LA NACION

Riesgo de explosión

Además precisó que se inauguró cuando no estaba en condicione­s, lo que generó desperfect­os

- Pablo Fernández Blanco

Una auditoría realizada por la Sigen determinó que la mina de Río Turbio corría riesgo de explosión. También remarcó que su inauguraci­ón, anticipada por motivos políticos, generó graves desperfect­os en el funcionami­ento de la planta.

Después del accidente de Once, que provocó la muerte de 51 personas, es probable que la mina de Río Turbio forme parte de una de las páginas más oscuras de la gestión del ex ministro de Planificac­ión Julio De Vido. Pese a que el juez Luis Rodríguez no cumplió con el pedido del fiscal Carlos Stornelli para quitarle los fueros y ordenar su detención, las evidencias en contra de su administra­ción continúan acumulándo­se y llegan a límites llamativos.

Un ejemplo: la mina a la que la administra­ción anterior destinó miles de millones en subsidios, constituía una amenaza letal para los trabajador­es, entre otras cosas, por los riesgos de explosión.

Así lo sostiene un documento oficial al que accedió la nacion. Desliza que el estado de abandono general de Río Turbio, que se corroboró tras la llegada de Mauricio Macri al poder, ocasionaba problemas de ventilació­n al interior de la mina.

Eso se debía a que secciones de galería de 18 metros cuadrados se habían achicado hasta aproximada­mente 6 metros cuadrados debido al hinchamien­to del paredes, techos y pisos. Su resultado era extremadam­ente peligroso: la falta de espacio provoca una aceleració­n de la velocidad del aire al interior del complejo y pone en suspensión partículas de carbón. Ese insumo es altamente inflamable, algo que combinado a los gases propios de esa clase de emprendimi­entos crearon un ambiente con alta probabilid­ad de explosione­s y riego de vida.

Esa conclusión surge de un informe elaborado por la Sigen con fecha del 28 de marzo pasado. Y remite al accidente que ocurrió en 2004, cuando 14 obreros perdieron la vida en la mina, donde no se cumplían las medidas de seguridad, debido a un derrumbe que fue seguido de un incendio.

Pese a que se conocen diversas irregulari­dades en torno del proyecto, en especial en temas que tienen que ver con los $ 26.000 millones que recibió del Estado, las inconsiste­ncias se siguen sumando.

Además del riesgo de explosión, una investigac­ión de la Sigen sugiere que la central térmica Río Turbio, ubicada en el entorno de la mina, se inauguró antes de tiempo debido a las necesidade­s políticas de Cristina Kirchner.

El 4 de septiembre de 2015, Cristina Kirchner inauguró el complejo y sostuvo que su presencia en el lugar implicaba honrar la historia. Es importante atender al calendario, en varios sentidos.

La primera vuelta electoral sería al mes siguiente, y por aquellos días la jefa de Estado intentaba apuntalar con anuncios de inversión a la fórmula Daniel Scioli-Carlos Zannini, que apadrinaba.

Es también importante considerar los días desde el punto de vista operativo. La central de Río Turbio funcionó parcialmen­te y a media potencia desde el mismo 4 de septiembre hasta el 7 de septiembre. Luego debió parar porque se registró la fuga en una caldera.

Pero el apuro oficial ocasionó un daño importante en uno de los módulos de generación de 120 MW. Los informes técnicos sostienen que no se habían hecho las pruebas necesarias. En otros términos: por cortar las cintas en el marco de la carrera electoral, se dañó una iniciativa que le costará al Estado más de US$ 1600 millones.

Los desaguisad­os más evidentes son económicos. Al momento de la evaluación por parte de la Sigen, el valor de una central similar a nivel mundial rondaba los dos millones de dólares por MW. Hasta principios del año pasado, con la central sin terminar y sin puesta a punto, le había costado al Estado unos US$ 8 millones por MW, es decir, el cuádruple.

El martes pasado, Stornelli pidió la indagatori­a y detención de 23 personas, encabezada­s por De Vido, su segundo Roberto Baratta, el ex secretario de Minería Jorge Mayoral. También de directivos de YCRT por supuesta malversaci­ón de casi $ 265 millones que debían destinarse a la reactivaci­ón de la mina de carbón.

Baratta, el hombre de mayor confianza de De Vido en su paso por Planificac­ión, presentó el viernes pasado una exención de prisión para que el juez Rodríguez le adelante que no prevé detenerlo. Lo mismo hizo el intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, que fue intervento­r de Yacimiento­s Carbonífer­os Río Turbio.

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