En Europa, las empresas ya no podrán espiar los mails de los empleados
La corte de DD.HH. condenó a una compañía que revisó el correo laboral de un ingeniero rumano
PARÍS.– En una decisión esperada con impaciencia por sindicatos y asalariados europeos, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) condenó ayer el espionaje de mails privados por parte de un empleador rumano, que en 2007 despidió a un ingeniero por haber utilizado su dirección electrónica profesional con fines personales.
Al mismo tiempo, la CEDH descalificó a la justicia rumana al afirmar que “no protegió correctamente el derecho” de Bodgan Mihai Barbulescu al “respeto de su vida privada y su correspondencia”. La decisión, adoptada por 11 votos contra seis de los jueces de la Gran Cámara, adoptada en instancia de apelación, sentará jurisprudencia en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa.
La Corte había emitido una primera decisión negativa sobre el caso en enero de 2016. Barbulescu apeló y la Corte aceptó volver a examinar el caso.
Bogdan Mihai Barbulescu es un ingeniero de 38 años, despedido en 2007 después de que su empleador espió sus comunicaciones electrónicas, constatando que había utilizado la mensajería de la empresa para fines personales, una infracción al reglamento interno de la sociedad.
Considerando que el método era ilegal, Barbulescu denunció “el espionaje de sus comunicaciones” en violación del respeto de la vida privada y la correspondencia, protegidas por el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Los tribunales rumanos consideraron “razonable” la conducta del empleador. Para los jueces, la vigilancia de las comunicaciones de Barbulescu había constituido el único modo de establecer la infracción disciplinaria. El ingeniero presentó entonces su caso ante la CEDH, que lo desestimó por primera vez en 2016: los jueces europeos confirmaron en primera instancia la posibilidad de que un empleador pudiera controlar el uso de la red Internet de la empresa en el marco de un procedimiento disciplinario.
Ayer, sin embargo, la Corte tomó una decisión radicalmente diferente. Para los jueces de la Gran Cámara, la vigilancia fue desleal, porque Barbulescu “no fue informado de la naturaleza y el alcance de la misma, operada por su empleador, ni de la posibilidad de que su empresa acceda al contenido mismo de sus mensajes”.
Los magistrados agregaron, incluso, que los tribunales rumanos “no determinaron qué razones específicas justificaron la activación de esas medidas de vigilancia”.
Las autoridades rumanas “no buscaron un justo equilibrio” entre el respeto de la vida privada del asalariado y el derecho del empleador a tomar medidas para el buen funcionamiento de la empresa, concluyeron los jueces.
Tratándose de una corte europea, en noviembre de 2016, los magistrados de la CEDH escucharon los argumentosdel gobierno francés y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), asociados al caso en calidad de terceros.
Francia defendió el “equilibrio” –evocado ayer por los jueces en su fallo– instaurado en el país por la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), que impone consultar e informar a los trabajadores.
En Francia, si bien la violación del secreto de la correspondencia privada de un empleado es considerada como un delito, cuando se trata de una mensajería profesional, la situación es más compleja. Desde 2008, el empleador puede consultar la correspondencia de un empleado, pero únicamente en su presencia, después de haberlo prevenido o en caso “de riesgo o acontecimiento particular”. Por su parte, un empleado puede perfectamente enviar un mail privado desde su dirección profesional, pero con una condición: precisarlo en el asunto y en los adjuntos, agregando la palabra “personal” o “privado”.