Intranquilidad empresaria por el régimen penal para privados
Las cámaras hicieron llegar a los senadores sus objeciones al proyecto que aumenta las sanciones para los ejecutivos frente a casos de corrupción
El entusiasmo político que despertó el resultado electoral se entremezcla en el mundo empresario con dosis de intranquilidad. Desde el G-6, que agrupa las cámaras de Comercio y Construcción, a los industriales, la Bolsa, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y la Sociedad Rural, hicieron llegar reparos a la ley de responsabilidad penal empresaria que se discute en el Senado. El proyecto prevé fuertes multas en los ingresos brutos de los ejecutivos y un bloqueo de los negocios de las compañías que enfrenten condenas por corrupción. Implica romper los límites de las sanciones del Código Penal acotadas a las personas para incluir a las empresas, con la posibilidad de quitarles patentes o marginarlas de las licitaciones.
Las cámaras empresarias sugieren que la letra del proyecto podría dejar espacio para la persecución, cuando deje de ser un debate teórico y llegue al barro de la realidad política argentina. Las inquietudes llegaron al Senado, donde el proyecto espera su aprobación. Fue el momento estelar de la conjunción adversativa pero. El proyecto es adecuado pero... puede desalentar inversiones, pero puede ser declarado inconstitucional, pero carece de proporcionalidad en cuanto al castigo, pero la imprescriptibilidad de delitos de corrupción puede extender el pánico entre los inversores. El senador Rodolfo Urtubey atajó gran parte de los planteos en el Council of Americas. Se mostró comprensivo. Los mensajes también arribaron a Miguel Ángel Pichetto y a los interlocutores del oficialismo. Dieron resultado. El Senado va a incorporarle cambios al texto. El proyecto que amasan los senadores recupera gran parte de la letra del original que había enviado el Gobierno. Las sanciones económicas, por caso, se volverán graduales y se ajustarán a la base imponible.
En el mundo privado existen quienes preferirían ver el proyecto enterrado en un cajón. Va a ser difícil. La comitiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que visitó la Argentina se encargó de aclararles a los senadores que la ley penal empresaria es un requisito para ingresar al club. Y, como informó la nacion, defendieron el castigo para los “intermediarios” de las coimas que aparece en el proyecto. “¡Vamos a poner a todos los corchos a flotar!”, exclamó un abanderado del proyecto que participó del desayuno entre visitantes y senadores. A Jorge “Corcho” Rodríguez, la Justicia le inhibió sus bienes mientras se lo investiga como intermediario en los pagos de Odebrecht para una planta potabilizadora. La inclusión de los “intermediarios” de los sobornos como figura penal dentro del proyecto también había sido objetada desde el sector privado. Pero se mantendrá en pie, para desasosiego de los corchos.
La OCDE es una usina internacional que promueve las prácticas políticas de los países más ricos del mundo. Mauricio Macri aspira a llevar a la Argentina a una de sus butacas. El proyecto en el Senado es un requisito.
No es la única usina de nerviosismo. Un cargamento de cajas con contratos de empresas que operan en la Argentina viajó desde Vialidad hasta la Oficina Anticorrupción. La revisión de los documentos comenzó a traer a la luz nombres propios que exceden a los viejos conocidos del kirchnerismo. Y algunos corchos podrían salir a flote.