En América latina, ganan terreno los cambios sociales
Uruguay y Chile suman reformas antes consideradas impensadas
RÍO DE JANEIRO.– ¿Cuán progresista o conservadora es América latina hoy? El debate está abierto en todos los países.
Sin embargo, las reformas sociales en la región tomaron nuevo impulso esta semana con dos medidas: el inicio de la distribución y venta de marihuana por parte del Estado en Uruguay, pionero en el progresismo latinoamericano, y con el avance del proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico y por violación en el Congreso de Chile, uno de los países más conservadores del continente.
Políticas sobre consumo de drogas, salud reproductiva, igualdad de género, matrimonio gay y eutanasia son algunos de los temas de la agenda de derechos. Ese espectro de temas se amplió en las últimas dos décadas, como efecto de la globalización y de la mano –aunque no en todos los casos– de gobiernos de izquierda que decían reducir las desigualdades y aumentar la inclusión social.
Así, desde 1991 se instauraron cuotas de género en los Congresos de la mayoría de los países. Brasil estableció en 2000 cuotas raciales en las universidades para negros e indígenas, y Perú creó en 2006 su cuota nativa en partidos políticos.
En 2008, Uruguay fue el primer país latinoamericano en autorizar la unión civil homosexual, y en 2010, la Argentina aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2015, Colombia practicó la primera eutanasia legal en América latina. Y el año pasado, en Venezuela, Tamara Adrián fue elegida como la primera diputada transexual en la región.
“Con la gradual pérdida de poder de las élites tradicionales, principalmente la Iglesia católica y los militares, los cambios sociales se fueron acelerando y las legislaciones adecuándose a la realidad que vivimos, no la que nos imaginamos”, explicó a Fernando García Nadaff, la nacion profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, de Chile.
Nadaff recordó que la corriente progresista tiene una larga historia en América latina, desde la independencia de las monarquías europeas y su conversión al sistema republicano a principios del siglo XIX.
Haití –el segundo país americano en declarar su independencia, después de los Estados Unidos– fue el primer país occidental en abolir la esclavitud (1804), y Venezuela fue el primero en terminar con la pena de muerte (1863). El progresismo continuó en el siglo XX: Uruguay sancionó la ley de divorcio en 1907 y seis años después lo permitió por la sola voluntad de la mujer. En 1915 redujo la jornada laboral a ocho horas, y en 1927 fue el primero de la región en establecer el voto femenino. Cuba, por su parte, liberalizó el aborto en 1965. Y en 1974, la Argentina fue el primer país del mundo en tener una presidenta mujer: Isabel Perón.
El experimento con el control estatal de la marihuana en Uruguay pretende ahora también ser un punto de inflexión a nivel mundial para enfrentar el problema del narcotráfico. “Es una estrategia innovadora después de casi medio siglo en que se combatió el tráfico de drogas a través de la guerra. Lo que se quiere es quitarle el mercado a los narcotraficantes para terminar con la violencia que trae la criminalidad y canalizar los recursos hacia el sistema de salud pública”, señaló a el la nacion sociólogo uruguayo Felipe Arocena, de la Universidad de la República.
A pesar de las iniciativas progresistas en toda la región, subsisten grandes bolsones de conservadurismo. El principal es la inequidad social, que hace de América latina la región más desigual del mundo: el 10% más rico de los latinoamericanos detenta el 71% de la riqueza, según la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal). Más de 130 millones de personas viven en situación de pobreza.
“Los avances que hay se ralentizan o impiden por la inequidad social y por la falta de seguridad y justicia pública de calidad, producto de ineficiencias de los Estados o prácticas corruptas”, dijo la colombiana Claudia López, senadora abiertamente lesbiana y precandidata presidencial por la Alianza Verde para las elecciones de 2018.
Las mujeres son las que más sufren estas condiciones, precisó López, ya que reciben en promedio un tercio menos que el salario de los hombres. De todos modos, en América latina cada vez más mujeres se gradúan de las universidades, participan de la fuerza laboral y ocupan bancas en el Congreso.
El machismo arraigado en muchos países lleva a que muchas mujeres no puedan hacer valer sus derechos, sobre todo los sexuales y de reproducción. “Todavía existe mucha intromisión de las iglesias –la católica y las evangélicas– en las políticas públicas y, como vemos por las alarmantes tasas de feminicidios, la violencia contra la mujer está aún muy admitida”, dijo Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro para la Mujer Peruana Flora Tristán.
Con ella coincidió la argentina Giselle Carino, directora regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que agrupa a unas 200 asociaciones en América latina. “Aunque la salud sexual y reproductiva ha tenido grandes logros en la región, para que haya una verdadera igualdad de género se necesita acceso libre a la educación sexual, a anticonceptivos y a abortos legales y seguros”, subrayó.
Géneros
En el ámbito de los derechos de los homosexuales también hay contrastes muy fuertes que no permiten un avance sostenido. Aún cuando la gran mayoría de los países latinoamericanos legalizó las uniones civiles o el matrimonio entre personas del mismo sexo –incluso la adopción de hijos–, la violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y travestis (LGBT) es una realidad en toda la región. Brasil, por ejemplo, donde el matrimonio igualitario está reconocido desde 2013, es el país con mayor cantidad de asesinatos de personas LGBT: en 2016 batió el récord, con 343.
“Las conquistas alcanzadas por la comunidad LGBT nos han dado más visibilidad y eso hace que las personas intolerantes se hayan vuelto más radicales en sus ataques. Lo más preocupante es la incompetencia de los gobiernos para diseñar políticas públicas que disminuyan los crímenes homofóbicos”, indicó el antropólogo Luiz Mott, decano del movimiento homosexual en Brasil y fundador del Grupo Gay de Bahía.
Otra área donde el progresismo latinoamericano presenta retrasos es la ecológica. A pesar de la toma de conciencia mundial sobre la urgencia del problema del calentamiento global y la necesidad de proteger los recursos naturales, el asunto no parece ser una prioridad.
Debido al boom de los agronegocios (cultivos y ganadería), la región duplicó su producción de dióxido de carbono en los últimos 50 años. Ningún país latinoamericano recicla más de un 15% de su basura, mientras que en los Estados Unidos la cifra alcanza el 35% y en la Unión Europea varía entre el 20 y el 65%.
“En materia de protección ambiental, de la aplicación de las leyes ambientales, estamos en la retaguardia”, advirtió Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México, al destacar el aumento de los proyectos de extracción (mineros, petroleros y gasíferos) en toda la región.
“En estos últimos 20 años, en México, no se ve un avance sino una mayor degradación de los recursos naturales y del despojo de las comunidades rurales, campesinas o indígenas, de sus territorios”, añadió para remarcar que sin justicia ambiental no hay equidad social posible.
Los derechos se ampliaron con la vuelta de la democracia en los 80 y, en especial, en las últimas dos décadas