Piden citar a indagatoria a la procuradora por direccionar la compra de un lujoso edificio
El fiscal Taiano sugirió que pudo haberse beneficiado con las comisiones que se repartieron por la operación
Para el fiscal Eduardo Taiano no quedan dudas: su jefa, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, debe responder por los delitos de fraude, abuso de autoridad y cohecho. Por ello pidió ayer que sea indagada por haber direccionado la compra de un lujoso edificio para instalar su despacho. Ahora, el juez federal Julián Ercolini debe decidir si la indaga.
Taiano escribió en 75 carillas que la licitación para comprar un inmueble en 2013 por 43 millones de pesos (poco más de 8 millones de dólares) fue direccionada por los funcionarios que intervinieron para adjudicarla a la empresa Arfinsa, que era la dueña del lugar.
Se trata de un edificio señorial de Perón 675 de fines del siglo XIX conocido como Edificio Cangallo, donde funcionaba hasta su venta la sede del grupo Bemberg. Taiano sostuvo que en 2012 se llevó adelante una licitación para comprar un edificio para trasladar la administración de la Procuración, pero que en la etapa de preadjudicación de un inmueble de la calle Alsina se decidió dar marcha atrás. Taiano dijo que hubo adrede demoras en el trámite para llegar a fin de 2012 y frustrar la compra porque ya no se podían usar las partidas presupuestarias de ese año.
Gils Carbó anuló está licitación y llamó a otra para trasladar su despacho a un lugar que permitiera “respetar la presencia institucional del organismo”, según dijeron los testigos.
Para Taiano, la nueva licitación se direccionó para que la inmobiliaria Jaureguiberry pudiera concretar la venta, y advirtió que contaba con información privilegida antes de publicarse la licitación.
Para ello, la inmobiliaria contó con el asesoramiento de Juan Carlos Thil, un broker de seguros que es medio hermano de Guillermo Belliingi, subdirector general del organismo, nombrado por Gils Carbó que, según testigos, le reportaba a ella y seguía la marcha de la licitación.
Pero Thil y la inmobiliaria firmaron un convenio para repartirse la comisión antes de que la licitación se publicara, lo que habla de la información privilegiada que manejaban. Sostuvo Taiano que se establecieron condiciones en el pliego a medida del edificio de Perón 675, por ejemplo se dio mayor puntaje a que estuviera cerca de otras dependencia de la Procuración, a que tuviera auditorio, cochera y una bóveda de seguridad, cuestiones que no se consideraron en la anulada licitación de 2012.
Dijo Taiano que los intermediarios, Thil y Jaureguiberry, cobraron una inusitada comisión por la operación de 7,7 millones de pesos que se dividieron en partes iguales. Pero luego mencionó que Thil realizó “sospechosas extracciones” del banco en efectivo y diversas operaciones, que vinculó con el reparto de la plata a terceros. Eso “conduce invariablemente a la presunción de que ese dinero fue entregado a terceras personas que a la luz de la maniobra investigada pudieron ser sus otros participantes, es decir, su propio hermano y funcionario Bellingi o la procuradora Gils Carbó”, entre otros.
Para Taiano, Gils Carbó debió verificar cada acto de la licitación por su magnitud. Dijo que la funcionaria no puede excusarse diciendo que fue víctima de un empleado infiel, como lo sostuvo, y se preguntó: “¿Cuál es el rol del cargo que reviste?” Por eso dijo que tiene responsabilidad institucional, pero además fue determinante para el avance de la compra del edificio y su direccionamiento.