Promover el impacto social
Proyecto de ley. En Diputados avanza una iniciativa para darles un “ropaje” especial a las firmas con propósito; hay marcos legales en Italia y Estados Unidos
Avanza en el Congreso un proyecto de ley para darles identidad a las empresas con efectos sociales y medioambientales; qué efectos tendría
En el congreso de la Nación avanza un proyecto de ley que les daría identidad propia a las empresas que, más allá de su objetivo de una ganancia económica, tienen como propósito generar con su actividad impactos positivos sociales y medioambientales. la iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en noviembre del año pasado, obtuvo dictamen de la comisión de legislación General de la cámara de diputados en junio último, y ahora espera su tratamiento en el recinto.
El texto del proyecto no busca disponer una nueva forma jurídica para las unidades de producción o de prestación de servicios. las empresas (nuevas o existentes) que adhieran al régimen que propone la iniciativa, seguirían adoptando alguna de las figuras hoy existentes (como, por caso, ser una sociedad anónima) y sumarían un “ropaje” como referencia de una identidad que deberá reflejarse en la manera en que hagan sus negocios.
¿Para qué serviría ese reconocimiento? Quienes promueven este proyecto –que surgió de organizaciones de la sociedad civil– dicen que hay al menos tres objetivos que pretenden lograr con la aprobación de la ley: dar visibilidad a los emprendimientos que, sin dejar de lado su objetivo económico, tienen metas concretas en lo social y ambiental; blindar esos propósitos, dando protección a las decisiones de negocios que valorizan factores que van más allá de la rentabilidad tradicional, y comprometer de forma visible a los responsables de tomar decisiones en las compañías.
a las empresas con estos compromisos se les identificaría con el nombre de “sociedades de beneficio de interés colectivo” (Bic).
El proyecto llegó al Poder legislativo junto con el que en marzo pasado se transformó en la ley de emprendedores y que, entre otros puntos, permite crear una empresa en un día y prevé facilidades para el financiamiento de la actividad. Esa normativa, de todas formas, todavía no está instrumentada, algo que ocurriría entre fines de este mes y principios del próximo, según estimó el secretario de Pymes, Mariano Mayer. la puesta en marcha depende de cada jurisdicción, ya que los registros públicos de sociedades funcionan en cada provincia y en la ciudad de Buenos aires.
“Mientras que la ley de emprendedores era una deuda pendiente, la iniciativa de empresas Bic es algo innovador; seremos punta de lanza en la región”, señala Francisco Murray, director ejecutivo de Sistema B en la argentina, una comunidad de carácter global que otorga certificaciones a firmas de triple impacto. El nombre de “empresas B” proviene de la designación como Benefit corporation de este tipo de compañías en Estados Unidos, donde algunos estados tienen una legislación propia para este segmento de la actividad económica (también italia tiene su marco normativo). En el caso de EE.UU., había tomado especial relevancia la necesidad de dejar en claro las responsabilidades de los directores frente a los accionistas, porque se entiende que tomar decisiones en función de metas sociales podría entrar en conflicto, en algunos casos, con el objetivo de maximizar ganancias económicas.
Según Murray, hoy en el mundo hay unas 2100 empresas certificadas con el sello B, en tanto que a nivel local son medio centenar (y otro tanto tiene su solicitud en trámite). la certificación B, de todas formas, no es una equivalencia a la “personalidad legal” que la identificación Bic les daría a las empresas. ambas cuestiones, de hecho, correrían por vías separadas.
Compromisos
Según apunta Soledad Noel, una de las abogadas que participó de la elaboración del proyecto de ley, para ser considerada sociedad Bic y según busca disponer el proyecto, la empresa deberá hacer constar en el contrato social cuál es el impacto “positivo y verificable” que se autoxige generar en la sociedad y en el ambiente. además, la iniciativa prevé que se requerirá de una adhesión del 75% de los socios con derecho a voto para poder modificar el objeto y los fines sociales del emprendimiento.
las firmas quedarían además obligadas a elaborar un reporte anual con una descripción de las acciones llevadas a cabo para cumplir los objetivos autoimpuestos. Ese informe deberá ser auditado por “un profesional independiente matriculado, que esté especializado en los ámbitos en los que se pretenden provocar los beneficios sociales y ambientales”. El reporte deberá ser de acceso público y ser presentado dentro de los 6 meses posteriores al cierre de cada ejercicio.
El proyecto no considera el otorgamiento de ningún incentivo fiscal para las empresas que voluntariamente decidan ser Bic. Durante las presentaciones que referentes del sector hicieron ante legisladores el año pasado en el congreso, se señaló que tomar tal tipo de medidas desnaturalizaría el objetivo buscado con un marco normativo. Entre los considerandos del texto en estudio se menciona que se pretende promover una forma de hacer negocios que tienda a lograr “una sociedad integrada y sostenible” en el tiempo.
Entre las empresas B que operan hoy en la argentina hay algunas locales y otras que son las filiales de firmas multinacionales.