Riachuelo: fuertes críticas al organismo encargado de sanearlo

acumar. A nueve años del fallo de la Corte que ordena limpiarlo, ONG alertan sobre faltas

El 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar el Riachuelo, la cuenca más contaminada de la Argentina, pero el saneamiento parece cada vez más lejano y el futuro asoma desolador. Eso es lo que se desprende de un informe elaborado por las organizaciones sociales y ambientales que forman el Cuerpo Colegiado al cumplirse nueve años de aquel fallo por el que los titulares de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debieron responder ante el máximo tribunal en diciembre pasado.

Cuestionamientos sobre el control de vertidos y emisiones, la presencia de basurales a cielo abierto, el plan de relocalización de las familias que viven sobre el lecho del río y las dificultades para identificar la población en riesgo, entre otros, son los puntos salientes del documento firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación Vecinos La Boca.

“La resolución adoptada por Acumar (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), a la cual nuestro país ha adherido”, se lee en el documento difundido ayer. Desde el organismo rechazaron esta acusación y argumentaron que se cumple con la ley nacional 26.011 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que obliga a fijar medidas para reducir o eliminar la producción y uso de los distintos productos químicos.

“Es una de las deudas ambientales más grandes del país. Y es el reflejo claro del fracaso de las políticas que heredamos. La intervención de la Justicia es una prueba de que esa forma de hacer política fracasó. Hoy, vemos el fracaso cada vez que caminamos la cuenca”, argumentó Dorina Bonetti, directora general de Gestión Política y Social de Acumar.

De acuerdo con las organizaciones sociales y ambientales, el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo de 2010 que prevía la construcción de 17.771 soluciones habitacionales “ha sido muy bajo” y de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca sólo fueron realojados una parte. Según indicaron, esta situación cuenta con el agravante de que más de la mitad de los basurales a cielo abierto que habían sido removidos volvieron a estar en actividad.

Para el Cuerpo Colegiado, a casi una década del fallo de la Corte Suprema, no se logró “identificar de manera específica la población en riesgo” y tampoco “se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación”.

Acumar se encuentra bajo la dirección de Gladys González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti. Hasta ese momento Acumar dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la órbita de Sergio Bergman. González dejará su cargo para asumir los compromisos de candidata a senadora.

“Pasa el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que esto es una sentencia judicial”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en diciembre de 2016 durante la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se rindan cuentas sobre el fallo de 2008.

El diagnóstico de los funcionarios de la Acumar fue alarmante: un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, con problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino, y sólo el 20% de la sentencia cumplida.