De Vido y Baratta buscan compañeros de celda

Los pocos leales que se le acercaron en estos días a Julio De Vido lo vieron del mismo modo: está muy molesto. Algunos le oyeron además una advertencia: hará lo posible por involucrar a otros en su desgracia. Es un mensaje hacia el establishment, que hasta hace dos años le reportaba una amistad sin límites. Ese living del departamento que alquila sobre la avenida del Libertador, hoy casi vacío, tuvo en su momento más visitantes que el de ningún otro funcionario. Puede acreditarlo Roberto Dromi, otro de los 25 que el juez Claudio Bonadio acaba de procesar en la causa por administración fraudulenta en las compras de gas natural licuado.

De Vido dice que esta causa es “política”. La supone pensada para no involucrar a sectores empresariales locales: a diferencia de otras investigaciones, argumentan en su entorno, ésta roza principalmente a protagonistas que ya no gravitan en el país. Es cierto que el más importante de ellos, Antonio Brufau, CEO de Repsol, cerró hace varios años el capítulo argentino. En su momento, en una encendida conferencia que dio en Madrid el 18 de abril de 2012, pocos días después de la expropiación de YPF, el catalán llegó a amenazar con que, si no le daban un resarcimiento adecuado, hablaría sobre las “comisiones” que los operadores habían estado pagando por los barcos de gas. Fue un llamado de atención jugado, sin precedentes en ese nivel ejecutivo, que se extinguió en el mismo momento en que se pactó con los españoles la indemnización de 5000 millones de dólares.

Brufau calló para siempre, pero De Vido tiene ahora menos que perder. Si habla, cualquiera de sus acusaciones será autoincriminatoria y dará por sentado lo que todo el sector privado sabe: que la obra pública argentina ha sido estos años un festival de sobreprecios. Es el motivo que lleva a los empresarios a seguir el caso con cierta perturbación. Pero tampoco están exentos algunos referentes de la política. El descargo de Roberto Baratta, que desde anteayer está preso por la misma causa en Marcos Paz, es en sí mismo una mancha venenosa. En un extenso recorrido, el ex subsecretario expone que todas las compras funcionaron bajo la vigilancia de otros organismos. La AFIP, por ejemplo, entonces conducida por Ricardo Echegaray, que controló precios y volúmenes a través del “canal rojo” de la Aduana. Da, además, algunos nombres. Se acuerda de otro de los procesados, Juan José Carbajales, el camporista que Axel Kicillof puso en el directorio de Enarsa cuando empezó a sospechar de esas operaciones. Y agrega que las importaciones no sólo eran aprobadas por Enarsa, el Ministerio de Economía, la Sigen o la AGN, sino además auditadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Llegado a ese punto, tiene la deferencia de citar a dos dirigentes de buena relación con Enrique Nosiglia y el macrismo: el entonces decano, José Luis Giusti, y el secretario de Extensión Universitaria, Emiliano Yacobitti. Después se adentra en el sector privado. Argumenta no haber recibido ninguna objeción del resto de las petroleras por esas licitaciones y se detiene en una: “No he tenido conocimiento de que en esta etapa que describo algún proveedor oferente que no haya sido adjudicatario haya efectuado queja formal o informal, o algún reclamo administrativo o judicial por el hecho de no haber obtenido algún cargamento de GNL. Sirve como ejemplo el hecho de que la multinacional Shell participó en muchas de las licitaciones, siendo adjudicataria en algunos casos y en otros no; y Shell no formuló queja, ni reclamo ni acción administrativa o judicial por el hecho de no haber sido adjudicataria de algunas licitaciones. Los señores Balboa (hoy presidente de Enarsa) y Wagner (director de Auditoría de Enarsa) trabajaron en la multinacional Shell antes de ingresar en la función pública”.

Este descargo, que es mucho más detallado y extenso que el de De Vido, podría interpretarse como el pataleo final de un funcionario que no perteneció nunca a la corporación política. Baratta cuenta en la causa que era taxista y que un día de lluvia del año 2000 entró en el bar Moliere de Juncal y Uruguay, a pocos metros del departamento que los Kirchner todavía tienen en esa esquina, a esperar que parara de llover. De pie, mientras aguardaba, le preguntó al mozo si alguno de los clientes necesitaría un taxi. Sentado a una de esas mesas estaba Néstor Kirchner, que escuchó la conversación y lo invitó a tomar café. Entonces se da un diálogo parecido al que Carlos Teodoro Bonifati (Federico Luppi) y Arteche (Gianni Lunadei) tienen en su encuentro fortuito de la película Plata Dulce: Kirchner le pregunta qué hace, le ofrece trabajar para él y el aventurero acepta. Y en seguida le da el teléfono de De Vido, su ministro de Gobierno de Santa Cruz, que le encarga durante seis meses controlar importaciones y exportaciones de langostinos.

Como le pasa a Bonifati con la huida de su jefe, en Plata Dulce, Baratta ya no tiene Arteche a quien reclamarle. Por eso el ex subsecretario centra su defensa en el resto. Y en cuestiones técnicas como el cálculo que Bonadio hace para el desvío de fondos. Casi con las mismas palabras, él y De Vido cuestionan al ingeniero David Cohen, presidente del Consejo Profesional de Energía Industrial y uno de los que aporta a la causa una comparación de precios. Mientras el ex ministro le atribuye a Cohen una búsqueda de información “casi escolar” en Internet, Baratta le reprocha haber confundido costos con precios y tomado como referencia el Henry Hub, mercado de gas de Estados Unidos. Cita al respecto una recomendación de Alfonso Prat-Gay, que prefería constatar los valores del gas argentino con los de Japón. Esta cuenta es clave, porque determina la cifra de la coima: sobre operaciones por 15.300 millones de dólares durante ocho años, el juez consigna desvíos por 6900 millones. Casi la mitad.

El caso tiene además un valor simbólico para la Argentina actual. Se adentra en los desmanejos de la década pasada, pero interpela al mismo tiempo a protagonistas del presente. Habrá que ver hasta dónde deciden hablar los procesados. Entre ellos está, por ejemplo, Jorge Alberto Samarín, dueño de Marítima Meridiana, la remolcadora que operó mediante contrataciones directas con Enarsa hasta 2012 y que, luego de un proceso de apertura al que el Gobierno convocó el año pasado para abaratar los costos y transparentar el sistema, ganó la licitación asociada con la multinacional Svitzer. Ese sector, hasta hace pocos meses imperio de Omar Caballo Suárez, es tal vez la metáfora más grotesca del país: su depuración, que requerirá tiempo y coraje, hará muchas veces crujir el sistema desde sus cimientos. Es el trabajo que la implosión del Lava Jato le ahorró a Brasil. Construir de cero siempre es más fácil.