Gils Carbó interviene en la investigación por Maldonado
Envió a funcionarios para apuntalar la tarea de la fiscal de Esquel; un testigo declaró que vio que gendarmes se llevaban al artesano; malestar del Gobierno por la politización
La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, adoptó ayer una serie de medidas que dejaron en claro su voluntad de intervenir en la investigación para esclarecer qué pasó con el artesano Santiago Maldonado.
Para el Ministerio Público se trata de un intento de reactivar una causa que no muestra avances, pero para el Gobierno esconde la intención de la funcionaria de utilizar políticamente esa intervención.
Mientras, en el hecho más relevante desde que comenzó la investigación, un testigo declaró ayer en sede judicial que vio cuando Maldonado era llevado por efectivos de la Gendarmería a un vehículo durante el operativo de desalojo de militantes mapuches, concretado el 1º de agosto, en la provincia de Chubut.
Después de un mes sin resultados, el Ministerio Público Fiscal (MPF) tomó en los últimos días la iniciativa para reactivar la causa Maldonado tanto desde lo judicial como desde lo político, movimientos que generaron ayer nuevos coletazos.
Más recursos para encaminar la investigación en Esquel, un pedido para investigar a un funcionario del Ministerio de Seguridad que intervino en el caso Maldonado y, sobre todo, el desembarco de funcionarios de confianza en territorio mapuche para convencer a los testigos. Esto último se convirtió, hasta ahora, en uno de los indicios más firmes para señalar a la Gendarmería por la desaparición de Maldonado.
“Es un caso de mayor preocupación para el Ministerio Público”, dijo ayer Alejandra Gils Carbó mientras asistía a una conferencia en Rosario. Su primer contacto público con el caso había sido la semana pasada, cuando le sugirió a la fiscal de Esquel, Silvina Ávila, nombrar a cinco colaboradores de las fiscalías especializadas para analizar este tipo de casos para así conseguir nuevas pruebas, confiaron fuentes judiciales a la nacion.
Gils Carbó le recomendó a la fiscal de Esquel nombrar a integrantes de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), dos dependencias creadas por la procuradora. Pero mientras se oficializa la designación de estos nuevos cargos –que ocurriría en las próximas horas– algunos funcionarios ya desembarcaron en la zona con el aval de la fiscal local.
Cerca de la procuradora inflaban ayer el pecho al recordar que la tarea fina detrás de la conversión del testigo mapuche Matías Santana estuvo a cargo de Fernando Vallone, fiscal ad hoc de la Procuvin, que trabaja desde hace tres semanas con las comunidades de Esquel a pedido de la fiscal Ávila. Primero, el funcionario había logrado convencerlo para que hablara sin revelar su identidad, totalmente encapuchado.
Pero ayer Santana se presentó oficialmente como testigo: declaró ante el juez que vio “con binoculares” cómo Maldonado era detenido por la Gendarmería. Es el primer testimonio en el expediente que dice haberlo visto en la marcha y que, además, dice haberlo reconocido en manos de la Gendarmería. Cerca de la procuradora no descartan que en las próximas horas se acer-
quen nuevos testigos para aportar más evidencia sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
Desde el Gobierno aumentó el malestar con Gils Carbó al considerar que su intención es utilizar políticamente la muerte de Maldonado. “No nos cabe duda de que Gils Carbó es garantía de imparcialidad”, dijo, irónico, un estrecho colaborador de Mauricio Macri, mientras el Presidente se reunía ayer con los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich para analizar la evolución del caso. En la Casa Rosada prevén que la procuradora buscará “obstaculizar”.
El malestar en el oficialismo con Gils Carbó aumentó cuando recibieron la nota firmada por Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) –un funcionario con llegada a
la procuradora–, en la que pedía a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promover un sumario administrativo interno para evaluar el desempeño de los funcionarios de la cartera “en orden a deslindar las eventuales responsabilidades correspondientes a agentes estatales por la desaparición de Santiago Maldonado durante el desarrollo del operativo realizado en la ruta 40”. El fiscal Rodríguez agregó, además, que “una vez iniciado el sumario se dé intervención a la Procuraduría a fines de analizar oportunamente su presentación como parte acusadora”.
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que ya abrieron una investigación interna, pero indicaron que “no existe la más mínima sospecha de que algún funcionario público haya actuado irregularmente” durante el procedimiento en Esquel. Y consideraron que el pedido de Rodríguez sólo abarca a los efectivos de las fuerzas de seguridad.
La preocupación de Gils Carbó por el desempeño de la fiscal Ávila aumentó en los últimos días, informaron fuentes judiciales. Por eso, le sugirió rodearse de especialistas sobre violencia institucional, cercanos al Ministerio Público.
No quieren que vuelva a ocurrir –sostienen– lo mismo que sucedió en otros casos, como la investigación por la muerte de Nisman, cuando los fiscales se encerraban en su entorno.
La procuradora le sugirió a la fiscal Ávila reformar su estructura interna. Desde el Ministerio Público están convencidos de que la fiscal y el juez actúan “en tándem”, algo que –sostienen– perjudica el impulso de la causa. Enfocaron, específicamente, sobre la única secretaria de la fiscal Ávila, que es la pareja del juez Guido Otranto.