Las áreas más desarrolladas. La Capital, Chubut y Mendoza, a la cabeza Falta de datos

Según un informe de la ONU, pese al tamaño de sus economías, Córdoba y Santa Fe están relegadas en términos de sustentabilidad; en el último puesto está Santiago del Estero

Crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Ésas son las tres variables que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (Pnuda) tuvo en cuenta a la hora de realizar un ranking provincial según el nivel de desarrollo sostenible.

El informe se elaboró con datos de 2016 y estableció un Índice de Desarrollo Provincial (IDSP) para contar con una primera aproximación a la situación de cada distrito. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabeza la lista en todas las dimensiones, con un 0,792 de IDSP –los valores van entre 0 y 1: cuanto más cercanos al 1, mayor nivel de desarrollo sostenible– a una distancia considerable de otras provincias como Formosa (0,451), Chaco (0,436) y Santiago del Estero (0,313), que están en los últimos puestos.

Por debajo de la CABA se encuentran Chubut, Mendoza, San Luis y Neuquén. En tanto, la provincia de Buenos Aires está en el puesto número nueve, mientras que Santa Fe y Córdoba ocupan la media del ranking.

¿Cómo se explica que Chubut y Río Negro estén más arriba que Córdoba y Santa Fe? “Uno de los factores es que el índice de ingresos de las provincias patagónicas, desde hace mucho tiempo, es muy alto en comparación con el resto del país. Eso las lleva para arriba en términos de crecimiento económico y de nivel de capital humano, dado que atraen mucha migración de profesionales y de trabajadores calificados”, responde Rubén Mercado, economista y director del Informe Nacional Sobre Desarrollo Humano 2017 del Pnuda.

Los especialistas consultados por la nacion sostienen que el ranking refleja la diversidad económica, social y ambiental que existe en el país. “Tenemos un nivel de federalismo importante y heterogeneidades sociales muy diversas en las 24 jurisdicciones, que es justamente lo que viene a mostrar este índice. No es algo nuevo”, asegura Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Langou advierte que el que una provincia sea territorialmente grande, no implica necesariamente que cuente con recursos o con un buen funcionamiento del sistema público. “Cuando uno mira a Buenos Aires y los recursos que tiene, en términos de PBI es la provincia más relevante del país. Sin embargo, si se considera la distribución de los recursos públicos sólo per cápita, es la más pobre, justamente porque tiene mucha población”, aclara.

En 2015, la Argentina se comprometió a llevar adelante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ver aparte), acción que impulsa las Naciones Unidas con todos los Estados miembros.

Ante lo que considera una falta de información confiable y precisa en el país, el Pnuda realizó la publicación “Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030”, que se dio a conocer en mayo de este año. Para elaborar el ranking provincial que se incluye en el mismo, se tomaron como ejes el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, que a su vez fueron desagregados en subdimensiones.

Mercado explica que para determinar el crecimiento económico, “hubiera sido ideal contar con el PBI por provincia, pero como no todas lo tienen, consideramos el ingreso per cápita”.

Y agrega: “Lo mismo ocurre para el capital humano: sería interesante tener estadísticas que directamente midan esta variable, pero como no existen a nivel provincial ni nacional, computamos la cantidad de trabajadores que hay con alta calificación en cada jurisdicción, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares”.

En cuanto al análisis de la inclusión social, se tuvieron en cuenta los índices de pobreza relativa, empleo, salud y educación. Para Mercado, la que presentó mayor dificultad fue la variable de sostenibilidad ambiental, ya que “es donde hay menos datos en la Argentina”.

“Por razones de comparabilidad interprovincial tomamos los datos de emisiones que se generan de gases de efecto invernadero y que contribuyen al cambio climático, del patrón de lluvias y de la temperatura. Además, se consideró la generación y disposición adecuada o no de residuos sólidos urbanos”, detalla el economista.

Desde el Pnuda aseguran que la Capital se encuentra a una distancia considerable del resto de las jurisdicciones en el ranking, porque “en la dimensión de crecimiento económico tiene un alto nivel de ingresos y también de capital humano en términos de inclusión social”. Por otro lado, agregan que “si bien tiene problemas de pobreza, entre otros, relativamente son mucho más bajos que otras provincias, al igual que en cuanto a la sustentabilidad ambiental”.

Las más rezagadas

En relación con los últimos puestos del ranking, Mercado dice que Formosa, Chaco y Santiago del Estero son provincias que, respecto de las tres variables que se consideraron, están mucho más rezagadas que el resto del país. “En el caso de Santiago del Estero, en el momento de realizar la medición había tenido un proceso de deforestación muy grande y eso incidió mucho en la caída de su índice de sustentabilidad ambiental”, subraya.

Por su parte, Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, hace hincapié en que el índice provincial sólo toma en cuenta tres dimensiones, utilizando indicadores que no todas las jurisdicciones poseen.

“Es un buen ejercicio para empezar a pensar las heterogeneidades al interior del Estado nacional, pero no lo podemos tomar como una realidad”, opina la funcionaria. “Lo que sí esté claro es que nos ayuda no sólo a evaluar la diversidad al interior del territorio en términos de población, PBI, capacidades tecnológicas o recursos naturales, sino también a tener en cuenta otros indicadores que tienen que ver con lo que la Agenda 2030 plantea.”

Para Langou, el índice es un “reflejo de cómo no se logran cerrar algunas brechas y garantizar coberturas en servicios y beneficios que deberían ser universales”. “El orden del ranking es secundario. Lo más preocupante debería ser entender, a partir de esto, el rol que podría cumplir el gobierno nacional en relación con garantizar determinados estándares de equidad al interior de las provincias”, sostiene.

En cuanto a si se lograrán cumplir los objetivos de la Agenda 2030, concluye: “Va a ser necesaria no sólo la participación de todo el sistema político, sino también de la sociedad civil y el sector privado”.