Garavano insistió en incluir un artículo a medida de Odebrecht

senado. Defendió la sanción de una ley de responsabilidad penal que conceda beneficios a las empresas que aporten pruebas

El ministro de Justicia, Germán Garavano, abogó ayer en el Senado por la inclusión del denominado “artículo Odebrecht” en el régimen penal para las personas jurídicas, cláusula que les permitiría a las empresas que reconocieron haber participado en casos de corrupción aportar pruebas, a cambio de beneficios penales.

El polémico artículo 37 del proyecto impulsado por el Gobierno fue eliminado durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, que ayer fue motivo de severas críticas en la Cámara alta por las inconsistencias detectadas en el texto aprobado, que aún no fue girado al Senado (como se informa por separado).

“Lamento que no se haya aceptado el artículo 37”, dijo el ministro, quien consideró “valioso poder regular un mecanismo para aquellas empresas que hayan admitido ante la justicia de otros países o que lo hagan en el país, una forma para reparar el daño que han hecho hacia atrás”.

Garavano admitió los cuestionamientos sobre el artículo, que hicieron eje en la inconstitucionalidad de aplicar una ley de manera retroactiva y con la mira puesta en el caso Odebrecht. “No pido una regulación desde el derecho penal, porque no se puede ir hacia atrás, pero sí lo podemos regular desde el derecho administrativo”, opinó.

Lo escuchaban con atención los senadores de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, a la que el ministro había pedido asistir para dar comienzo al debate del proyecto reclamado por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el affaire registrado con la mala redacción del proyecto dio por tierra con las intenciones del ministro. Es que al momento de sentarse ante la comisión, el texto todavía seguía empantanado en la Cámara baja.

Esto provocó el malestar de todos los bloques. “El ministro no debe- ría responder preguntas sobre este tema porque es poco serio que el proyecto aún no haya llegado de Diputados”, se quejó el jefe del interbloque Cambiemos, Ángel Rozas (UCR-Chaco). También se quejó su par del bloque peronista, Miguel Pichetto (Río Negro), quien fue más allá y adelantó sus cuestionamientos al proyecto. “Debemos actuar con seriedad y no con demagogia punitiva”, sentenció.

Para sorpresa de los presentes, Garavano se sumó a las críticas al texto que aprobó Diputados. “Hay cuestiones específicas, artículos que se contradicen y problemas de técnica legislativa”, destacó, tras lo cual admitió que el proyecto, una vez que ingrese al Senado, tendrá que sufrir modificaciones.

No obstante, abogó por la sanción de un régimen penal para las personas jurídicas. Lo hizo al recordar que la Argentina es el único de los 41 países que firmaron la Convención contra el Soborno Transnacional que no modificó su legislación, en el sentido de incorporar a las empresas como sujetos punibles en el Código Penal.

“Es muy valioso que en la Argentina se dé un paso en la dirección de sancionar a las personas jurídicas y que éstas tengan responsabilidad por los hechos delictivos que producen o por los beneficios ilegales que generan en ese proceso”, reclamó.

En ese sentido, aseguró que en el caso Odebrecht, “más allá del delito, hubo una decisión de la empresa de pagar coimas”, y citó como antecedentes similares los casos protagonizados por las empresas Siemens y Skanska.

Antes de la visita del ministro de Justicia, en el Senado ya daban por descontado que el debate del proyecto comenzaría recién a principios de agosto. Ahora, los contratiempos registrados en Diputados podrían demorar aún más el tratamiento de la iniciativa. Lo que sí es un hecho es que el texto será modificado, por lo que deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.