LA NACION

Los ministros contraatac­an con nuevas demandas

Varios funcionari­os decidieron denunciar civilmente a sus acusadores

- Maia Jastreblan­sky

“¿Cómo podemos vivir en un país en el que mentirle al juez no tenga consecuenc­ias? Eso no está bien. Eso tiene que tener una consecuenc­ia”. Las palabras de Mauricio Macri fueron agua bendita para algunos ministros que decidieron demandar, en el fuero civil, a quienes les radicaron denuncias penales con presunta “mala fe”.

La semana pasada, el puntapié inicial lo dio el ministro de Justicia, Germán Garavano, que radicó una demanda civil por “daños y perjuicios” contra el diputado kirchneris­ta Rodolfo Tailhade y le hizo un reclamo de $ 2 millones. Fue en respuesta a una denuncia del legislador del FPV por la negociació­n con Odebrecht. Tailhade lo consideró un “apriete”.

Varios ministros tuvieron una reunión días atrás para analizar qué acciones podrían prosperar. Según pudo conocer la nacion, hoy se redactaron dos nuevas demandas civiles. Para dar el contragolp­e, los funcionari­os se respaldaro­n en los fallos de los jueces de Comodoro Py, que, al desestimar las causas originales, explicitar­on la inexistenc­ia del delito penal. Nuevos casos

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, elaboró una demanda por daños y perjuicios contra Fernando Miguez, el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que desde hace años denuncia a funcionari­os de distintos signos políticos. El contraataq­ue es en respuesta a una denuncia que ese abogado radicó por un convenio entre el inPi y la oficina de patentes de los Estados Unidos. El juez Sebastián Casanello desestimó el caso, la fiscalía no apeló y quedó archivado.

En diálogo con la nacion, Miguez se defendió: “Si el Gobierno va a perseguir a todas las personas que resaltan sus errores, eligió el peor camino”. Se espera que en las próximas horas se envíe la cita a la mediación, la instancia previa a un juicio civil.

Quien coordina esta estrategia de “contraataq­ue” es Fabián Rodríguez Simón, un asesor clave del Presidente y un líbero para tratar los temas más sensibles del Gobierno en materia jurídica. “Pepín” se está asegurando de que, antes de iniciar una demanda, los funcionari­os tengan elementos para probar que hubo “mala fe” y que existió daño moral. La linea es muy delgada.

El propio Rodríguez Simón, en las últimas horas, activó una nueva demanda contra Tailhade. Ese diputado le había radicado una denuncia, que resultó falsa, en la que aseguraba que la Fundación Pericles, que comanda el asesor presidenci­al, tenía vínculos con el proxenetis­mo.

“no es una medida de Gobierno, es una decisión personal de cada ministro que quiere defenderse porque sintió un daño a su imagen”, aseguró uno de los integrante­s de la mesa chica del Gabinete. Macri, sin embargo, dio abiertos mensajes de respaldo a las contradema­ndas en los dos discursos que brindó esta semana.

Según pudo conocer la nacion, el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el de Modernizac­ión, Andrés ibarra, y el de Transporte, Guillermo Dietrich, analizan iniciar acciones en los próximos días.

En la lista de futuros casos hay una demanda civil en respuesta a la denuncia penal por el llamado “memorándum de Qatar”. Cuando el juez Daniel Rafecas desestimó ese caso, manifestó que ese acuerdo estaba “enmarcado como una cuestión política no judiciable” y que “hay que evitar la judicializ­ación de la política”. Ésa será la carta que utilizarán los funcionari­os para su contragolp­e.

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