Los costos en el campo
El reciente aumento del 6% en el precio del gasoil ha producido críticas fuertes y justificadas en medios agropecuarios. Encuentra a la actividad agrícola en plena tarea de culminación de la cosecha gruesa del ciclo 2016/17 y de implantación del principal de los cultivos de invierno, el trigo, de la campaña 2017/2018.
Ese 6% de aumento sobre el gasoil debe leerse a la luz del último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), que ha hecho saber que la participación estatal en la renta agrícola ha subido al 74%, el de mayor rango hasta aquí desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri.
La presión había sido varios puntos más alta durante la gestión de los Kirchner. Claro que poco consuelo suscita cualquier comparación con una época tan nefasta para el campo argentino, y si se quiere, para la economía nacional en su conjunto. Los extranjeros lo ven, al parecer, con más claridad que los argentinos. ¿Cómo es posible, se preguntan en los grandes centros de la política internacional, que la ex presidenta Kirchner pueda encontrar aquí sustento para presentar una candidatura legislativa? ¿No aprenderán los argentinos, después del zafarrancho y la corrupción rampante en que han vivido?
Al cabo de un año y medio de la nueva gestión presidencial, el Estado ha recuperado seis de los puntos que había perdido en la rentabilidad agropecuaria. La suma de gravámenes por todo concepto se está llevando 75 de cada 100 pesos producidos por el sector, el más dinámico de la economía.
Es evidente que no habrá soluciones perdurables mientras no baje el gasto público, se reduzca a límites razonables el déficit fiscal y se encare la reforma fiscal integral que es necesidad impostergable para la modernidad del país. El ministro de Hacienda se ha comprometido a que esta reforma sea una realidad al cabo de las elecciones de octubre. Veremos cómo la oposición entiende esta cuestión tan delicada.
La magnitud de la presión impositiva, dentro de un cuadro de superposiciones escandaloso, equivale al 38% del PBI. Es de casi un tercio más que en alguno de los países vecinos.
Hay 33 gravámenes que pesan sobre la actividad agropecuaria, en el conjunto que se deriva de las normas del Estado nacional (derechos de exportación, impuestos a las ganancias, a los bienes personales, al crédito, al débito financiero, al valor agregado, a los combustibles), de las provincias (impuestos inmobiliarios, inmobiliarios complementarios, ingresos brutos) y de los municipios.
¿Es, acaso, una exageración decir, como se expuso en un trabajo documentado de la Sociedad Rural Argentina, que el campo trabaja 298 días para el Estado y compite así con productos del mercado norteamericano, que reciben en promedio subsidios del 10%, y peor, con los del mercado europeo, que reciben ese mismo beneficio casi multiplicado por dos?
A través de su instituto de estudios, la Fundación Mediterránea hizo saber tiempo atrás que en el prolongado ciclo kirchnerista, el Estado recaudó sólo por derechos de exportación de productos agropecuarios 100.000 millones de dólares. Es como si se hubieran evaporado, a juzgar por los graves déficits logístico y de infraestructura que se padecen. La escasez de rutas y autovías resulta desoladora. Lo mismo podría decirse de la falta de obras necesarias para mitigar las inundaciones.
A eso debe sumarse la observación de un trabajo publicado por la Universidad Católica Argentina, demostrativo de que el tren, tan desarticulado en su presencia activa en el territorio nacional, es 21 veces más eficiente, por cada caballo de fuerza empleado por tonelada, que el camión en el transporte de cargas. Los fletes tienen un peso global en los costos del campo del 27%.
Es cierto que hay una concurrencia de causas en la actualidad para que se sienta con rigor la suba de los costos en el sector. En la relación interanual, a fines del mes pasado, el precio de los commodities agrícolas había caído de manera sustancial: la soja, 50 dólares por tonelada; el maíz, 61; el trigo, 15, y el sorgo, 45, según datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Se ha tomado nota de una significativa declaración del ministro de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, de que en el Gobierno prevalece la idea de que bajen los gravámenes al campo.
Hay motivos de satisfacción por parte gubernamental, al haberse cumplido el compromiso de las entidades agropecuarias de que las eliminaciones de los derechos a la exportación a los productos agrícolas, menos sobre la soja, y a la carne, elevarían la producción. Hasta tal punto eso ha ocurrido que la compensación por aquéllas ha sido hasta aquí del 97,7 por ciento. Deben sumarse a ellos el aumento consiguiente en la demanda de insumos, de venta de maquinaria agrícola, etcétera.
Ahora falta completar ese cuadro con el comienzo de la disminución, a partir de enero próximo, según lo especifican las normas vigentes, de las retenciones a la soja a razón del 0,5% mensual hasta fines de 2019.
Es mucho lo que el campo tributa a favor de los intereses generales para que esté penando como lo hace por un cúmulo adverso de circunstancias potenciadas por los viejos males de base del sector público.