Eguiguren Praeli. “Estaba aniquilada anímicamente en Alto Comedero”

El comisionado presidente de la CIDH se mostró conforme con el traslado de la dirigente social; el organismo lo había pedido en julio

El juez jujeño Gastón Mercau y, posteriormente, su par Pablo Pullen Llermanos determinaron la prisión domiciliaria de Milagro Sala apoyándose, en parte, en el pedido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo a la Argentina. En un diálogo telefónico con la nacion, el comisionado presidente del organismo, Francisco José Eguiguren Praeli, se mostró “muy satisfecho” con la medida.

Aseguró que si bien las condiciones de detención no eran malas, Sala estaba “aniquilada anímicamente” en la prisión de Alto Comedero. Aunque evitó definir si la líder de la Tupac Amaru es efectivamente una presa política o no, deslizó: “No cabe duda de que es una dirigente política y social enfrentada con el gobierno de su provincia”. La conversación derivó también en la desaparición de Santiago Maldonado, que tildó de “preocupante”. –¿Cómo tomó la CIDH la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria a Sala? –Tomamos con mucha satisfacción que se dictara una medida para seguir la recomendación de la CIDH. –¿Tienen planeada otra visita a la Argentina para darle seguimiento al caso? –No es habitual que la comisión viaje a revisar una decisión. No obstante sesionaremos en Uruguay a fines de octubre y voy a tener unas reuniones de trabajo vinculadas a la Argentina. Si se juntan varios asuntos podríamos plantear una visita. –¿Por qué consideró la CIDH que Sala debía tener prisión domiciliaria? –Esta resolución tomó mucho seguimiento y reflexión. El tema que era motivo de mi atención eran las condiciones de detención y el hecho de que no había una condena a prisión efectiva. Tomamos conocimiento de que la señora Sala se había autoinfligido una lesión y tenía un cuadro grave de depresión. En una visita al penal constatamos que el lugar estaba en condiciones razonables o, incluso, mejores que en muchos otros centros. No obstante se notaba un hostigamiento y una vigilancia excesiva a Sala. La vimos aniquilada anímicamente. Se consideró que esas condiciones de detención resultaban muy riesgosas para su vida e integridad. –¿Cree que debería esperar los procesos judiciales en libertad?

–Nosotros dimos las dos alternativas para que la autoridad judicial evalúe. Podía ser prisión domiciliaria o una libertad con controles electrónicos. –¿La considera usted una presa política?

–Nosotros no emitimos opinión. No cabe duda de que es una dirigente política y social enfrentada con el gobierno de su provincia. –¿Qué respuesta tuvieron de la Argentina en torno de la desaparición de Santiago Maldonado? –Hay dos aspectos en esa causa. Por un lado, un procedimiento de medida cautelar que ya se acordó y un procedimiento especial previsto por la desaparición forzada de personas. Se le otorgó un plazo al Estado argentino para que nos informe qué datos hay y qué se ha hecho en el caso Maldonado. –¿Qué postura tiene la CIDH ante organizaciones aborígenes y el conflicto mapuche? –Es muy importante la búsqueda del diálogo y de soluciones amistosas. Existen derechos para estas comunidades, como la consulta previa, y se debe garantizar la integridad de sus tierras y de sus personas y dirigentes. Estamos atentos a este tipos de asuntos y nos preocupa este suceso. –¿Cómo catalogaría la política de derechos humanos de la Argentina? –Valoramos mucho la disposición permanente del Estado y de sus autoridades de dialogar con la CIDH, y de seguir y aplicar sus resoluciones. Sí me preocupa que la Corte Suprema no haya cumplido lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Fontevecchia y D’Amico. No queremos una línea de conducta de no acatamiento.