U Un cadáver que interpela al Estado

nas semanas atrás se propusieron en esta columna tres ópticas para leer el caso Maldonado: la conveniencia política, el fanatismo ideológico y los valores públicos. La lectura desde la conveniencia es inevitable: el suceso se solapa con las elecciones y las fuerzas que compiten no pueden soslayar el balance de pérdidas y ganancias, al ritmo de los acontecimientos. La lectura desde el fanatismo es de otra naturaleza: consiste en la descalificación del otro espoleada por el odio. La pulsión del fanatismo, interpretada por figuras públicas, alimenta en la base social otro rasgo indeseable: el prejuicio. Por el contrario, una lectura desde los valores busca las razones de la desgracia en el mal funcionamiento institucional. Esta mirada analiza la coyuntura en perspectiva histórica, buscando identificar continuidades y quiebres en la relación del Estado con la sociedad. Mientras el político hace cálculos y el fanático alimenta hogueras, el que se preocupa por los valores indaga en la im- punidad, la desprotección y la ineficiencia que se abaten sobre los ciudadanos cuando el Estado dimite de sus funciones.

La aparición del cadáver de Santiago Maldonado flotando en el río Chubut aproxima el caso a su desenlace e interpela al aparato estatal. Desnuda la pobreza de sus recursos ante la tragedia. En un primer abordaje se observa insuficiencia de control, al menos en tres aspectos: el territorio, las fuerzas de seguridad y el manejo de la información. Aunque sin la gravedad de casos como los de Colombia y México, el Estado argentino debió pedir permiso para entrar en un territorio considerado sagrado para sus habitantes, cuyo sentido de pertenencia coincide con los límites de su comarca. La idea de Estado nación es ajena a los activistas que reivindican la causa mapuche; ellos son una expresión típica de los movimientos sociales arcaicos, que Eric Hobsbawm describió en Rebeldes primitivos. Poco sabía el Estado de su existencia, o si sabía no le otorgaba relevancia, hasta que la violencia irrumpió en ciudades del sur mediante atentados a la propiedad. Una combinación explosiva de marginación social e ideología milenarista se precipitó sin que los funcionarios pudieran o quisieran descifrarla.

Un segundo déficit de control se verifica en la relación del Estado con las fuerzas armadas y de seguridad. Se trata de un vínculo difícil y receloso, condicionado por la memoria de la dictadura. Las instituciones que hoy portan las armas y deben acatamiento al poder democrático, hace poco más de tres décadas encabezaban una dictadura: disponían de la vida de las personas y ejercían un poder ilegítimo sin rendir cuentas a nadie. Los gobiernos democráticos desde 1983 no tuvieron, sin embargo, políticas ecuánimes y perdurables para integrar el brazo armado del Estado. Pactaron con él procurando gobernabilidad en los 80, lo desfinanciaron en los 90, lo estigmatizaron en los 2000, para terminar elevando a la jefatura del Ejército a un general afín a la ideología del gobierno, acusado de crímenes de lesa humanidad. Con estos antecedentes, los titubeos para tratar a las fuerzas de seguridad no constituyen un defecto atribuible sólo a este gobierno, sino el reflejo de una relación histórica no bien resuelta entre el poder de los votos y el poder de las armas.

En tercer lugar, la carencia tal vez más grave: el Estado no controla la información, desde el blanqueo de capitales hasta el río Chubut. Basta para comprobarlo un hecho obsceno: la circulación indiscriminada de las fotografías del cadáver de Maldonado. Muy pocas personas estuvieron en la escena donde se encontró el cuerpo, pero los funcionarios no lograron garantizar la confidencialidad. La publicación de un material tan íntimo es acaso el síntoma de un problema más hondo: la falta de dominio sobre los servicios de información y espionaje. Que se diga con ligereza, cercana al acto fallido, que el cadáver fue “plantado” abre la puerta para imaginar oscuras organizaciones de “plantadores” de evidencias que se mueven en la ilegalidad regidos por objetivos secretos, al servicio de no se sabe quién para perjudicar o favorecer a no se sabe cuál. La sospecha de asesinato y la manipulación del cadáver asocian a Maldonado con Nisman y tantos otros, exhibiéndolos como víctimas inermes de fuerzas tenebrosas que escapan a la supervisión estatal.

Con intencionalidad se ha hablado aquí de las carencias del Estado, no de las del Gobierno. Esa es la distinción que sugiere una mirada centrada en los bienes públicos, más allá del extremismo ideológico y del cálculo electoral cortoplacista. Está en cuestión la administración estatal antes que el gobierno de turno. Pero a partir de esa diferenciación surge un desafío que sí incumbe al gobierno actual: enfrentar la corrupción, el descontrol y la ineficacia que desnaturalizan al Estado. Por ideales o por puro afán de subsistencia. La lucha contra las mafias debería dejar de ser un eslogan cuando ellas amenazan la vida de las personas y el poder de la democracia.