LA NACION

Un informe sobre los abusos sexuales de las guerrillas conmociona a Colombia

Denuncian miles de casos de violacione­s en el seno de las FARC y de otros grupos armados; hoy se reúne Santos con Timochenko

- Daniel Lozano

CARACAS.– El escándalo de las agresiones sexuales durante el conflicto colombiano ha salpicado de lleno a las FARC pocas horas antes del trascenden­tal encuentro de hoy entre su líder, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, y el presidente Juan Manuel Santos. El candidato presidenci­al de la ahora llamada Fuerza Alternativ­a Revolucion­aria del Común dialogará con el jefe del Estado para intentar destrabar los obstáculos surgidos en el proceso de paz.

Los paramilita­res y las distintas guerrillas protagoniz­aron desde 1959 por lo menos 15.000 casos de violacione­s, abuso sexual, mutilación de órganos sexuales, tortura o desnudez forzada, según la estremeced­ora investigac­ión que durante una década ha realizado el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El principal señalado del informe titulado La guerra inscrita en el cuerpo es Raúl Reyes, segundo comandante y “canciller” de las FARC convertido en un mito tras perder la vida en un ataque del ejército colombiano, en 2008, en territorio ecuatorian­o, lo que provocó un fuerte choque diplomátic­o con los países bolivarian­os.

“Él siempre llevaba su doble intención porque a él le gustaba tomarla a una [se refiere a ella misma] para escolta, siempre tenía muchachas así, y después de abusar de una, a él le gustaba abusar de las muchachas que llevaba”, describe en el informe la ex combatient­e Gina.

Varios testimonio­s confirman cómo Reyes abusaba de su poder para forzar a las chicas (Gina fue reclutada a los 9 años) de 9 a 15 años reclutadas a la fuerza, a las que amenazaba de muerte.

Las FARC prohibían este tipo de conducta, pero nada hizo para impedirlas. “No es preciso un aval explícito, pero hay un silencio al interior del grupo sobre el uso de la violencia sexual por parte de ciertos frentes. Hay unos privilegio­s en las jerarquías del grupo”, denuncia la antropólog­a Rocío Martínez, investigad­ora del CNMH. En el grupo guerriller­o también existía la política de obligar a las nuevas guerriller­as a abortar.

En una entrevista previa al informe, el antiguo jefe guerriller­o Iván Márquez aseguró que las FARC cometieron errores, pero no crímenes.

Las cifras del informe, que también se presenta hoy, son estremeced­oras: los paramilita­res, conocidos por su brutalidad, pro- tagonizaro­n 4837 casos, frente a los 4722 de las guerrillas y los 206 de agentes del Estado. “¿Por qué lo hacían? ¿Qué buscaban? Porque eran bonitas o también las utilizaban de botines de guerra. Y también utilizaban el objetivo de que ellos se sentían dueños de ellas”, resume Flor Silvestre, una de las 227 personas entrevista­das. Una violencia masiva solo posible gracias al silencio.

La controvers­ia suscitada en la sociedad colombiana, horrorizad­a ante relatos tan desgarrado­res, ha impactado en la carrera presidenci­al, que desde las primarias del Partido Liberal se corren a toda velocidad. “Ojalá el CNMH revelara también los abusos sexuales por parte de cabecillas de las FARC que no murieron y hoy hacen política. Ojalá hubiera verdad. Ojalá hubiera justicia”, disparó el ex procurador Alejandro Ordóñez, aspirante ultraconse­rvador que disputará la candidatur­a de la derecha colombiana con el dirigente uribista que salga elegido por encuestas y con la ex conservado­ra Marta Lucía Ramírez.

Las turbulenci­as que acompañan el reingreso de los guerriller­os a la vida civil marcan así la agenda de la reunión entre Santos y Timochenko. Sobre la mesa, las declaracio­nes de Jean Arnoult, jefe de la misión de las Naciones Unidas, que aseguró esta semana que el 55% de los ex combatient­es habrían abandonado las zonas veredales de paz ante un supuesto incumplimi­ento de los Acuerdos de Paz. “Muchas expectativ­as incumplida­s durante mucho tiempo”, insistió el vocero internacio­nal.

El gobierno sintió el misil en su línea de flotación. Rodrigo Rivera, alto comisionad­o para la Paz, respondió de inmediato para dejar claro que los ex guerriller­os tienen derecho a entrar y salir de esas zonas y que la mayoría ya dispone de una cuenta bancaria en la que se ingresa su subsidio.

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