Procesan a De Vido por desviar subsidios al transporte
Bonadio lo acusó de estafa y lo embargó por $ 1000 millones
El ex ministro kirchnerista Julio De Vido sumó ayer el quinto procesamiento, que complica su situación judicial. El juez federal Claudio Bonadio lo encontró responsable de un desvío de más de $ 600 millones en subsidios a empresas de colectivos, y ordenó un embargo sobre sus bienes de $ 1000 millones.
De Vido no podrá salir del país y deberá presentarse el primer día hábil de cada mes en el juzgado. El nuevo fallo se conoció cuatro días después del anuncio de que el juez Luis Rodríguez no pedirá su desafuero como diputado por el caso Río Turbio.
El juez federal Claudio Bonadio firmó ayer un nuevo procesamiento contra el ex ministro y diputado nacional Julio De Vido. Lo encontró responsable de un desvío de más de 600 millones de pesos en subsidios y ordenó un embargo sobre sus bienes de $ 1000 millones.
Le prohibió, además, salir del país y lo obligó a presentarse en su juzgado el primer día hábil de cada mes.
Bonadio consideró probado que la Secretaría de Transporte, que dependía del Ministerio de Planificación Federal de De Vido, entregó “sistemáticamente”, durante casi diez años, subsidios a empresas de colectivos por montos mucho más altos de lo que debían cobrar. Le pagó incluso $ 756.149 a una compañía que no movió un solo colectivo.
El viernes pasado, Comodoro Py le había dado a De Vido la primera buena noticia después de mucho tiempo. El juez Luis Rodríguez, en el caso Río Turbio, le hizo saber que no pediría su desafuero. Dijo que no tenía pruebas ni para indagarlo, en respuesta al pedido del fiscal Carlos Stornelli de desafuero y detención. Eso le dio algo de aire a De Vido, pero el oficialismo anunció que igual buscará expulsarlo del Congreso. Este nuevo procesamiento será otro “cargo” que llevará a la reunión de la semana próxima (ver aparte).
Según el juez, De Vido y funcionarios que dependían de él “diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema” para defraudar al Estado y lograr que los responsables quedaran impunes.
Los subsidios se calculaban según los kilómetros recorridos por los colectivos, pero los funcionarios no controlaban cuántos eran efectivamente esos kilómetros. Se pagaba según lo que informaban las empresas beneficiadas en sus declaraciones juradas. Si alguna auditoría advertía que habían informado kilómetros de más, las compañías no tenían castigo. El Estado se limitaba a dejar de pagarles, a futuro, ese extra ilegal.
“No se aplicaban sanciones ni se exigía la devolución de los subsidios recibidos en exceso. Las normativas no contemplaban estas opciones”, afirmó Bonadio. Las auditorías, para colmo, no tenían reglas claras y se focalizaban en las líneas de colectivos que menos subsidios recibían.
“La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en 2014”, detalló el juez. Eso fue así, según Bonadio, porque no hubo la más mínima voluntad de controlar. “La medición de los kilometrajes no era algo complicado ni que requiriera tecnología avanzada”, escribió el juez.
“En el período del hecho investigado (2003/2014) ya existía el cuentakilómetros desde hacía muchos años y todos los vehículos automotores que se comercializaban en el país incluían uno”, afirmó Bonadio.
De Vido fue ministro entre 2003 y 2015. Hasta 2012, la Secretaría de Transporte, que entregaba los subsidios, dependía de él. Además, los kilometrajes eran convalidados por la CNRT, organismo descentralizado que actuaba en la órbita del mismo ministerio. Junto con De Vido fueron procesados también los secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos (hoy diputado kirchnerista), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. Bonadio los encontró responsables de un “perjuicio a las arcas del Estado” de unos 609.326.186 pesos.
“Abusando del cargo [De Vido] permitió que la defraudación pudiera concretarse y prolongarse en el tiempo”, afirmó el juez, en línea con lo sostenido por el fiscal, que en este caso también es Stornelli.
En su defensa, De Vido declaró que él no había participado y jamás había firmado nada vinculado con estos subsidios. Que tampoco había dado órdenes y ni siquiera había delegado nada, porque los secretarios de Transporte actuaban “en ejercicio de funciones normativamente atribuidas por el Poder Ejecutivo”.
Según el fallo de Bonadio, estos argumentos no lo eximen de responsabilidad. “Resulta insostenible la versión ofrecida en el descargo, en cuanto presenta al ministro como una mera figura decorativa, dedicada a la planificación y ajena a la concreción de los planes”, dijo el juez. Destacó que las sumas eran demasiado altas y la maniobra duró demasiado tiempo como para que él no lo supiera. Agregó que todos los implicados habían sido nombrados por De Vido y que no se conocían entre sí. También responsabilizó al ex ministro de Planificación por la falta de controles.
En cuanto al embargo, se relaciona con el monto defraudado. Los 600 millones se estimaron con la colocación de los GPS en los vehículos. Se comparó el primer año con GPS con los anteriores, tomando iguales meses, recorridos y cantidad de colectivos. Todo con aviso a las empresas. Por eso, estimó el juez, lo detectado es sólo “la punta del iceberg”, lo que las empresas no pudieron ocultar ni aun sabiendo que estaban siendo auditadas.