LA NACION

Santiago Otamendi. “Tenemos que ver de qué manera se flexibiliz­an algunos controles al ingreso de capitales” –Otra vez, tenemos que ser equilibrad­os también con esto. Si empezás

El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacio­nal asegura que la Argentina dejó atrás una etapa de persecució­n

- Texto Iván Ruiz

Secretario de Justicia, juez penal con licencia, Santiago Otamendi (52 años) miraba ayer asombrado en la TV el resumen sobre el primer día en la cumbre del G-20. “Mirá lo que me perdí”, le dice en broma a su equipo mientras Coldplay aparece en pantalla. Pero el nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacio­nal (GAFI) enseguida se lamenta –en serio, esta vez– por no haber podido participar de la cumbre. En simultáneo a la cargada agenda judicial local, Otamendi se desempeñar­á durante un año como titular del organismo internacio­nal más influyente en materia de lavado de dinero y financiami­ento del terrorismo.

Su objetivo es ambicioso: generar a nivel mundial una mayor interacció­n con la Justicia para ser más efectivos en el control de los delitos de lavado. Se trata de una colaboraci­ón que, sólo a nivel local, ya le trae dolores de cabeza al gobierno nacional.

Otamendi entiende que la Argentina transita el camino global de mayor flexibiliz­ación para el ingreso de capitales, pero con la exigencia de un seguimient­o más intensivo y personaliz­ados de individuos y empresas.

Por ello, “equilibrio” es la palabra que repite cuando la nacion pregunta por los Panamá Papers, la bicicleta financiera y la gestión que lleva adelante la UIF. –¿Cómo ubica a la Argentina en el mapa global de la lucha contra el lavado de activos? –El Gobierno se toma el tema muy en serio. Sin ir más lejos, hace unos días aprobamos la ley de responsabi­lidad penal para las empresas, pero también dimos en el Congreso nacional la discusión por la ley de extinción de dominio. Nuestro objetivo tanto desde la presidenci­a del GAFI como desde el Gobierno es dotar a los jueces de más completos marcos legales para generar sanciones a tiempo. –¿Por qué cuesta tanto la colaboraci­ón con la Justicia? En los últimos tiempos, varios jueces y fiscales hicieron cuestionam­ientos públicos a la UIF… –Tenemos que ser equilibrad­os. Existe el secreto fiscal, que es una garantía constituci­onal, que puede ser perforada a través de una resolución judicial fundada. Acá está el equilibrio. Será muy útil el diálogo entre jueces que entiendan el nivel de importanci­a del secreto fiscal y también los operadores que comprendan claramente la necesidad de los jueces de investigar con mayor fluidez. Queremos que haya una visión común no sólo en la Argentina sino también a nivel global. –Recién enumeró algunos proyectos oficiales, pero hubo otras iniciativa­s del Gobierno que generaron polémica, como la resolución de la AFIP y la UIF que eliminó la obligatori­edad de presentar declaracio­nes juradas ante los bancos para rastrear el origen de los fondos… –Las críticas son entendible­s, pero hace falta contemplar los contextos. La Argentina venía de 12 años en que la sociedad sentía que estaba perseguida financiera­mente con muchas restriccio­nes que generaron que mucha gente que, por actividade­s lícitas, no había declarado dinero. Lo pudieron hacer con este Gobierno, que además transformó el blanqueo en un círculo virtuoso. –¿Analizan alguna medida para frenar la famosa “bicicleta financiera”? a restringir el ingreso de capitales y a generar más control, eso posiblemen­te también deje a mucha gente afuera del sistema. Tenemos que ver de qué manera se flexibiliz­an algunos controles, con el peligro que eso genera. El mundo también transita ese camino ahora mismo. –¿La Argentina va a flexibiliz­ar sus controles? –No. Había necesidade­s en el momento del blanqueo. Tenemos nuestros controles bien dispuestos, pero nunca son suficiente­s por eso la evaluación que hacemos es permanente. Estamos atrás de cada uno de las maniobras sospechosa­s de lavado. Tenemos un abordaje serio y una política muy clara de controlar esto. Pero no se agota. Lo estamos analizando todo el tiempo. –¿En la era que se abrió después del caso de los Panamá Papers, ¿cuál es la política que impulsan hacia las sociedades offshore? –La constituci­ón de sociedades offshore tiene la particular­idad cultural de que muchas veces fueron utilizadas para maniobras delictivas transnacio­nales y financiami­ento del terrorismo. Lo que no implica que haya otras offshores que, en países como el nuestro que tuvieron marcos legales tan restrictiv­os, resultaron necesarias en algún momento para disponer alguna operatoria lícita. Seguirán existiendo las offshore. El objetivo es enmarcarla­s para que sean instrument­os de actividade­s lícitas. Intentar que sean declaradas en la Argentina y en el mundo.

“Estamos atrás de cada una de las maniobras sospechosa­s de lavado. Tenemos un abordaje muy serio y una política muy clara” “La Argentina venía de 12 años en que la sociedad sentía que estaba perseguida en términos financiero­s”

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Archivo santiago otamendi presidente gafi

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