el agro en el congreso Una cosecha magra de leyes
De todas las leyes sancionadas este año, apenas dos benefician al sector, y del total de los proyectos de ley presentados en ambas cámaras, sólo el 7% corresponde al campo
durante el año legislativo se sancionaron dos leyes que involucran al campo; sólo el 7% de los proyectos ingresados son agropecuarios.
Eran casi las 4.30 de la madrugada. El debate parlamentario llevaba más de 17 horas. Fuera del recinto una multitud aguardaba impaciente una definición sobre si se avalaba la resolución 125. El país estaba en vilo. Julio Cobos se movía nervioso hasta que, con la cabeza gacha, pronunció las palabras que, como él mismo predijo, quedarían grabadas: “Mi voto no es positivo”.
Esa madrugada del 17 de julio de 2008 fue el último día en que el Congreso fue escenario del campo argentino. Fue cuando el entonces vicepresidente de la Nación rechazó el proyecto que imponía retenciones móviles a los granos y selló a fuego la primera gran derrota política a la que se enfrentaría el kirchnerismo.
Pese a ser un sector respaldado por el actual gobierno, al filo del cierre del año legislativo, los números que marcan la cantidad de leyes sancionadas por el Congreso que involucran al agro argentino están en rojo. De todas las leyes que se sancionaron durante 2017 sólo dos tocan directamente al sector: la emergencia por inundaciones en once provincias y la que declara en emergencia económica la cadena de producción de peras y manzanas en cinco distritos. “Leyes de emergencia”, refunfuñó un dirigente rural. Los datos se desprencierto den de un análisis realizado por la Fundación Barbechando, una ONG que nació luego de la resolución 125, y la nacion, sobre la base de datos de Congresoscopio, una aplicación desarrollada por LN Data.
Según datos relevados por Barbechando, sólo el 7,06% de los proyectos ingresados en ambas cámaras durante 2017 corresponden al agro (producción agropecuaria y cuidado del medio ambiente desde el sector): 208 proyectos sobre un total de 2948.
¿Por qué un sector que el año pasado, según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), sembró 34 millones de hectáreas, produjo 5,1 millones de toneladas de carnes y aporta, junto a la industria manufacturera agroalimentaria, el 9,2% del PBI de la Argentina, no encuentra representatividad en el Congreso?
El analista político Rosendo Fraga explicó: “El 2008 dejó enseñanzas importantes en cuanto a la relación entre el sector agropecuario y la política. Una fue que el poder de movilización puede alcanzar objetivos relevantes para el sector; la otra, que puede definir elecciones, y la tercera, que puede obtener legisladores y, a través de ellos, impulsar proyectos que beneficien al sector”.
Fraga recordó que en el Congreso emergente de 2009 había más diputados del campo que de los sindicacomisión tos, “lo que resultó algo inédito para la Argentina”, pero explicó que en 2011 la reelección de Cristina produjo que los partidos dejaran de interesarse en llevar candidatos rurales y, a su vez, las entidades de la Comisión de Enlace disminuyeron su interés por insertarse en los partidos.
“Un gobierno favorable al campo como el de Cambiemos genera la idea dequenoesnecesarioinvolucrarseen la política. Pero el campo necesita una estrategia de inserción política de largo plazo y no recurrir a ella sólo cuando se siente amenazado”, concluyó.
Proyectos sin debate
Según la base de datos de Barbechando, de los 47 proyectos que ingresaron este año a la Comisión de Agricultura de ambas cámaras sólo uno, la modificación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, fue dictaminado. Álvaro Tomás, presidente de la fundación, explicó: “Esto genera un costo de oportunidad para el sector: ley demorada implica inversión postergada. Donde se va a ver la intención del Poder Ejecutivo de llevar adelante leyes del agro sería si Cambiemos busca presidir la Comisión de Agricultura en Diputados. En 2015 decidió dársela al Frente Renovador, ¿este año va a ser una prenda de negociación o la va a solicitar?”.
Gilberto Alegre, presidente de la Comisión de Agricultura, dijo que “la está estrictamente vinculada con la decisión del Ejecutivo que no tiene interés en debatir. Ellos mismos presentaron un proyecto de semillas que terminó cuestionado por sus propios funcionarios”. El martes pasado el legislador, cuyo mandato concluye a fines de año, convocó a una reunión de comisión de asesores. “No fue ningún diputado del arco del oficialismo”, se lamentó. “El nivel de producción en Diputados ha sido malo; no hemos podido debatir porque no hay quórum”, añadió.
Según un relevamiento de Barbechando en el listado de proyectos para debatir se encuentran la ley de semillas, seguros, lechería, warrants, conservación de suelos, fertilizantes y buenas prácticas agrícolas. Además, hay proyectos como humedales, registro de fitosanitarios y fondos para el algodón y producción orgánica. “Si no se tratan antes del 30 de noviembre, pierden estado parlamentario”, advirtió Florencia Ricchiuti, directora de la entidad. Además, hay leyes que fueron sancionadas pero que están pendientes de regulación, como la de envases.
Alfredo De Angeli, senador de Cambiemos y presidente de la Comisión de Agricultura, explicó a la
nacion: “Desde el Congreso hemos acompañado las políticas del Presidente. Somos un quinto en el recinto y tenemos que negociar, pero es que hubo otras prioridades y que nos ocupamos de otras leyes que eran necesarias para garantizar la gobernabilidad”.
De las siete reuniones de comisión en Diputados sólo una tuvo quórum, y de las 12 reuniones en el Senado, sólo dos fueron convocadas para dictamen, pero ninguna tuvo quórum. “Desde el sector nos dimos cuenta de que era necesario participar en política. Entiendo que haya un descreimiento del productor de la política porque lo han engañado mucho, pero eso tiene que cambiar”, enfatizó De Angeli, quien aclaró que en 2018 impulsará proyectos para modificar la ley de warrants, para aplicar el modelo de los créditos en UVA a la ganadería y para evitar el desperdicio de alimentos.
El analista político Sergio Berensztein opinó que “el problema del campo argentino es histórico: hay una incapacidad del sector para organizarse y formar un lobby que lo represente en el ámbito público, en este caso el Congreso”. Según el especialista, el campo se sobrepuso a muchas trabas y el productor siempre se las arregló para sobrevivir a pesar de la reglamentación. “Y es eficiente y le va bien a pesar de eso, pero pierde en el Parlamento porque los proyectos de ley se orientan a otros sectores, que generalmente son más vulnerables”.