detención del ex ministro y actual diputado Julio De Vido, acusado de una estafa multimillonaria al Estado en el caso Río Turbio.
No hizo lugar a lo solicitado por el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, el martes pasado. Ni siquiera al pedido para que De Vido sea citado a indagatoria (algo que podría hacer sin necesidad de que lo desafore el Congreso). Según Rodríguez, no hay pruebas suficientes; no existe el “estado de sospecha” necesario para citarlo como acusado. Ni a él ni a los demás imputados.
“Téngase presente”, fue la respuesta del juez al dictamen del fiscal, que había sido lapidario contra De Vido y sus presuntos cómplices. “Las pruebas reunidas hasta el momento no permiten conformar el estado de sospecha que exige el Art. 294 [para citar a un acusado a indagatoria]”, respondió Rodríguez ayer.
Así lo informó anoche un comunicado del propio juzgado publicado en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema.
Según ese comunicado, el juez decidió en cambio “profundizar la investigación e implantar el secreto de sumario para asegurar la realización de las diligencias ordenadas”. Esas medidas incluyen allanamientos. El secreto se dispuso por 10 días.
Anteayer, previendo este resultado, Elisa Carrió y Sergio Massa habían adelantado que iban a impulsar la exclusión de De Vido del Congreso incluso sin pedido judicial de desafuero.
En paralelo, Rodríguez hizo lugar, también ayer, a la exención de prisión que le había pedido Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, y hombre de estrecha confianza de De Vido.
Lo mismo había dispuesto anteayer respecto de los otros acusados que le habían pedido al juez que los mantuviera en libertad. A todos ellos, Stornelli les había pedido la detención.
Ayer, el fiscal apeló los fallos de Rodríguez e insistió en que correspondía que siguieran el proceso desde la cárcel (ver aparte).
Para Stornelli, este caso es un gigantesco hecho de corrupción del que participaron De Vido, Baratta y otras 21 personas; entre ellas Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio) y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Héctor Brotto.
Los funcionarios fueron responsables del desvío, según el fiscal, porque permitieron que se giraran exorbitantes sumas de dinero y no ejercieron ningún control.
Según el fiscal Stornelli, la estafa fue de al menos 264 millones de pesos. Pero podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (que incluye un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón).
El tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales. Según lo proyectado en 2010, debía estar produciendo ya 2.000.000 de toneladas.
Cuando pidió las indagatorias y las detenciones, Stornelli afirmó que el complejo minero “tiene un 70% menos de las galerías que lo proyectado” y “produce un 85% menos que lo establecido”, pero no obstante “posee un 233% más de personal”.
La UTN tuvo un rol clave en el presunto desvío. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y una fundación de la universidad que no tenía actividad previa firmaron 453 convenios y 90 adendas.
La sospecha es que se creó ese andamiaje legal para no hacer licitaciones públicas y posibilitar así el desvío.
Según el fiscal Stornelli, el acuerdo con la UTN fue un “convenio pantalla” que no sólo permitió elegir a los contratistas; también facilitó que la facultad y la fundación quedaran con un 21% del dinero que gestionaron en concepto de comisiones.
El abogado de De Vido, Adrián Maloneay, sostuvo esta semana que el pedido de Stornelli era una “sobreactuación” y un “show mediático”. Adelantó además su defensa: De Vido no firmó ninguno de los convenios que permitieron los supuestos desvíos.
Maloneay afirmó: “De Vido planificó la ejecución de esta obra, esto lo ha manifestado y escrito en diversas oportunidades y documentos, pero no suscribió ni intervino personal o funcionalmente en los convenios que son materia de análisis en la causa”.
Para el fiscal Stornelli, que su firma no aparezca no exime a De Vido de responsabilidad, porque fue a través del Ministerio de Planificación que él dirigía que se transfirieron los miles de millones de pesos; él tenía el deber de fiscalizar, controlar y supervisar el destino de los bienes.