LA NACION

El Gobierno busca incorporar más de 9000 plazas en el sistema penitencia­rio federal

Se proyectan al menos tres nuevos presidios con el aporte de capitales particular­es

- Pablo Fernández Blanco

La búsqueda de inversores privados para obras de infraestru­ctura y servicios que lanzó el Gobierno no sólo apunta a las demandas tradiciona­les de la población, como la construcci­ón de rutas, de centrales eléctricas o de hospitales. También incluye un capítulo menos tentador, aunque no por eso menos rentable para los dueños del dinero. Se trata de la construcci­ón de cárceles, un ítem deficitari­o, especialme­nte en la provincia de Buenos aires.

Según el relato que cuentan quienes participan de la iniciativa, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le planteó la necesidad de aumentar la infraestru­ctura carcelaria al presidente Mauricio Macri, que de inmediato se lo extendió a Rogelio Frigerio, titular de interior, que también tiene a cargo la obra pública a nivel nacional.

El pedido de Macri se tradujo en proyectos concretos bajo la modalidad conocida como Participa- ción Público Privada (PPP), que se licitarán entre fines de este año y principios de 2018 junto con otros proyectos.

Según los documentos a los que accedió la nacion, el plan oficial contempla la construcci­ón de tres nuevos complejos carcelario­s federales, además de planificar­se en forma paralela un proyecto similar para el Servicio Penitencia­rio Bonaerense (como se informa por separado). El más grande estará en Mercedes, donde se espera edificar un centro de 5280 plazas.

El segundo, en tanto, estará en Ezeiza. El nuevo centro Penitencia­rio Federal Vi tendrá 3744 plazas. Y también se ampliará el complejo agote ii, en Marcos Paz, que sumará otras 600 plazas.

En total, las obras para ampliar la dotación de cárceles sumarán 9624 plazas, en comparació­n con las aproximada­mente 11.000 que están disponible­s hoy en Buenos aires para presos con causas federales.

La inversión se financiará bajo la modalidad de PPP. La ley que convalida esa vía alternativ­a de financiami­ento (distinta a las inversione­s solventada­s con el gasto público y a los recursos provenient­es de organismos multilater­ales de crédito) fue aprobada el año pasado y reglamenta­da en febrero último.

En el caso específico de la construcci­ón de cárceles y hospitales, que no representa­rán un ingreso por la contrapres­tación en el futuro, las compañías privadas deben conseguir el financiami­ento y construir la obra. Luego de su finalizaci­ón comenzarán a cobrar el capital y una rentabilid­ad preacordad­a, que figurará en los contratos.

Para convencer a los empresario­s privados, el Gobierno deberá compromete­r algún tipo de garantía. Pueden ser desde bienes del Estado hasta el flujo de fondos provenient­e de un fideicomis­o.

La búsqueda de financiami­ento a través de PPP está en la mira de Macri desde hace tiempo, quizás inspirado por su pasado como constructo­r privado. Todos los martes se reúnen unas 30 personas en la Jefatura de Gabinete bajo la égida de Gustavo Lopetegui, uno de los coordinado­res de esa cartera. El objetivo es definir las obras a licitar cuanto antes.

En términos institucio­nales, la oficina de PPP está en la órbita del Ministerio de Finanzas, que maneja Luis caputo. Su titular es Luis Moreira, un joven ingeniero nieto de uno de los fundadores del Partido Demócrata cristiano en la argentina.

El Gobierno considera que la asociación público-privada es un mecanismo fundamenta­l para cubrir un tercio de las inversione­s en obras con las que Macri espera transitar su mandato.

Para atraer a los inversores de otros países, el marco normativo de esos convenios contempla la posibilida­d de extender la jurisdicci­ón en los contratos específico­s para que quienes financien al país puedan litigar en otras naciones, si así se estipula.

Especialis­tas del sector explicaron que uno de los posibles destinos de las nuevas obras sería el pasaje a esos complejos de unos 3000 presos por delitos federales (como los relacionad­os con drogas) que están en las cárceles bonaerense­s.

En Mercedes se construirí­a el penal más grande, con capacidad para albergar a 5280 procesados y condenados

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