LA NACION

Por un error podría caer una megacausa de lavado de dinero

Involucrab­a a varias casas de cambio y a Muñoz, ex secretario de Kirchner

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Una causa que involucra a casas de cambio y denuncias de lavado de dinero supuestame­nte ligado al narcotráfi­co y a la corrupción está en riesgo de quedar en la nada.

La investigac­ión menciona, por un lado, operacione­s financiera­s de transferen­cias de fondos de Carlos Salvatore, preso por la operación antidrogas Carbón Blanco, y por el otro, al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz con la transferen­cia de US$ 40 millones a empresas offshore, vía Andorra, para comprar centros comerciale­s y lujosos departamen­tos en Miami.

El caso se inició en 2014 en Mar del Plata contra un grupo de arbolitos supuestame­nte ligados a importante­s casas de cambio. El fiscal Carlos Gonella, entonces en la procuradur­ía antilavado, Procelac, impulsó el asunto cuando en el gobierno kirchneris­ta asociaban a los que compraban dólares en el mercado negro con delincuent­es económicos. Eran frecuentes las razias en la City.

El caso avanzó y se profundizó. Lo motorizó la fiscal Laura Mazzaferri, quien logró que en 2016 el juez federal Santiago Inchausti procesara a 25 personas y vinculara a las financiera­s con el lavado de dinero. Pero la causa, que involucrab­a a poderosos empresario­s y era de alta sensibilid­ad política y económica, cuando Muñoz aún vivía, quedó en abril de 2017 en la nada.

Es que la Cámara Federal de Mar del Plata anuló todo. Se basó en que un informe de la Gendarmerí­a Nacional contenía errores. Por ejemplo, decía que un empleado pertenecía a una casa de cambio, cuando en realidad era de otra.

Los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel entendiero­n que los gendarmes erraron y que “al confundir esto, la instrucció­n extiende con esa confusión la hipótesis supuestame­nte delictiva originaria e inmiscuye firmas que no están involucrad­as ni pertenecía­n al objeto procesal primigenia­mente investigad­o”.

Así sobreseyer­on a todos los acusados, en total 25, y con ello desaparece­n las pruebas colectadas sobre operacione­s de transferen­cias al exterior. Se trataba, por un lado, de poderosos personajes ligados al poder y, por otro, de dinero vinculado con la corrupción y el narcotráfi­co, según investigac­iones de la fiscalía.

Pero los fiscales no se amilanaron y llevaron el caso a la instancia superior, la Cámara de Casación Penal. Lo trató la Sala IV, integrada por los magistrado­s Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.

El jueves pasado tuvo lugar una audiencia en la que eran tantos y tan poderosos los abogados presentes, que se tuvieron que acomodar en la sala de audiencias más grande de Comodoro Py 2002, que es como un microteatr­o, con platea y espacio para los abogados y un alto estrado para los jueces.

Había representa­ntes de los estudios jurídicos más importante­s de la Argentina, que pugnaban porque el expediente contra sus clientes, los financista­s, quedara en la nada.

Los defensores eran Facundo Caparelli, Nicolás D’Albora, Gustavo Marceillac, Alejandro Borawski Chanes, Francisco Goldaracen­a, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra y Norberto Marconi, dijo el Centro de Informació­n Judicial (CIJ), que depende de la Corte. Del otro lado estaban el fiscal general Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, ambos de la Procelac.

Los involucrad­os

En la causa se investiga las casas de cambio Trascambio, Anker y Transaccio­nes Agente de Valores. Se realizaron 48 allanamien­tos en Mar del Plata y otros cuatro en la ciudad de Buenos Aires.

Durante la investigac­ión se estableció que desde Jones Tour se realizaron transferen­cias por US$ 40 millones mediante empresas

offshore que estaban controlada­s por Sergio Todisco, supuesto testaferro de Muñoz, el ex secretario de Kirchner.

Está acreditado en la causa el movimiento de dinero que pasó por la Banca Privada de Andorra y se usó para comprar shoppings y centros comerciale­s en Miami. Incluso, los investigad­ores detectaron los correos electrónic­os en los que se mencionan los detalles de las operacione­s inmobiliar­ias.

Las empresas offshore figuraban en los Panamá Papers y su existencia, así como el vínculo con Muñoz, fue revelado el año pasado por la

nacion. Parte de la causa vinculada con Muñoz fue enviada por la fiscal Mazzaferri a su colega de Comodoro Py Carlos Stornelli, quien investigab­a el patrimonio del ex secretario de Kirchner, fallecido de cáncer el año pasado.

Paralelame­nte, otras operacione­s financiera­s están relacionad­as con el tráfico de estupefaci­entes, según sospechan los fiscales.

Se trata de los embarques de cocaína que salían de los puertos de Campana, Zárate y Rosario hacia Portugal y España, disimulado­s en bolsas de carbón.

Por esa causa está preso y condenado el abogado Carlos Salvatore. Se cree que es uno de los jefes que lavó el dinero en la compra de autos y la construcci­ón de tres edificios en Mar del Plata, que están intervenid­os por la Justicia. Habría tenido intervenci­ón en el lavado, una de las financiera­s investigad­as. Ahora los jueces de la Cámara de Casación deben decidir.

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