Sin transparencia en el Congreso
D esde 2001, las organizaciones de la sociedad civil presentamos no menos de 50 pedidos formales de información a ambas cámaras del Congreso sobre diversos temas: gastos y asignaciones presupuestarias, número de empleados, sueldos, declaraciones juradas patrimoniales de los legisladores, becas y subsidios otorgados, y un largo etcétera.
Muy pocos de estos pedidos obtuvieron respuesta en tiempo y forma. Solamente de aquellos iniciados a partir de 2012, ocho se convirtieron luego en recursos de amparo ante la justicia federal. En la totalidad de estos casos los jueces de distintas instancias fallaron a favor de las ONG y tanto la Cámara de Diputados como el Senado fueron instados a entregar la información solicitada. Sin embargo, en ninguno de los pedidos se entregaron todos los datos requeridos, y desde el inicio del planteo hasta que se obtuvo algo de información el proceso llevó más de cinco años.
Lamentablemente, de esto puede deducirse que la transparencia y el acceso a la información no son un valor que el Congreso y sus integrantes consideren como una base necesaria para generar confianza y una mejor comunicación con la ciudadanía.
Un dato resulta llamativo: ninguno de los pedidos de las ONG motivó la publicación proactiva de esta información por parte de ninguno de los partidos políticos que durante ese lapso se alternaron en la conducción de las cámaras. Es decir, no ejercieron lo que se conoce como transparencia activa. La salvedad es la difusión, incipiente todavía, de datos parciales sobre becas, subsidios y sueldos en el último período. Por el contrario, cada administración inició su gestión anunciando el relanzamiento de páginas web institucionales, en las que se priorizaron el diseño llamativo y la publicidad de los presidentes de las cámaras en detrimento de la calidad del contenido informativo y el armado de una plataforma basada en las necesidades e inquietudes del usuario. En muchos casos, como ocurrió a principios de 2016, se quitó deliberadamente información relacionada con los proyectos de ley. De un día para otro se removieron datos sobre sus autores, las provincias a las que representan y hasta los textos de las propuestas mismas.
El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que midió en tres oportunidades a los congresos de la región (2012, 2014 y 2016), ubicó a la Argentina por debajo de sus vecinos en casi todas las variables consideradas, a la par de Venezuela y muy lejos de Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia. Este índice es un parámetro comparativo que, entre otros parámetros, evalúa la cantidad y calidad de la información que los congresos latinoamericanos ponen a disposición de los ciudadanos.
Este año ambas cámaras del Congreso se sumaron a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), de la que la Argentina es parte desde 2012, con otros 70 países. Esto implica que cada dos años debe presentar planes de acción en materia de políticas de transparencia, diseñadas junto a las organizaciones de la sociedad civil.
Los compromisos que el Poder Legislativo asumió este año en el marco de ese acuerdo distan mucho de constituir políticas reales y ambiciosas de apertura: son una respuesta insuficiente a demandas históricas de diversos actores de la política, la sociedad civil y la academia. Esta actitud del Congreso contrasta con los compromisos más desafiantes que el Poder Ejecutivo presentó en julio como parte del tercer plan de acción nacional.
En medio de este panorama desalentador, las autoridades de la Cámara baja decidieron hace algunas semanas aumentarse una vez más el sueldo sin debate abierto y a espaldas de la ciudadanía. Ese hecho, de fuerte impacto mediático y discutido hasta el hartazgo en las redes sociales, motivó a la Cámara de Diputados a no entregar la información correspondiente a un pedido hecho en marzo de 2017 sobre el canje de pasajes aéreos y terrestres por dinero en efectivo por parte de legisladores de todos los bloques. Este monto canjeado significa para cada legislador casi un sueldo más al mes. “No queremos otro escándalo. Vamos a esperar que los ánimos mediáticos se calmen y te lo vamos a dar más adelante”, justificó un funcionario de la presidencia de la Cámara. Por este motivo, algunas organizaciones presentaron aún otro recurso de amparo por la negativa a entregar información.
Desafortunadamente, respuestas como ésta son la regla y no la excepción. La transparencia no es algo que pueda declamarse y no ejercerse, sino que exige un compromiso real y comprobable. No es posible construir un país serio ni mejorar la confianza en nuestras instituciones cuando éstas operan bajo un manto de secretismo.
Directora ejecutiva de la fundación Directorio Legislativo y miembro del comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto