EE.UU. brindará datos a los que investigan a Odebrecht
Se reunirán el martes en Washington con funcionarios de la justicia local; tendrán acceso a documentos clave del caso
El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a poner a disposición de la justicia argentina una base de datos con la información que entregó Odebrecht sobre las coimas que pagó en la Argentina, las transferencias bancarias y los documentos internos de la empresa, dijeron a la nacion altas fuentes del gobierno argentino y funcionarios judiciales.
El intercambio comenzará a concretarse mañana con el viaje que realizarán a Washington cuatro jueces federales y dos fiscales que investigan los sobornos que pagó el gigante brasileño para asegurarse la adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo.
Los viajeros son los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi , Daniel Rafecas y Sebastián Casanello, y los fiscales federales Sergio Rodríguez y Franco Picardi. Los fiscales Federico Delgado y Gerardo Pollicita decidieron no viajar.
Ramos investiga el direccionamiento de la venta de Transener a Electroingeniería –cercana al kirchnerismo– en un caso donde un arrepentido dijo que Julio De Vido cobró sobornos. Martínez de Giorgi indaga el soterramiento del Sarmiento, donde dos mails hablan de un esquema de pago de coimas. Y Rafecas está abocado a los sobreprecios en la ampliación de dos gaseoductos y Casanello, obras de AySA.
La delegación judicial argentina visitará el martes a las 9.30 a funcionarios de la División Criminal de la Sección del Departamento de Justicia, que se encarga de perseguir las violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, o Acta de Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero, en castellano). Esa norma es la que penaliza el pago de sobornos fuera de Estados Unidos de empresas radicadas en ese país, como Odebrecht. El jefe de la Unidad de FCPA es Daniel Kahn.
Como las reuniones se pactaron bajo la más estricta confidencialidad no se pudieron conocer otros detalles de la agenda oficial.
La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la fiscalía de nueva York mediante el cual admitió haber pagado sobornos por 3500 millones de dólares en todo el mundo a cambio de pagar una multa para poder seguir haciendo negocios en los Estados Unidos y reducir o evitar sus condenas.
Esa información que entregó Odebrecht es la que aspiran a conocer los jueces y fiscales argentinos, luego de que se empantanaron –al menos por el momento– las posibilidades de un intercambio oficial con Brasil. no es probable que como resultado de este viaje traigan documentación bajo el brazo, pero al menos sí saber cómo fue clasificada la información de Odebrecht en esas bases de datos y cómo pedirla mediante exhortos.
Es decir que la reunión con los representantes de la oficina del fiscal general de los Estados Unidos permitirá precisar qué información hay para poder pedirla exactamente en futuros exhortos.
El viaje es el epílogo de las aproximaciones que realizó el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se entrevistó en Washington el 6 de junio pasado con el fiscal general Jeff Sessions y funcionarios del Departamento de Estado.
El camino abierto por el ministro será recorrido ahora por los interesados en los casos concretos que se reunirán con sus pares norteamericanos.
El Gobierno comenzó a explorar la variante norteamericana cuando advirtió que las condiciones que ponía Brasil para entregar información eran de imposible cumplimiento, pues las leyes en la Argentina no con templan la inmunidad de los corruptos a cambio de información .
Al mismo tiempo, el oficialismo desconfía de esa vía, que tiene más aceitadas comunicaciones con la Procuración General de la nación, pues considera que Alejandra Gils Carbó puede utilizar los datos con fines políticos para perjudicarlos.
Tienen en cuenta, sobre todo, que en el contrato del soterramiento del Sarmiento, la socia local de Odebrecht era la empresa iecsa, que en ese momento pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.