Santiago Otamendi. “Tenemos que ver de qué manera se flexibilizan algunos controles al ingreso de capitales” –Otra vez, tenemos que ser equilibrados también con esto. Si empezás
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional asegura que la Argentina dejó atrás una etapa de persecución
Secretario de Justicia, juez penal con licencia, Santiago Otamendi (52 años) miraba ayer asombrado en la TV el resumen sobre el primer día en la cumbre del G-20. “Mirá lo que me perdí”, le dice en broma a su equipo mientras Coldplay aparece en pantalla. Pero el nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) enseguida se lamenta –en serio, esta vez– por no haber podido participar de la cumbre. En simultáneo a la cargada agenda judicial local, Otamendi se desempeñará durante un año como titular del organismo internacional más influyente en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Su objetivo es ambicioso: generar a nivel mundial una mayor interacción con la Justicia para ser más efectivos en el control de los delitos de lavado. Se trata de una colaboración que, sólo a nivel local, ya le trae dolores de cabeza al gobierno nacional.
Otamendi entiende que la Argentina transita el camino global de mayor flexibilización para el ingreso de capitales, pero con la exigencia de un seguimiento más intensivo y personalizados de individuos y empresas.
Por ello, “equilibrio” es la palabra que repite cuando la nacion pregunta por los Panamá Papers, la bicicleta financiera y la gestión que lleva adelante la UIF. –¿Cómo ubica a la Argentina en el mapa global de la lucha contra el lavado de activos? –El Gobierno se toma el tema muy en serio. Sin ir más lejos, hace unos días aprobamos la ley de responsabilidad penal para las empresas, pero también dimos en el Congreso nacional la discusión por la ley de extinción de dominio. Nuestro objetivo tanto desde la presidencia del GAFI como desde el Gobierno es dotar a los jueces de más completos marcos legales para generar sanciones a tiempo. –¿Por qué cuesta tanto la colaboración con la Justicia? En los últimos tiempos, varios jueces y fiscales hicieron cuestionamientos públicos a la UIF… –Tenemos que ser equilibrados. Existe el secreto fiscal, que es una garantía constitucional, que puede ser perforada a través de una resolución judicial fundada. Acá está el equilibrio. Será muy útil el diálogo entre jueces que entiendan el nivel de importancia del secreto fiscal y también los operadores que comprendan claramente la necesidad de los jueces de investigar con mayor fluidez. Queremos que haya una visión común no sólo en la Argentina sino también a nivel global. –Recién enumeró algunos proyectos oficiales, pero hubo otras iniciativas del Gobierno que generaron polémica, como la resolución de la AFIP y la UIF que eliminó la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas ante los bancos para rastrear el origen de los fondos… –Las críticas son entendibles, pero hace falta contemplar los contextos. La Argentina venía de 12 años en que la sociedad sentía que estaba perseguida financieramente con muchas restricciones que generaron que mucha gente que, por actividades lícitas, no había declarado dinero. Lo pudieron hacer con este Gobierno, que además transformó el blanqueo en un círculo virtuoso. –¿Analizan alguna medida para frenar la famosa “bicicleta financiera”? a restringir el ingreso de capitales y a generar más control, eso posiblemente también deje a mucha gente afuera del sistema. Tenemos que ver de qué manera se flexibilizan algunos controles, con el peligro que eso genera. El mundo también transita ese camino ahora mismo. –¿La Argentina va a flexibilizar sus controles? –No. Había necesidades en el momento del blanqueo. Tenemos nuestros controles bien dispuestos, pero nunca son suficientes por eso la evaluación que hacemos es permanente. Estamos atrás de cada uno de las maniobras sospechosas de lavado. Tenemos un abordaje serio y una política muy clara de controlar esto. Pero no se agota. Lo estamos analizando todo el tiempo. –¿En la era que se abrió después del caso de los Panamá Papers, ¿cuál es la política que impulsan hacia las sociedades offshore? –La constitución de sociedades offshore tiene la particularidad cultural de que muchas veces fueron utilizadas para maniobras delictivas transnacionales y financiamiento del terrorismo. Lo que no implica que haya otras offshores que, en países como el nuestro que tuvieron marcos legales tan restrictivos, resultaron necesarias en algún momento para disponer alguna operatoria lícita. Seguirán existiendo las offshore. El objetivo es enmarcarlas para que sean instrumentos de actividades lícitas. Intentar que sean declaradas en la Argentina y en el mundo.
“Estamos atrás de cada una de las maniobras sospechosas de lavado. Tenemos un abordaje muy serio y una política muy clara” “La Argentina venía de 12 años en que la sociedad sentía que estaba perseguida en términos financieros”