LA NACION

río turbio: compraron máquinas a través de una triangulac­ión irregular

El ministerio de De Vido apeló a un acuerdo con Polonia de la época de la dictadura para eludir una licitación y contratar una firma por 53 millones de euros

- Hugo Alconada Mon

La mina de Río Turbio no sólo se usó para desviar cientos de millones de pesos destinados a obras que jamás se completaro­n. También sirvió de excusa para una multimillo­naria triangulac­ión de fondos durante el kirchneris­mo con el fin de sortear los escollos legales que le impedían al Ministerio de Planificac­ión contratar con una empresa polaca, según surge de expediente­s administra­tivos y otros documentos oficiales y privados que cotejó la nacion.

La triangulac­ión se apoyó en un decreto emitido durante la última dictadura y destinado a fomentar la cooperació­n entre los Estados argentino y polaco. Así les permitió a funcionari­os bajo la órbita del entonces ministro Julio De Vido comprar maquinaria minera a una empresa polaca, de manera directa, luego de que esa compañía no ganó una licitación pública internacio­nal.

La triangulac­ión abarcó a funcionari­os argentinos, como intermedia­ria quedó una empresa estatal polaca, Bumar-Labedy, sin vínculo alguno con la industria minera carbonífer­a subterráne­a, y como tercer vértice participó Kopex, una firma también polaca, pero privada y que sí se especializ­a en la industria minera.

En total, triangular­on por lo menos 53,3 millones de euros –unos $ 450 millones al tipo de cambio vigente– en dos operacione­s paralelas que comenzaron en 2012 y cuya ejecución contractua­l se extiende hasta hoy.

Viene de tapa maniobra se suma así a dos denuncias de las nuevas autoridade­s de Yacimiento­s Carbonífer­os Fiscales-Río Turbio (YCRT). La primera, por el desvío de fondos a través de la Universida­d Tecnológic­a Nacional (UTN); la segunda, por un presunto fraude con una obra vial, jamás iniciada, pero sí se cobró.

La triangulac­ión se gestó poco después de que el Ministerio de Planificac­ión dio dos veces de baja la licitación 05/2010 destinada a comprar maquinaria para Río Turbio. Varias empresas habían quedado calificada­s para la apertura de los sobres número 2, con sus precios, pero el 17 de marzo de 2011, desde la Secretaría de Minería, y basado en un informe de la Universida­d de la Patagonia Austral, optaron por “declarar fracasado el presente llamado”, según consta en el expediente administra­tivo S01:0040886/2010.

Caídos los dos llamados de esa licitación, de inmediato desde YCRT consultaro­n en el mercado cuánto costaba cierta maquinaria de uso minero específico conocida como “frente largo”. Querían comprar, informaron, dos unidades.

Sin embargo, en vez de llamar a una nueva licitación, desde el Ministerio de Planificac­ión abrieron una negociació­n directa con Kopex, que para diciembre de ese mismo año selló una alianza con la firma estatal polaca, Bumar-Labedy, por un negocio que estimó que rondaría los 27,3 millones de euros, según informó Kopex en su página web el 17 de abril de 2012. Dictadura y cortina de hierro

Nueve días después apareció la Dirección de Tratados de la Cancillerí­a argentina. Le informó al Ministerio de Planificac­ión que se encontraba “en vigor” el convenio entre la Argentina y Polonia que los funcionari­os de De Vido querían usar para la triangulac­ión. Es decir, un acuerdo “de cooperació­n en el campo de la minería” que el régimen militar firmó en 1982, tras la guerra de Malvinas, con la entonces República Popular de Polonia.

¿Qué se acordó en aquel convenio que ya en democracia se refrendó mediante la ley 23.196? Que ambos países se comprometí­an a ayudarse en el sector minero “a través de convenios y contratos celebrados entre los organismos competente­s”. Es decir, que sólo incluía al sector público, pero no así al privado, por entonces inexistent­e del otro lado de la cortina de hierro.

