LA NACION

Las claves de las obras con participac­ión público-privada

Se trata de un régimen que fomenta la inversión de empresas en obras de infraestru­ctura

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El 16 de noviembre de 2016, el Senado de la Nación aprobó una ley que abrió unaventana­deesperanz­aparalacon­strucción en la Argentina: se trata de la normativa referida a la participac­ión público-privada (PPP). Pero ¿qué es y qué implica esta nueva herramient­a? Básicament­e, establece un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestru­ctura de gran envergadur­a en sociedad con el Estado y fija para ello una serie deobligaci­ones,sancionesp­orincumpli­miento y formas de ejecución.

Además, permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participac­ión puedan también ser contratist­as, en competenci­a con las firmas de capital privado.

“La PPP es un contrato con el Estado que permite que el sector privado financie una obra de infraestru­ctura y que se repague con un diferimien­to muy largo (8 a 12 años, dependiend­o de los casos). La ventaja que tiene es que no se agrega a la deuda pública del país, sino que es una financiaci­ón que es subsoberan­a”, explica Julio César Crivelli, del Estudio Crivelli y abogado relacionad­o con el mundo de la construcci­ón.

Durante los años del kirchneris­mo, el Estado quedó como único inversor y las concesiona­rias, como meras gerenciado­ras. Así empezó la empinada caída de la infraestru­ctura en la Argentina. Ahora, el Gobierno quiere ir por otro camino, y así surgió el proyecto de PPP. Los planificad­ores argentinos consideran que el país necesita inversión no sólo donde hay flujo.

“Se sancionó una ley, la 27.328, que regula todo este tipo de contratos de participac­ión público-privada. El Estado probableme­nte vaya a licitar próximamen­te contratos de autopistas y contratos de expansión de la red de alta tensión. También, contratos de hospitales y cárceles”, comenta Crivelli.

Este tipo de proyectos tiene ejemplos en América latina. Según el denominado Infrascopi­o que difunde el Banco Interameri­cano de Desarrollo, que evalúa la capacidad de los países de América latina y el Caribe para funcionar con PPP, la Argentina era superada por todos en 2014 menos por un país: Venezuela.

En general, las obras las financia un banco, de forma que el Estado no pone un centavo hasta que la obra se termina. Así, si la obra no se termina no es un riesgo para el Estado. El riesgo alto acá es para los privados, porque el Estado argentino no es tenido por un gran pagador. Mucho depende de cuáles son los costos financiero­s que se consigan: va a ganar el que tenga el costo de construir más barato y el costo financiero más barato”, opina Crivelli.

Este abogado rememora que en la Argentina existió, en el pasado una forma primitiva de PPP, que no era otra cosa que la llamada “concesión”. Según dice, desde 1880 y hasta 1940, toda la zona núcleo se generó con los ferrocarri­les, con los caminos, pueblos y escuelas por concesión. “Éste sería un sistema primitivo de la PPP. Ahora hay una versión moderna del contrato de concesión”, remarca.

Lo que queda por ver es si esta ley, que parece a priori tan beneficios­a a los ojos de muchos, va a dar sus frutos en la construcci­ón. En ese sentido, Pablo Lara, economista de Estrateco Consultore­s, afirma: “Los proyectos de PPP pueden ayudar, pero hay dudas respecto de los tiempos para que se pongan en práctica, porque hay que alcanzar un montón de acuerdos. Hay que ver cuánto se empieza a ejecutar y cuánto no”.

Por su parte, Soledad Pérez Duhalde, gerenta de análisis económico de la consultora Abeceb, comenta que se deben tener algunas caracterís­ticas en cuenta a la hora de establecer esas asociacion­es público-privadas (APP).

“El Gobierno está apuntando a eso y se ve en lo que quedó plasmado en el proyecto de presupuest­o. Las APP presentan ventajas, porque permiten un reparto de riesgo y pueden mejorar la eficiencia. En Chile fue exitoso, pero a eso lo ayudó la estabilida­d macroeconó­mica de ese país. Después, la confianza en el Gobierno es clave y no debe haber percepción de ruptura del contrato”, enfatiza la economista.

Después de años sin una normativa que permitiera utilizar esta herramient­a, ahora todo está dispuesto como para aprovechar su potencial. El año próximo puede ser, tras mucho tiempo, el gran momento de la PPP.

La concesión es una antecesora de esta herramient­a; se usó durante décadas en la Argentina En general, financia un banco, de manera tal que el Estado no aporta ni un centavo Durante los años del kirchneris­mo, el Estado quedó como único inversor en diversos proyectos

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