Trump pone nubes en el horizonte
Hay una inquietud que empezó a ser tema de conversación entre empresarios siderúrgicos y del aluminio: Estados Unidos. Nada concreto, por ahora. Pero llamó la atención la llegada de una delegación que la semana pasada visitó seis puertos de la Argentina, incluidos los de Campana y Puerto Madryn, a fin de recabar información para los protocolos antiterrorista y antinarcóticos. Estos operativos, que se hacen a través de convenios del Estado norteamericano con empresas privadas, están centrados en cuestiones más políticas que económicas. Pero los hombres de negocios son desconfiados, y han visto múltiples razones valederas convertidas en aranceles.
La sospecha tiene un sustento legal. El 20 de abril, Donald Trump firmó un memorándum que ordena al Departamento de Comercio norteamericano investigar si el acero importado a Estados Unidos pone en riesgo la seguridad de ese país. Es una facultad incluida en la resolución ejecutiva 232 de la ley de expansión comercial, sancionada en 1962. “El acero es crítico tanto para nuestra economía como para nuestro aparato militar; ésta no es un área donde podamos depender de países foráneos”, dijo Trump mientras firmaba el documento, rodeado de ejecutivos de las principales empresas siderúrgicas de Estados Unidos.
La revisión debe hacerse consultando al Departamento de Defensa y en los siguientes 270 días a la firma del texto. Tras ese plazo, el presidente dispone de otros 90 días para decidir si restringe importaciones. Una vez resuelto, tiene que notificar al Congreso las razones. Hay una, subyacente, que tal vez no mencione: el acero sobra en el mundo, y eso no sólo deprime los precios, sino que incentiva a sus fabricantes a intentar ubicarlo en cualquier destino. Wilbur Ross, secretario de Comercio, dio ese día una noticia peor: las averiguaciones por dumping o subsidios afectan a países particulares, pero la aplicación de la resolución 232 puede tener un impacto sobre todas las importaciones de Estados Unidos. He ahí el foco de la histeria.
Los empresarios argentinos no confían en Trump. Tampoco el Gobierno, al que el último aumento en los aranceles para el ingreso de biodiésel en territorio norteamericano sorprendió horas después de la visita del vicepresidente Mike Pence a Buenos Aires. El preocupación volvió el martes en el almuerzo que el ministro Nicolás Dujovne tuvo con la Unión Industrial Argentina. Ya había aparecido una semana antes durante el Consejo de las Américas, en el Hotel Alvear, donde se oyeron ironías de la oposición. Jorge Argüello, ex embajador kirchnerista en Washington, prefirió la metáfora: “Nos rompieron un poco el culito”, dijo en el lobby.
Más que la medida, sorprendió el modo y la magnitud. En abril, cuando le escucharon a Ross el anticipo en una reunión privada en Washington, el ministro Francisco Cabrera y su secretario de Comercio, Miguel Braun, pensaron que el alza no superaría el 30%. Quienes conocen la burocracia norteamericana afirman que el salto final, el doble del que el gobierno argentino esperaba, sólo se explica por malestar ante alguna situación. Y que en adelante habrá que detenerse en un rasgo hasta ahora subestimado por la Casa Rosada: el particular estilo de los republicanos de Trump. “Rough guys”, los definen. Un desafío que sorprende a Macri sin embajadores designados en ninguno de los dos países.
Obama era más predecible. En parte, porque sus funcionarios se manejaban con los criterios clásicos de la diplomacia. Pero Trump y sus secretarios representan además al establishment norteamericano. Ross, por ejemplo, es dueño de un emporio empresarial que incluye a la cadena de indumentaria de ese nombre; Rex Tillerson (Estado) viene de conducir la Exxon Mobil, y Rick Perry (Energía) renunció en diciembre al máximo cargo en la proveedora de gasoductos Energy Transfer Partners.
Nadie como ese trío entiende los secretos de los fabricantes de biodiésel local, nucleados en la National Biodiesel Board, que alienta desde su página web a sus miembros a sumarse a la causa. “Accionistas del biodiésel: díganle al Congreso cuán importante es la industria del biodiésel para ustedes”, dice un apartado del sitio, que incluye un link para enviar la postura del sector a cada legislador, sobre los que ofrece teléfono y correo electrónico. “Deje que su voz sea escuchada en el Capitolio ahora”, es el eslogan. Esos empresarios venían ya molestos por el lobby que, a través de un estudio de abogados, hacían en Washington las compañías argentinas.
La discusión podrá verse en vivo y en directo en Buenos Aires durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que empieza el 11 de diciembre. Parte de ese contenido dependerá de los trazos principales de la política de Trump con cada país, que serán detallados en octubre en un documento del representante de la Oficina Comercial, Robert Lighthizer.
Para los empresarios no hay nada más incierto. Por ahora, desde un foro informal que integran la Rural, la Asociación Empresaria Argentina, la alimenticia Copal, la Cámara de Exportadores y CAME, descargan sus dudas ante tres funcionarios: Braun; Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, y Marisa Bircher, secretaria de Mercados Agroindustriales.
Pero no serán gestiones sencillas. Primero, porque los republicanos han decidido negociar agresivamente. Lo experimentó el ministro Ricardo Buryaile (Agroindustria) a principios de agosto, cuando tuvo que negociar con su par norteamericano, Sonny Perdeu, un malentendido surgido en el acuerdo por la importación de carne de cerdo a la Argentina. En la reunión, una semana antes de que viniera Pence, existía ya impaciencia por certificados sanitarios que no estaban. La propuesta de la delegación argentina, que también integraban Reyser, Bircher y Braun, fue no frenar por eso los entendimientos que interesaban a la Argentina, como el de los limones y la carne vacuna.
La otra dificultad para entender a Trump puede ser cultural. Los funcionarios de uno y otro lado pertenecen por lo pronto a generaciones muy distintas. Ross cumplirá 80 años el 28 de noviembre; Tillerson tiene 65; Perry, 67; Perdeu, 70, y Lighthizer, 69. Es una cuestión que Macri deberá tener en cuenta en el momento de designar al embajador. “Ya lo pondremos”, dicen en la Casa Rosada, donde consideran que no se trata de una decisión tan relevante. Tal vez porque han interpretado algo que ya escucharon algunos empresarios: la intención de Macri es manejar él mismo esa relación. Suena lógico, porque él y Trump se conocen y han negociado ya en el sector privado. Entre dueños siempre es más fácil. Pero el problema no son los grandes trazos de la relación bilateral, que ambos países definen como buena, sino particularidades sectoriales que siempre exceden a los jefes de Estado. El proteccionismo se esconde en los detalles.