La continuidad de Gils Carbó divide al oficialismo
Garavano y carrió rechazaron la idea de separarla por decreto
Tras una jornada impregnada de versiones, el ministro de Justicia, Germán Garavano, rechazó ayer que el Gobierno recurra a un decreto para desplazar de su cargo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
No obstante, el funcionario redobló su reclamo para que la jefa de los fiscales presente su renuncia luego de que el fiscal Eduardo Taiano pidiera su indagatoria por la supuesta adquisición irregular del edificio actual de la Procuración.
“Descarto que se utilice un decreto (para desplazar a Gils Carbó). En lo que tenemos que focalizar es en la investigación penal y en que, en definitiva, la Justicia se pronuncie por este pedido de indagatoria del fiscal. Es un hecho muy grave; la procuradora debiera dar un paso al costado, pedir una licencia y asumir su defensa en este proceso penal”, sentenció Garavano, quien está convencido –al igual que el presidente Mauricio Macri– de que Gils Carbó responde a la ex presidenta Cristina Kirchner.
La posibilidad de que Gils Carbó fuera expulsada por decreto de la Procuración fue agitada desde el seno mismo del oficialismo ante la impotencia de conseguir los dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso para avanzar con los pedidos de juicio político en su contra.
“No lo descarto para nada”, respondió el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando fue consultado por FM Blue sobre la alternativa del decreto para desplazar a Gils Carbó. “Una cosa es respetar la institucionalidad y otra aceptar que funcionarios carentes de toda idoneidad y autonomía sigan siéndolo”, criticó el legislador.
Pocas horas después, la diputada y candidata de Vamos Juntos a la Cámara baja, Elisa Carrió, rechazó de plano la alternativa del decreto que blandió Tonelli.
“Debe respetarse la Constitución, aun ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación”, enfatizó Carrió en su cuenta de Twitter.
“O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político; nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución”, insistió.
En el mismo sentido se expresaron la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez. “Yo presenté, cuan- do fui diputada, un pedido de juicio político contra Gils Carbó. Mantengo esa postura”, enfatizó Alonso en declaraciones a LN+.
“Existen causales para que la procuradora Alejandra Gils Carbó sea destituida de su cargo. Debe ser con el procedimiento que establece la Constitución, que es a través de un juicio político”, consideró Pérez.
El problema del proceso de juicio político, para el oficialismo, es conseguir los dos tercios de los votos en ambas cámaras para proceder a la destitución de la procuradora.
Monitoreo bicameral
En minoría, los legisladores de Cambiemos optaron por postergar la convocatoria a la Comisión de Juicio Político y motorizar, en cambio, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público.
Bajo el comando de la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), este cuerpo citó en las últimas semanas a varios fiscales críticos de la gestión de Gils Carbó. Los cuestionamientos apuntaron a los traslados y designaciones de fiscales que realizó la procuradora de manera presuntamente arbitraria.
Por caso, los fiscales Carlos Rívolo y Guillermo Marijuan cuestionaron la decisión Gils Carbó de designar fiscales en cargos inactivos porque se trataba de juzgados que no se habían creado “por falta de presupuesto”. Posteriormente, el fiscal José María Campagnoli, quien intentó investigar en 2013 el caso de Lázaro Báez, denunció que sufrió una “persecución política” desde la Procuración. “En tiempo récord de cuatro días quedé al margen no sólo del caso Báez, sino también de mi propia fiscalía”, denunció, ante los legisladores de la Comisión.
Después del receso legislativo, la comisión bicameral citará a Gils Carbó para que brinde su descargo. Con los testimonios y la información recabada, el oficialismo pretende reunir suficientes elementos probatorios para promover el juicio político y persuadir a la oposición sobre la necesidad de apartar a Gils Carbó de su cargo.
En su defensa, la jefa de los fiscales criticó la posibilidad de ser removida por decreto: “Se está intentando crear una sospecha de corrupción en la procuradora para justificar el desplazamiento con modos ilegales e inconstitucionales, porque no han tenido las causales ni votos para un juicio político”, enfatizó. Negó vinculación alguna con el kirchnerismo, aunque admitió ser miembro de la comisión directiva de la agrupación Justicia Legítima.