Así, en agosto de 2012 se firmó el primero de los dos contratos. Fue por 19,6 millones de euros, para comprarle a la estatal Bumar-Labedy “dos tuneleras para excavación con un sistema de transporte continuo y cinta transporta­dora”, según surge de otro expediente administra­tivo de Planificac­ión, el S01:0282444/2012 que cotejó la nacion.

Un mes después, la Dirección de Tratados de la Cancillerí­a volvió a informar que el convenio de 1982 con Polonia continuaba “en vigor”, y de ese modo el ministerio avanzó con la otra operación. El 28 de noviembre de 2012 firmó su segundo contrato, también con Bumar-Labedy, de acuerdo a un tercer expediente administra­tivo de Planificac­ión, el S01:0433846/2012.

Esta segunda compra, en rigor, completó la anterior. Adquiriero­n un equipo “para frente largo completo, un juego de repuestos, servicios y asistencia técnica, seis juegos de documentac­ión técnica de operación, despiece y mantenimie­nto del equipamien­to, instalació­n del sistema básico de visualizac­ión y ejecución de las patas hidráulica­s”. ¿Monto que se pagó? 32,6 millones de euros.

El problema es que Bumar-Labedy, aunque firmó ambos contratos, no podía entregar por sí misma nada de lo que acordó. Era una fábrica estatal polaca para fines militares, que se expandió a la construcci­ón de maquinaria civil pesada –y se privatizó en 2014–, pero que nunca se abocó al rubro de minería subterráne­a de carbón. Ofrece otros equipos, pero no esos “frentes largos”, ni “roLa zadoras”. Por eso, solo intermedió en la operación, lo que le permitió al ministerio de De Vido evitar una licitación y a la empresa Kopex quedarse con el negocio que de otro modo no hubiera obtenido.

la nacion intentó comunicars­e por teléfono y por e-mail con la embajada de Polonia y con la representa­nte local de Kopex, Koparco, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, el abogado de De Vido, Andrés Maloney, negó cualquier irregulari­dad de su cliente en relación con Río Turio. Calificó como un “show mediático” y una “sobreactua­ción” el pedido de desafuero como diputado nacional (ver aparte).

El 27 de mayo de 2013, en tanto, y con ambos contratos en manos de Bumar-Labedy, que se los pasó a Kopex, se completó la triangulac­ión. Ese lunes se publicaron en el Boletín Oficial dos decisiones administra­tivas, la 252/13 y 253/13, para “ratificar” ambas compras y asignarles partidas presupuest­arias para su pago. Salieron con las firmas de De Vido y el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Los negocios y el dinero en danza, sin embargo, se expandiero­n. Nueve meses después, en febrero de 2014, Kopex informó a las autoridade­s de la bolsa en su país que como “subcontrat­ista” de Bumar-Labedy había firmado dos acuerdos con destino final Río Turbio. Pero informó otra cifra: 56,4 millones de euros.

Con el arribo del gobierno de Mauricio Macri, en tanto, Omar Zeidán asumió como intervento­r de YCRT. Fue él quien denunció ante la Justicia los multimillo­narios desvíos de fondos que llevaron al fiscal federal Carlos Stornelli a pedir el desafuero, la detención y la indagatori­a de De Vido y otros 22 acusados. Pero también viajó a Polonia el mes pasado y firmó un convenio con el Ministerio de Energía de ese país para comprar más equipamien­to por US$ 2,3 millones. la nacion buscó comunicars­e con Zeidán, sin éxito. Otro directivo del YCRT indicó que transmitir­ía la consulta y retornaría la llamada, lo que no ocurrió.

La maquinaria polaca triangulad­a entre 2012 y 2013, mientras tanto, demoró años en llegar. Las dos tuneleras y el “frente largo” recién arribaron en mayo de este año, cuando Zeidan cifró la inversión en $ 680 millones –unos US$ 42,5 millones al tipo de cambio vigente–. Y según confirmaro­n desde Río Turbio a la nacion, los últimos contenedor­es llegaron en los últimos 30 días.

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