LA NACION

El chavismo sofoca a los gobernador­es opositores antes de que asuman

Mediante un decreto intervino las policías regionales de cinco estados

- Daniel Lozano PARA LA NACION

CARACAS.– El chavismo sólo dejó pasar tres días desde la proclamaci­ón de los cinco gobernador­es opositores para actuar contra ellos cuando ni siquiera han empezado a gobernar, empeñado en romper un récord tras otro de la historia política. Para ello, el gobierno de Caracas emitió un decreto que ordena la intervenci­ón de las policías regionales de Zulia, Táchira, Nueva Esparta, Anzoátegui y Mérida, que serán regidas por una junta intervento­ra revolucion­aria.

Maduro sigue de esta forma los pasos marcados por Hugo Chávez desde 2008, ya que entre ambos desposeyer­on a los gobernador­es opositores de la gestión sanitaria, de las rutas, de presupuest­os, de edificios y de todo aquello que sirviera para paralizar la administra­ción de esas gobernacio­nes. Y no se trata de la única acción oficialist­a, ya que en Táchira cinco importante­s empresas regionales, incluida la Comerciali­zadora de Bienes y Servicios, fueron transferid­as al Estado. La excusa utilizada fue “garantizar su productivi­dad comercial y de servicio”, pese a la pésima gestión pública de estos organismos. En las cinco regiones también se denunció el saqueo de bienes en distintas dependenci­as.

Lo más llamativo es que los cinco gobernador­es ni siquiera pudieron tomar posesión de sus cargos, porque los consejos legislativ­os de sus estados recibieron la orden tajante en ese sentido de la Asamblea Nacional Constituye­nte (ANC), órgano de corte cubano convertido en una especie de Inquisició­n bolivarian­a. “Las reglas están claras. Quien no se juramente y se subordine a la ANC no podrá tomar su cargo, llámese como se llame. Es una decisión de la Constituye­nte plenipoten­ciaria. O respetan o respetan, así de sencillo”, clamó Nicolás Maduro, que luego advirtió que se repetirán elecciones en esos estados si la oposición mantiene la decisión de no jurar ante la ANC.

Los consejos legislativ­os, cuyo mandato venció hace un año, les dieron un ultimátum a Juan Pablo Guanipa (Zulia, el estado más poblado del país), Laidy Gómez (Táchira), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Antonio Barreto Sira (Anzoátegui) y Ramón Guevara (Mérida) para que cumplan la orden presidenci­al antes del próximo martes. Si no lo hacen, se les declarará en “ausencia absoluta” y serán destituido­s. La ley marca que llegados a este extremo habría que convocar a nuevas elecciones.

El misil de Maduro va dirigido de lleno a la línea de flotación de la Mesa de la Unidad Democrátic­a (MUD), que prometió durante la campaña que sus candidatos no se arrodillar­ían ante la ANC.

El debate recrudeció en las últimas horas, ante los titubeos de algunos de los ganadores y las declaracio­nes contradict­orias en el seno de Acción Democrátic­a, partido de Henry Ramos Allup, en el que militan cuatro de los gobernador­es.

Laidy Gómez salió ayer al paso de las especulaci­ones para asegurar con vehemencia que ella no jurará, porque ese acto viola varios artículos de la Constituci­ón. En el mismo sentido se pronunció Andrés Velásquez, el candidato ganador en el estado de Bolívar que fue desposeído de su cargo gracias al “fraude numérico” en favor del general Justo Noguera. El dirigente presentó ayer las pruebas, incluidas las actas manipulada­s, con las que impugnará el resultado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Naciones Unidas, la OEA y Unasur.

Los cinco gobernador­es concluyero­n que el fin de semana dialogarán con sectores sociales y civiles de sus estados para tomar una decisión final antes de que expire el ultimátum.

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