Un esfuerzo para controlar a las provincias
La Nación facilitará recursos a cambio del exhaustivo seguimiento del gasto en gobernaciones y municipios
El pacto entre el Gobierno y las provincias para reordenar el frente fiscal en los próximos años se puede resumir conceptualmente en un puñado de palabras. Sucede que las ganas de Mauricio Macri de enviar una señal de equilibrio presupuestario y compromiso de buen comportamiento con la inversión privada son tan grandes que está dispuesto a cargar sobre las espaldas de la Casa Rosada la mayor parte del esfuerzo.
A cambio, les pide un favor menor a las provincias: que cierren el grifo de su propio gasto público y alineen en esa empresa a los municipios, el agujero negro que históricamente hace fracasar los más titánicos ajustes. En paralelo, les reclama que faciliten el camino a la inversión privada mediante la baja del denominado costo argentino. Así lo entienden los especialistas consultados por a la nacion partir de la información que se difundió ayer, cuando todavía resta saber la letra chica de los convenios.
El ítem sobresaliente es el acuerdo para aprobar y adherir al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal que obligará a las provincias a mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años. “Esto es crítico”, explicó Camilo Tiscornia, de C& T Asesores Eco- nómicos. Los motivos: “Entre Nación, provincias y municipios, la primera es la que tiene más recursos. Los grandes problemas en los años 90 se originaron en las provincias. De nada sirve ajustar a nivel nacional si no hay un acompañamiento”, resumió.
Tiscornia cree que hay una alta chance de que este compromiso se cumpla porque la ley obligará a las provincias. De lo contrario, el gobierno central podría dificultarles la vida a los gobernadores con el freno de transferencias o la negativa a avalar colocaciones de deuda, siempre que esto quede claro en una futura ley.
Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF, está de acuerdo con que el anterior es el punto central. Aunque aún resta saber la letra final que tomará el acuerdo, también cree que es aplicable, porque “carga todo el déficit” a la Nación. Según la letra del pacto, se desprende que la administración Macri aceptó el lastre a cambio de reorganizar el gasto de las provincias y allanar el frente impositivo para bajar el hiperpublicitado costo argentino.
Uno de los puntos sobresalientes del acuerdo implica la reducción de Ingresos Brutos y Sellos por 1,5% del producto bruto interno ( PBI) en cinco años. Para Tiscornia, no parece un objetivo demasiado ambicioso, si bien implica una cesión de recursos por parte de las provincias. La resignación de fondos de las provincias sería compensada por un aumento en el impuesto inmobiliario, dado que las gobernaciones tendrán luz verde para que las valuaciones fiscales converjan hacia las de mercado, mucho más altas que las primeras. Es el modelo que sigue María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.
El quid pro quo apuntaría a favorecer el desarrollo del capital privado. Ingresos Brutos se acumula en cada etapa de producción y es irrecuperable. La pregunta, en ese caso, es cuando bajen gradualmente sus costos, ¿ las empresas trasladarán esa mejora a los precios o a sus márgenes de ganancias? La respuesta es más difícil de enunciar. Según Tiscornia, eso depende en parte de la apertura de la economía. Ante la amenaza de la competencia extranjera, el productor local está más tentado de competir con precio en beneficio del consumidor.
La Nación y las provincias promoverán un proyecto de ley en el Congreso para que los haberes jubilatorios sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil”, explicó el Gobierno.
En principio, eso no implicaría el cálculo sobre el salario en actividad, algo que sería muy difícil de pagar para el sistema previsional de la actualidad.