Los haberes subirán un 5,7% en marzo, según el nuevo cálculo
C on los cambios acordados ayer en la fórmula de movilidad previsional, se prevé que los jubilados y pensionados tendrán en marzo próximo una recomposición de sus haberes del 5,7 por ciento. Es un índice superior al 5,1% que arrojaba como resultado la cuenta contemplada en el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, en la que sólo se tenía en cuenta la inflación. En la nueva fórmula se contempla una combinación de la evolución de los precios y de los salarios, estos últimos, según el índice de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte). Entre julio y septiembre pasados (el período de referencia para la suba de marzo), esa variable creció un 7,1%, es decir, dos puntos por arriba de la inflación.
Según el proyecto consensuado, se considerará el 70% de la inflación trimestral y se sumará el 30% de la evolución del citado índice salarial. Al menos para este período, eso arroja más que la inflación, una garantía que se previó en el pacto fiscal que firmaron la Nación y las provincias (nada asegura, sin embargo, que en otros períodos ocurra lo mismo).
Una de las cuestiones que tuvieron peso para que el oficialismo aceptara la propuesta de modificación hecha por la oposición es la judicial. Según recordó, en diálogo con la nacion, la abogada Elsa Romero, cuando la Corte se refirió al tema de la movilidad, sostuvo que los haberes deben guardar una razonable proporción con los salarios. Por eso, la visión de no pocos profesionales especializados en la materia es que si la variación de los ingresos jubilatorios se fuera alejando demasiado de la suba de los salarios, entonces comenzaría una nueva ola de judicialidad.
El cambio en la movilidad también incluyó eliminar el punto que establecía que en cada mes de junio se agregaría a la inflación un plus por el crecimiento del PBI. El aporte para los haberes era demasiado escaso.
La iniciativa conservó sus otros puntos principales prácticamente sin modificaciones. Uno de ellos es que los haberes de quienes hayan accedido a la jubilación habiendo hecho 30 años de aportes no podrán ser inferiores al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Según confirmó a el director ejecutivo de la la nacion Anses, Emilio Basavilbaso, si el proyecto es aprobado por el Congreso antes de fin de año, en enero ya debería comenzar a pagarse ese plus, porque el haber mínimo está en $ 7246 y en ese mes el sueldo básico pasará a ser de $ 9500. Así, en los casos que corresponda debería pagarse lo necesario para llegar a $ 7790, cifra que equivale al 82% de los $ 9500.
La reglamentación deberá en este sentido aclarar varios puntos: entre ellos, qué trato se les dará a quienes tienen haberes “con garantía” cuando se aplique la movilidad de marzo y qué pasa con las personas que accedieron a beneficios sin que se hicieran 30 años de aportes, pero no por una moratoria; por caso, una pensión por muerte de un trabajador, para la cual se cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley.