Nadie quiere que Julio hable

Ya casi no llama nadie. Cada tanto, algún intendente de los propios con los que, más urgente que nunca, hay que armar la estrategia electoral. Toda una ironía: ese teléfono fue durante muchos años la apuesta más segura del establishment político y económico. Pero empresarios, sindicalistas, gobernadores y hasta ex presidentes han dejado de contactarse con Julio De Vido. Destino inherente al poder: grande o pequeño, público o privado, democrático o coercitivo, el modo más sabio de ejercerlo será siempre con plena conciencia de su finitud. Quedó trunca, por ahora, aquella alegoría bíblica con que hace años llegaron a definir al ex ministro de Planificación en la Unión Industrial Argentina, donde se lo comparaba con el administrador infiel del Evangelio. Aquel empleado que, despedido y consciente de que estará en la calle, se vuelve dadivoso con los acreedores en sus últimos días de gestión con la esperanza de que, una vez afuera, lo reciban en sus casas. Pero el mundo de los negocios tiene mala memoria. Incluso para recordar prácticas corruptas en un país cuya legislación no le garantiza al empresario, como pasa en Brasil, reducciones de pena o eximiciones de prisión. ¿Llevaron valijas?, le preguntó esta semana la nacion a un contratista del Estado, que eligió volver a las Sagradas Escrituras. “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, citó. Meditaciones del mundo de la obra pública.

Los Arrullos, la casa que De Vido tiene en el club de campo Puerto Panal, en la ciudad bonaerense de Lima, ha pasado a ser su residencia diaria. Una incongruencia con su entorno, a cuyos miembros les ha sugerido mudarse a lugares de menor exposición. Él nunca fue ostentoso.

Ya no trabaja. O sí, en realidad, pero ahora para sí mismo: junto con su mujer, Alessandra Minnicelli, hermana de Claudio, todavía prófugo de la Justicia en una causa por contrabando, y los abogados Adrián Maloneay y Julio Virgolini, ocupa el 100% del tiempo en la defensa. No será por mucho tiempo, cree De Vido: no más de 45 días, plazo al cabo del cual, proyecta, se atenuarán los fuegos electorales. Son los cálculos de un experto; nadie como él conoce las debilidades de la justicia federal.

Esta etapa crítica, que recrudeció el martes con el pedido de detención que hizo el fiscal Carlos Stornelli en la causa por las irregularidades en la mina de Río Turbio, pondrá en juego además una vieja jactancia propia: de los 12 jueces de Comodoro Py, De Vido dice tener una relación de amistad, de ida y vuelta, con diez de ellos. Luis Rodríguez, el que ayer rechazó el pedido de indagatoria, detención y desafuero del acusado, es uno de llos. Sin ir más lejos, ha cultivado un inmejorable vínculo con José María Olazagasti, secretario privado del arquitecto.

La medida judicial benefició además a Roberto Baratta, el ejecutor de las decisiones más sensibles en el Ministerio de Planificación y uno de los pocos que frecuenta a su ex jefe. También lo visita Olazagasti, pero sólo en los intervalos que le permite su nueva ocupación, la organización de shows musicales. Hay, con todo, una indiferencia que molesta más que ninguna otra en las inmediaciones de Puerto Panal: la de Cristina Kirchner. ¿Cómo es posible que, desde que se conoció la noticia del pedido del fiscal, no lo haya siquiera defendido públicamente?, se preguntan allí.

En realidad, el cuadro de situación que traza el ex ministro es bastante similar al que se hace en los tribunales. Será muy importante, dicen, el resultado de las elecciones en el desarrollo de todas las causas que lo involucran, que hasta ahora acumulan cinco procesamientos.

Los vientos de la política suelen cambiar los humores en la justicia federal. Lo admiten con absoluta crudeza los propios magistrados. Cuando no hay apuros, se explayan, esta corporación reaccionaria y cultora del statu quo se maneja con el único criterio de no atentar contra su propia subsistencia. Como aquellos árbitros que buscan evitarse sobresaltos manteniendo el juego lejos de las áreas. “Haber firmado en ese momento no indica ahora absolutamente nada”, contestó uno de ellos cuando la nacion le recordaba aquella solicitada de 2013 titulada: “Hacia una Justicia Legítima”, con una multitud de jueces acompañando a la procuradora Alejandra Gils Carbó. El texto reclamaba la “necesidad de incorporar al debate público ciudadano las decisiones jurisdiccionales y la conducta de los miembros del Poder Judicial, la necesidad de garantizar la independencia e imparcialidad del sistema también frente a los grandes intereses económicos, otras corporaciones e incluso de las asociaciones que nos nuclean, y el cumplimiento de las demandas sociales en punto a la transparencia de la magistratura”.

Es cierto que las urgencias de los poderes del Estado no son las mismas en campaña. Ahora, mientras la corporación política está atenta a lo que ocurrirá en la provincia de Buenos Aires entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich, la judicial prefiere seguir los movimientos que en la Capital Federal hace su gran vigía, Elisa Carrió. Y no sólo en los medios de comunicación. Comodoro Py, por ejemplo, se pregunta si la diputada intentará influir en el reemplazante del kirchnerista Ruperto Godoy en el Consejo de la Magistratura. Esta semana, la Cámara ratificó el fallo que impide integrar el organismo a aquellos que no sean abogados y dejó al senador sanjuanino al borde de la remoción. Una vez que la Corte deje firme la medida –que Godoy dijo estar dispuesto a apelar–, e incluso en el caso de que en su lugar asumiera el suplente, el peronista Rodolfo Urtubey, el oficialismo estará en condiciones de obtener una eventual mayoría que, por ejemplo, no logró cuando quiso suspender al camarista Eduardo Freiler.

Será un cambio de contexto relevante para el presente y el futuro. Porque, por ahora, parece difícil que la Argentina cambie de herramientas jurídicas para juzgar el pasado. Quedó demostrado esta semana, con la discusión del proyecto de responsabilidad penal empresaria en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada, pero quedó en el camino el artículo 37, que le permitía a la Procuración del Tesoro hacer, sin involucrar a la Justicia, acuerdos con compañías que hubieran pagado coimas. La sepultura de esa atribución, que los legisladores bautizaron Artículo Odebrecht, despoja a la ley de lo que habría sido una mirada retroactiva y su única semejanza con el sistema de Brasil, que encarcela tanto a empresarios como a funcionarios públicos a medida que los involucrados van declarando. Allí, la incomunicación del establishment con el principal acusado, Marcelo Odebrecht, no es sólo telefónica y simbólica: el ex Príncipe de los Contratistas permanece tras las rejas, sorprendido ante la inflexibilidad de los guardias para mejorarle la iluminación de la celda, comiendo cada tres horas barras de cereales que le llevan para paliar un cuadro avanzado de hipoglucemia.