El Gobierno no la removerá por decreto y cambiará el mecanismo para desplazarla
Garavano anunció que impulsará la reforma de la ley del Ministerio Público en el Congreso
Luego de un fallo judicial que convalidó la remoción del procurador general de la Nación sin necesidad de juicio político, el gobierno de Mauricio Macri anunció que impulsará la reforma de la ley de Ministerio Público para quitarle el requisito de juicio político, con lo cual se destrabaría la posible destitución de Alejandra Gils Carbó.
En las primeras horas de ayer se especuló con que el Gobierno podría dictar un decreto de remoción. Pero el fallo aún no está firme y Gils Carbó lo apelaría. El ministro de Justicia, Germán Garavano, aclaró luego que impulsará la reforma de la ley del Ministerio Público, para lo cual ya existe en la Cámara de Diputados un dictamen favorable.
Así las cosas, el Poder Ejecutivo no tiene la necesidad de enviar un nuevo proyecto de ley. El Gobierno había intentado modificar la ley el año último, pero la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) la frenó porque sostenía que había que remover a Gils Carbó mediante el juicio político vigente en la ley.
De lo contrario, decía, Gils Carbó podía presentar un recurso de amparo por el agravio y se abriría un conflicto de poderes. Ello la consolidaba en el cargo. Con el fallo judicial, en cambio, el escenario es otro: la inconstitucionalidad de aquella ley, declarada por un juez, evita ese conflicto de poderes.
Más allá de la cautela y del necesario proceso legislativo que se abrirá, el fallo fue recibido en la Casa Rosada con fuerte optimismo.
En esa línea, el ministro Garavano dijo que “se trata de un fallo judicial que estudiaremos con atención, que en definitiva ratifica lo que hemos señalado cuando enviamos un proyecto de ley al Congreso: que la forma de remoción del procurador no está prevista constitucionalmente, y por ende es inconstitucional”.
“En esta línea, lo que impulsaremos es reformar la ley del Ministerio Público, como lo marcamos desde el primer día de la gestión”, señaló Garavano. Un alto funcionario de la Casa Rosada desestimó la posibilidad de desplazar a Gils Carbó por decreto: “No por el momento, aunque el tema es cambiante”.
“En principio, el Congreso debe asumir la responsabilidad y, en tal sentido, frente a una inconstitucionalidad tan manifiesta y fundada en fallos de la Corte Suprema, que también lo señalaron, debería modificar la ley y establecer otro mecanismo de remoción”, agregó el funcionario. otro allegado de Macri puntualizó: “Lo vamos a analizar la semana que viene”.
El juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials declaró inconstitucional el artículo 76 de la ley 27.148, que establece el juicio político para la destitución. El magistrado señaló que una ley no puede crear un privilegio no previsto en la Constitución nacional.
Con ese criterio estaría de acuerdo la diputada Carrió, según pudo saber la nacion de dos allegados. “El fallo judicial de inconstitucionalidad evita el conflicto de poderes. El tiempo de reformar la ley, entonces, es ahora. Sin la inconstitucionalidad, Gils Carbó podía presentar un amparo. En cambio, este fallo impone cambiar la ley de Ministerio Público, porque lo dice un juez”, expresó una fuente de la Coalición Cívica.
De todos modos, en la Casa Rosada y en el entorno de Carrió asumen que Gils Carbó apelará el fallo de Cayssials. La actual ley de Ministerio Público equipara al procurador general de la Nación con los jueces de la Corte Suprema. Pero la oNG Será Justicia y el Colegio de Abogado de la Ciudad de Buenos Aires pidieron declarar inconstitucional ese artículo.
La diputada Silvia Lospennato (Cambiemos), miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, dijo que es “un fallo de primera instancia” con lo cual “todavía no está firme”.
No obstante, en línea con Garavano, ratificó que “eso implica que el Congreso tendría que pensar una reforma de ese artículo para tener un procedimiento que sea acorde a la Constitución, porque lo insta a que reemplace ese artículo por uno que se ajuste a la Constitución”.
Lospennato consideró ayer que “Gils Carbó debería pedir licencia inmediatamente porque está procesada por un delito muy grave”, y planteó que “en su lugar tiene que haber una persona que no estuviera implicada en la causa”.
La ley del Ministerio Público fue sancionada en junio de 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner y fijaba que la remoción del procurador general de la Nación debía ser “por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución”.