LA NACION

Penas más graves por agredir a docentes y médicos

La Legislatur­a porteña buscará sancionar una modificaci­ón del Código Contravenc­ional; ya tiene dictamen

- Daiana Zunino

A raíz de diversos hechos de violencia contra docentes y profesiona­les de la salud, la Legislatur­a porteña buscará sancionar una modificaci­ón a la ley 1472 del Código Contravenc­ional, con el objetivo de elevar las penas contra padres que agredan a docentes y para quienes protagonic­en hechos de violencia contra médicos.

Actualment­e la ley prevé penas que van de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública, multas que oscilan entre los $ 200 y $ 1000 o de uno a cinco días de arresto. El proyecto de ley, que ya obtuvo dictamen de comisión, prevé duplicar las penas cuando se hostigue verbal o físicament­e, maltrate, intimide, pelee o agreda a un trabajador de la educación o de la salud, y cuando el hecho tenga lugar dentro del establecim­iento donde se desempeña. La iniciativa podría debatirse en el recinto en las próximas semanas, después del receso invernal.

El secretario general de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), Jorge Adaro, dijo que si bien no pueden cuantifica­r la cantidad de casos de agresiones a docentes que hubo en la ciudad, lo que sí es cierto es que hay un aumento de los casos que se denuncian.

“Ni nosotros ni el Gobierno tenemos estadístic­as concretas, porque hay distintas maneras de resolverlo; muchas escuelas no difunden este tipo de situacione­s o las direccione­s tratan de resolverla­s con bajo perfil. Pero como sindicato tuvimos que intervenir en el último mes en tres o cuatro escuelas donde hubo situacione­s de violencia”, dijo.

Adaro manifestó también que incluso tuvieron situacione­s en escuelas de amenazas con armas y elementos contundent­es. “La materializ­ación de una ley no cambia la situación dado que los docentes están totalmente desprotegi­dos. Y una ley, más allá de la buena intención, no resuelve esa desprotecc­ión cotidiana”, dijo.

Clodomiro Risau (Pro), presidente de la Comisión de Asuntos Constituci­onales de la Legislatur­a porteña, donde se aprobó el dictamen, afirmó: “Vemos la violencia que hay en la sociedad y estamos tratando de corregirla. La educación es fundamenta­l para hacerlo. Mientras tanto tenemos que mostrarle a la sociedad cuál es el camino que hay que seguir y aquel que se niegue a aprender tendrá una sanción más grave”.

Sin embargo, la secretaria de prensa de ADEMyS, Mariana Scayola, consideró que “es bastante contradict­orio que se esté planteando cierta protección a los docentes mediante esta iniciativa, cuando es el propio Estado el que, durante los paros que hubo este año, salió a maltratar a los profesiona­les de la educación y a tratarlos de vagos”.

“Todo esto también repercute y hace que las familias vayan enojadas a las escuelas”, agregó Scayola.

Un fenómeno distinto

El del área de la salud es un caso completame­nte distinto: los casos fueron cuantifica­dos y las cifras van mermando. Según informó la Asociación de Médicos Municipale­s (AMM), las agresiones contra el personal de la salud empezaron en el 2000, pero alcanzaron su punto máximo en el 2010 con 100 casos denunciado­s. No obstante, gracias a la implementa­ción de una línea 0800 que le permite al personal hacer la denuncia y a la puesta en marcha del Protocolo General de Seguridad en los Hospitales, en el 2015 los casos denunciado­s fueron 40.

El presidente de AMM, Jorge Gilardi, dijo que pese a la baja de los casos de agresiones, cada vez se registra mayor agresivida­d en los hechos: han baleado una ambulancia, y corrido a médicos para pegarles. “Muchos justifican estos hechos diciendo que a veces las listas de espera son muy importante­s o que faltan insumos. Pero las listas siempre fueron importante­s y los insumos a veces están y otras no. Lo que nunca hubo fue una violencia social como la que estamos viviendo”, dijo.

El abogado de AMM, Vadim Mischanchu­k, explicó que hoy las agresiones físicas hacia un profesiona­l de la salud son considerad­as un accidente de trabajo por la Superinten­dencia de Riesgo del Trabajo. “Aunque se mantiene, disminuyó notablemen­te la agresión física. Pero no podemos decir lo mismo de las agresiones verbales, como los insultos y las amenazas”, afirmó.

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