Las provincias definen sus demandas para el encuentro con Macri
Esperan la invitación oficial para después de las elecciones; el principal planteo será la reforma fiscal
CÓRDOBA.– Los gobernadores, que desde hace varias semanas vienen preparando su estrategia postelectoral, tendrán un nuevo encuentro después de la votación del domingo y antes de que los reciba el presidente Mauricio Macri, en Olivos. Esa reunión se haría finalmente el viernes 27 o el sábado 28; si bien fue anunciada a los medios por el Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, todavía no se cursaron las invitaciones oficiales.
“Seguramente lo harán después del domingo [por mañana)”, dijo a
el gobernador de Córdoba, la nacion Juan Schiaretti, quien entiende que, en el diálogo con Macri, los mandatarios provinciales deben avanzar en temas “fundamentales” que requieren consenso, como “la reforma fiscal, los posibles cambios en la legislación laboral y el nuevo federalismo”.
Los mandatarios –más allá de sus colores políticos– coinciden en que, para aprobar en el Congreso el presupuesto 2018, la Nación debe aceptar algunas de sus propuestas y avanzar en un esquema más equitativo de distribución de recursos.
Uno de los ejes de la agenda es el rechazo de todos los mandatarios al reclamo judicial de la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, por el Fondo del Conurbano. Ya plantearon sus posiciones ante la Corte Suprema y se las reiterarán al Presidente. Pretenden una salida política al conflicto y no quieren resignar recursos a favor de Buenos Aires.
Un recorte a la coparticipación implicaría para todos los distritos problemas de desfinanciamiento. El gobernador electo de Corrientes, Gustavo Valdés (Cambiemos), adelantó que comparte los argumentos de sus colegas: el reclamo de Buenos Aires es legítimo, pero defenderá a su provincia, que perdería $ 3000 millones anuales, en caso de que prospere el planteo judicial.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey fue más a fondo y expresó: “Si la Corte falla a favor nos pone de sombrero a todos. Es tener un descalabro en la Argentina, que es técnicamente insoportable. Desfinancia a todo el resto de las provincias argentinas para resolver el problema de Buenos Aires”.
El impuesto al cheque
Otro aspecto en el que hay coincidencia es en solicitar un aumento de la coparticipación del impuesto al cheque.
Distintas fuentes consultadas por señalaron que una la nacion alternativa es la iniciativa impulsada por Córdoba, por la cual, a cambio de un incremento en la distribución de ese tributo (pasar del 30% al 50%), las provincias accederían a eliminar Ingresos Brutos de extraña jurisdicción.
El gobierno central, en cambio, propone girar el 70% de lo recaudado por ese ítem –el tercer impuesto que más aporta al Tesoro– a la Anses. Para algunas provincias la iniciativa es “decepcionante”, ya que esperaban “alguna señal” de parte del área de Hacienda. El paquete enviado al Congreso prorroga por dos años el impuesto al cheque; para 2018 la recaudación proyectada es de $ 201.737 millones.
Las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, Neuquén, Corrientes, La Pampa, Formosa, Misiones y Tierra del Fuego) buscan “precisiones” y “certidumbre” sobre la transferencia de fondos nacionales para cubrir los rojos. En la Casa Rosada, en tanto, insisten en que se deben acelerar los procesos de “armonización”.
Los gobernadores peronistas apuntan a que se coparticipe toda la masa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y advierten que el Ministerio del Interior favorece a los mandatarios e intendentes del “mismo palo” con su reparto. En la cartera de Frigerio rechazan que sea así y aseguran que se aplican para “emergencias” y que –cualquiera que sea el color político– los recursos llegan.
“Somos el primer gobierno que les devuelve recursos a las provincias”, repite Frigerio. Ante ese concepto, Schiaretti responde que actuaron ante una resolución de la Corte –en referencia a la eliminación de la quita del 15% de la coparticipación para financiar a Anses– y que “todavía queda mucho por hacer” en materia de federalismo.
Por su parte, el mandatario santafecino Miguel Lifschitz recurrió nuevamente a la Corte Suprema y reclamó una deuda de $ 51.000 millones porque “la Nación no cumplió el fallo del tribunal superior sobre la cancelación de la deuda por los fondos de coparticipación”. Todas las provincias, aun las que no tienen un fallo definitivo por ese stock de deuda, ratificaron que mantendrán el reclamo judicial, dado que no hay propuesta de pago.
También La Rioja acudirá al máximo tribunal. El fiscal general de la provincia, Héctor Durán Sabas, confirmó a que reclamará la nacion por los fondos de compensación que el Estado nacional le da anualmente a la provincia, por el punto de coparticipación perdido en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.