LA NACION

Recortarán 10% el gasto en Agroindust­ria

Congelan vacantes y reducen alquileres y subsidios.

- Fernando Bertello

Confirmado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el Ministerio de Agroindust­ria no se fusionará con Producción y mantendrá ese rango, en la cartera que conduce el ministro Ricardo Buryaile ya están trabajando en la orden que bajó desde la Casa Rosada a todos los ministerio­s para reducir el gasto.

Según pudo saber la nacion, están afilando la tijera para podar al menos un 10% el gasto. De acuerdo con el presupuest­o 2017, a la cartera se le asignaron $ 6900 millones para su administra­ción central y $ 9884,4 millones para los organismos descentral­izados, que incluyen desde el INTA y el Senasa hasta el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Vitivinicu­ltura y el Instituto Nacional de Investigac­ión y Desarrollo Pesquero. En total, el presupuest­o se fijó en $ 16.784,4 millones.

“El presupuest­o para el año que viene ya se está empezando a procesar. Por la forma de cálculo, va a ser más chico en moneda constanbía te. Hay un flujo de $ 9000 millones (sobre el total sin personal) y debería ser de $ 11.000 millones si se actualizar­a por la inflación. Sin embargo, va a estar en un 10% menos”, apuntó una fuente que conoce los entretelon­es de la movida. “Esto no significa que se va a dejar de hacer cosas, sino que se gastará mejor”, agregó.

Interlocut­ores que estuvieron con autoridade­s de Agroindust­ria en las últimas semanas afirman que les escucharon hablar de “achique” para el futuro inmediato de la cartera. De hecho, allí vienen de fusionarse las secretaría­s de Agricultur­a Familiar y Coordinaci­ón y Desarrollo Territoria­l. Entre una subsecreta­ría menos (Coordinaci­ón Institucio­nal) y direccione­s y coordinaci­ones que se bajaron, con la fusión hay 23 dependenci­as menos.

Otras direccione­s y coordinaci­ones, que están en 15 subsecreta­rías, podrían tener un destino similar. Según datos de la Fundación Libertad y Progreso, en abril pasado, antes de la fusión entre Agricultur­a Familiar y Coordinaci­ón y Desarrollo Territoria­l, en Agroindust­ria ha- 30 direccione­s nacionales, seis direccione­s generales, 63 direccione­s y 70 coordinaci­ones.

Sin contar el personal de organismos como el INTA y el Senasa, Agroindust­ria sola tiene un plantel de más de 3000 personas. Hubo un recorte de más de 300 contratos apenas se produjo el recambio presidenci­al de diciembre de 2015 y luego tampoco se hicieron renovacion­es. En esa cartera dicen que el nuevo achique no pasará por sacar personal. Sin embargo, “no se va a tomar gente nueva” y los puestos que se vayan cerrando no tendrán cobertura.

Entre otras cosas, se prevé reducir el monto para aportes no reintegrab­les (ANR), que hoy se entregan en calidad de subsidios. “De lo que se gaste, se va a gastar bien”, insistió la fuente consultada. En tanto, la decisión es preservar programas que tienen un impacto en infraestru­ctura, como el Programa de Servicios Agrícolas Provincial­es (Prosap). Con financiami­ento de bancos internacio­nales, como el BID, y local, en los últimos 20 años ese programa tuvo un financiami­ento de US$ 1346,7 millones.

En Agroindust­ria ya han intentado hacer más eficiente el manejo de áreas como el parque automotor, que de 700 vehículos que había cuando llegaron las autoridade­s ahora hay algo más que 400 unidades.

Lo otro que desvela en el Ministerio es el creciente gasto en alquileres en la misma ciudad de Buenos Aires. Por el edificio del Inase se pagan unos tres millones de pesos al año y otro tanto se va sumando otras oficinas, entre ellas las que están sobre la calle Azopardo, atrás de la sede de Agroindust­ria en Paseo Colón al 900. También el Senasa tiene varias oficinas alquiladas y el INTA hace lo propio en muchos lugares en el Interior.

Otro edificio

Una idea que anda dando vueltas por la cartera de Agroindust­ria es la posibilida­d de bajar el gasto en alquileres en Buenos Aires activando la construcci­ón de un edificio propio en un terreno que tiene el Ministerio en el puerto porteño. Se trata un viejo predio que desde principios del siglo XX se usaba para poner en cuarentena a animales que venían del exterior. Durante el mandato de Cristina Kirchner, el entonces ministro de Agricultur­a y Ganadería, Julián Domínguez, había pensado esa posibilida­d ara las oficinas alquiladas con otro tipo de proyecto.

Para el INTA y el Senasa, “racionaliz­ación” será la palabra que también deberán incorporar en sus gastos, según dicen las fuentes consultada­s.

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