El chavismo sofoca a los gobernadores opositores antes de que asuman
Mediante un decreto intervino las policías regionales de cinco estados
CARACAS.– El chavismo sólo dejó pasar tres días desde la proclamación de los cinco gobernadores opositores para actuar contra ellos cuando ni siquiera han empezado a gobernar, empeñado en romper un récord tras otro de la historia política. Para ello, el gobierno de Caracas emitió un decreto que ordena la intervención de las policías regionales de Zulia, Táchira, Nueva Esparta, Anzoátegui y Mérida, que serán regidas por una junta interventora revolucionaria.
Maduro sigue de esta forma los pasos marcados por Hugo Chávez desde 2008, ya que entre ambos desposeyeron a los gobernadores opositores de la gestión sanitaria, de las rutas, de presupuestos, de edificios y de todo aquello que sirviera para paralizar la administración de esas gobernaciones. Y no se trata de la única acción oficialista, ya que en Táchira cinco importantes empresas regionales, incluida la Comercializadora de Bienes y Servicios, fueron transferidas al Estado. La excusa utilizada fue “garantizar su productividad comercial y de servicio”, pese a la pésima gestión pública de estos organismos. En las cinco regiones también se denunció el saqueo de bienes en distintas dependencias.
Lo más llamativo es que los cinco gobernadores ni siquiera pudieron tomar posesión de sus cargos, porque los consejos legislativos de sus estados recibieron la orden tajante en ese sentido de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano de corte cubano convertido en una especie de Inquisición bolivariana. “Las reglas están claras. Quien no se juramente y se subordine a la ANC no podrá tomar su cargo, llámese como se llame. Es una decisión de la Constituyente plenipotenciaria. O respetan o respetan, así de sencillo”, clamó Nicolás Maduro, que luego advirtió que se repetirán elecciones en esos estados si la oposición mantiene la decisión de no jurar ante la ANC.
Los consejos legislativos, cuyo mandato venció hace un año, les dieron un ultimátum a Juan Pablo Guanipa (Zulia, el estado más poblado del país), Laidy Gómez (Táchira), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Antonio Barreto Sira (Anzoátegui) y Ramón Guevara (Mérida) para que cumplan la orden presidencial antes del próximo martes. Si no lo hacen, se les declarará en “ausencia absoluta” y serán destituidos. La ley marca que llegados a este extremo habría que convocar a nuevas elecciones.
El misil de Maduro va dirigido de lleno a la línea de flotación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que prometió durante la campaña que sus candidatos no se arrodillarían ante la ANC.
El debate recrudeció en las últimas horas, ante los titubeos de algunos de los ganadores y las declaraciones contradictorias en el seno de Acción Democrática, partido de Henry Ramos Allup, en el que militan cuatro de los gobernadores.
Laidy Gómez salió ayer al paso de las especulaciones para asegurar con vehemencia que ella no jurará, porque ese acto viola varios artículos de la Constitución. En el mismo sentido se pronunció Andrés Velásquez, el candidato ganador en el estado de Bolívar que fue desposeído de su cargo gracias al “fraude numérico” en favor del general Justo Noguera. El dirigente presentó ayer las pruebas, incluidas las actas manipuladas, con las que impugnará el resultado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Naciones Unidas, la OEA y Unasur.
Los cinco gobernadores concluyeron que el fin de semana dialogarán con sectores sociales y civiles de sus estados para tomar una decisión final antes de que expire el ultimátum.