El club de De Vido. Un equipo apuntado judicialmente por los desvíos millonarios de fondos
El entorno del ex ministro tuvo en sus manos el control de la caja en las áreas de transporte, obra pública y energía; hoy rinden cuentas ante los tribunales
Si el reloj se detuviera en el apogeo del kirchnerismo, José López, Roberto Baratta y Ricardo Jaime, los funcionarios presos del saliente gobierno, compartirían una segunda línea del todopoderoso Julio De Vido. Todos juntos y al mismo tiempo, los hombres del ministro manejaron a gusto las cajas de la obra pública, el transporte y la energía, entre otras.
Es prácticamente imposible, incluso para la Justicia, calcular los millones de pesos y dólares desviados desde el Estado para fines ilícitos. Los procesamientos acumulados por distintos delitos no se pueden contar con los dedos de las dos manos.
Los sobreprecios encubiertos en los expedientes y los sobornos que atesoraban los funcionarios se transformaron –con el paso del tiempo– en casas, aviones, yates y hasta bolsos repletos de dólares que se guardaban en un monasterio. Pero, más allá de las tres detenciones, la Justicia prácticamente no pudo rescatar ese dinero.
Los números impactan una y otra vez en las distintas investigaciones penales. La obra pública fue el ejemplo más notorio. El desvío de dinero para la construcción de rutas en favor del Grupo Austral, que comandaba el empresario Lázaro Báez (también preso) está calculado en unos US$ 1000 millones –de acuerdo al tipo de cambio de la época–, según las estimaciones realizadas por Vialidad Nacional que fueron incluidas en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita.
La ruta del dinero le permitió al juez Sebastián Casanello seguir el rastro de US$ 60 millones que circularon por cuentas suizas, así como incontables propiedades y bienes de lujo. Más allá de los embargos, la Justicia recuperó hasta ahora dos aviones y más de 40 máquinas viales. Quedaron localizados y en cautela bienes de Báez por casi $ 2700 millones, algo más del 20% del dinero desviado, informaron fuentes judiciales.
Bajo la estricta supervisión de De Vido, la obra pública estuvo durante el kirchnerismo en manos de José López, un secretario de bajo perfil público que quedará en la historia por sus bolsos. Los US$ 9 millones secuestrados en la puerta de un monasterio en General Rodríguez están en cautela de la Justicia y, en caso de que el ex funcionario finalmente sea condenado, pasarán a formar parte del presupuesto del Poder Judicial.
Los números son más discutidos en la causa que investiga la importación de gas natural licuado, que motivó anteayer un nuevo pedido de desafuero para De Vido y la detención de Baratta.
El peritaje contemplado por el juez Claudio Bonadio –pero cuestionado por la defensa del ministro– indica un sobreprecio del 50% en la compra de gas. Es decir, desvíos por US$ 7000 millones. Si ese número finalmente es confirmado por la Justicia, los sobreprecios en la importación de buques con gas, será apenas inferior a los US$ 9300 millones que desembolsó el Gobierno para solucionar el conflicto con los fondos buitre.
Números de Jaime
Los desmanejos en el transporte también suman sus millones, con el agregado de que esa trama generó –entre otras cosas– la tragedia de Once.
El juez Bonadio calculó que el Estado desvió $ 600 millones a empresas de colectivos urbanos a través de distintas irregularidades para medir los subsidios en combustibles. A ese número, además, se le pueden agregar otros $ 100 millones de desvíos documentados por la Justicia en la compra de trenes chatarra a España y Portugal.
Pero la Secretaría de Transporte no siempre estuvo bajo poder total de De Vido. Aunque Ricardo Jaime, secretario del área, dependía formalmente del ministro, el cordobés tenía diálogo directo con el entonces presidente Néstor Kirchner.
Jaime fue el primer funcionario kirchnerista preso. Fue condenado por dádivas por haber recibido –entre 2003 y 2006– decenas de viajes en vuelos privados a Brasil, Córdoba y Uruguay por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires, a la cual debía controlar. La firma también le pagaba el alquiler de un departamento sobre la Avenida del Libertador, en la zona de Retiro.
El otrora todopoderoso Ministerio de Planificación también tuvo bajo su órbita la mayoría de los contratos firmados con las empresas brasileñas vinculadas al Lava
Jato, en especial, Odebrecht. ¿Un ejemplo? La ampliación de dos gasoductos en el norte y sur del país habría contado con sobreprecios aproximados de US$ 800 millones, según informó el diario Clarín. En el soterramiento del tren Sarmiento –el contrato más jugoso que firmó la constructora brasileña–, el ex funcionario Ernesto Selzer calculó que los sobreprecios estimados fueron de otros US$ 1000 millones.