Sin participación ciudadana, el defensor no será del pueblo

Hace más de ocho años que está vacante el cargo de ombudsman nacional; se trata de saldar una vieja deuda, pero sin cometer nuevos errores

El puesto de defensor del pueblo de la Nación está vacante desde hace ocho largos años. En las próximas horas, esa inexplicable y tristísima realidad podría ser corregida con la elección de la persona que, tal como manda la Constitución nacional, deberá tener a cargo “la defensa de derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración pública”. Se trata de hallar una figura relevante para ocupar ese cargo, sobre la que haya suficiente consenso y posea unas capacidades morales, éticas y técnicas intachables.

Muchos han sido los nombres de posibles candidatos que se han lanzado al ruedo en tantos años de fracasados consensos políticos. El último defensor del pueblo fue Eduardo Mondino, quien dejó ese puesto para asumir como legislador.

Desde entonces, numerosas asociaciones de la sociedad civil han reclamado a la Justicia subsanar esa grosera falta. Y los jueces respondieron en favor de esos pedidos: tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortaron al Congreso a completar esa vacante.

Pero fue recién el año pasado cuando comenzaron las reuniones de la comisión bicameral encargada de llevar adelante el trámite de esa designación. Y la semana última el Congreso avanzó finalmente con la elección de una terna de candidatos.

El mismo numeroso grupo de OSC que reclamaba la elección urgente del ombudsman nacional se vio obligado a alertar sobre la inconveniencia de que se lo haga sin mediar una audiencia pública, procedimiento participativo, abierto y transparente que permite evaluar los antecedentes de los candidatos y aportar información relevante, antes de la toma de decisiones por parte de los legisladores.

Tan grande resulta la preocupación de esa docena de entidades que emitieron un comunicado conjunto titulado con una frase tan clara como contundente: “Sin participación ciudadana, el defensor no será para el pueblo”. En un documento posterior, 39 OSC solicitaron mediante una carta pública dirigida a los candidatos, que declinen su postulación por entender que el procedimiento para la elección de la terna “no cumplió con los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana requeridos internacionalmente”.

Los tres elegidos por la mayoría de los legisladores de la comisión bicameral, presidida por la senadora por la Capital Marta Varela (Cambiemos), son Humberto Roggero, Jorge Sarghini y el actual defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor. Roggero fue presidente del bloque justicialista de Diputados durante el menemismo y estuvo acusado de enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Esta última causa supuestamente fue solucionada por medio de un plan de pagos que le concedió la AFIP. Paralelamente, se determinó de manera vergonzosa que no hubo irregularidades en la acumulación de su patrimonio de casi 80 millones de dólares desde que accedió a la función pública. Eso sin mencionar la defensa que Roggero hizo de la ley de patentes y los sobornos que para su sanción habrían pagado varios laboratorios s. A todas luces, Roggero no resulta un candidato idóneo para este cargo. Sarghini, en tanto, fue ministro de Economía bonaerense durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Felipe Solá y es actualmente legislador de esa provincia por el Frente Renovador.

Ayer, Roggero, Amor y Sarghini expusieron sus propuestas para el cargo ante la comisión bicameral y está previsto que hoy el dictamen de mayoría sea debatido en el Senado en primer término. En ambas cámaras se necesita una mayoría agravada para designar el defensor del pueblo de la Nación: los dos tercios de los miembros presentes, una fracción que denota la importancia que la Constitución le otorga.

Respecto de los cuestionamientos de las OSC, la senadora Varela explicó que la ley no requiere la obligatoriedad de convocar a audiencias públicas; que, de todos modos, hubiera sido interesante realizarlas, pero que no dan los tiempos. “Para el 26 de este mes –dijo la legisladora– hay una reunión donde es fundamental que la Argentina tenga una institución como la del defensor. De no cubrirse ese cargo, nuestro país no podrá ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, agregó.

Si bien pueden resultar entendibles los argumentos de la senadora, lo cierto es que se ha esperado tanto tiempo para designar al ombudsman que resulta cuanto menos contradictorio que se lo haga a las apuradas, sin las audiencias. Se trata de un funcionario que dura cinco años en el cargo, con posibilidad de una única reelección; que tiene legitimidad procesal, y que goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores.

Es, fundamentalmente, una figura de enorme peso institucional y ciudadano. La falta de nombramiento de ese funcionario causó un impacto profundamente negativo en causas gravísimas, como el operativo policial con muertos y heridos para desalojar tierras en Jujuy, en 2011; la tragedia ferroviaria de Once, de 2012, con 51 personas fallecidas y más de 700 heridos, y la nefasta aplicación que pretendió hacer el anterior gobierno de la ley antiterrorista. Es por eso que resultan más que atendibles los reparos presentados por las OSC. Es un paso trascendente: saldar una larguísima deuda, pero también, y muy especialmente, hacerlo debidamente, sin cometer más errores.