Piedras en el camino a la paz
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo varias veces que la implementación del acuerdo de paz con las FARC sería más difícil que los años de negociaciones en La Habana. Y el vaticinio se cumplió, ya que en el primer aniversario de la firma del pacto la situación está plagada de dificultades.
Por ejemplo, los cerca de 7000 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para estar concentrados en campamentos, pero sólo pudieron hacerlo en febrero pasado, porque el gobierno incumplió con las obras de acondicionamiento de esos lugares.
Las FARC acusan también al gobierno de no cumplir comComo promisos, como la concesión de indultos y amnistías para los miembros de bajo rango de la organización, así como acuerdos relativos a la seguridad para ellos y sus familias. Desde que se firmó el acuerdo fueron asesinados 32 ex guerrilleros y 12 familiares.
Otra preocupación fueron los cambios hechos en asuntos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia transicional visto como uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz.
La JEP pretende juzgar a miembros de las FARC, de las fuerzas de seguridad y a individuos particulares que se involucraron en el conflicto, por ejemplo con la financiación de grupos armados.
Pero las FARC consideran que algunos cambios hechos en el Congreso durante el trámite de reglamentación de la JEP desdibujan el acuerdo, porque deja exclusivamente a los ex guerrilleros en manos de ese tribunal.
partido político, las FARC, reconvertidas en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, se preparan para participar en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 en medio de una polémica, debido a que muchos colombianos consideran que sus líderes no deberían hacerlo sin antes haber sido juzgados.
Santos, que está a ocho meses de concluir su gobierno, critica a quienes así piensan con el argumento de que uno de los objetivos de la negociación era que las FARC renunciaran a las armas para integrarse a la democracia.
Los ex guerrilleros tienen asegurados como mínimo diez escaños en el Congreso (se elegirán en marzo) y para las presidenciales (mayo) tendrán al máximo líder de la ex guerrilla, Rodrigo Londoño, como su candidato. Las urnas medirán el apoyo o rechazo a los miembros de un grupo que hizo la guerra durante 52 años.