El hambre no puede esperar
Resulta escandaloso que en defensa de cuestiones infundadas se siga trabando la implementación de una legislación que favorezca la donación de alimentos
U na vez más, el escándalo político se impuso a la urgencia humanitaria, con los gravísimos costos que ello implica. Ocurrió en la Cámara de Diputados, donde un fuerte cruce entre dos legisladoras determinó que volviera a comisión la ley que favorece la donación de alimentos en buen estado por parte de empresas, productores y otros actores sociales vinculados a la cadena alimentaria. En pocas palabras, de manera injustificable reaparecieron fuertes trabas a la búsqueda de una forma más rápida y segura de paliar el hambre de millones de argentinos.
La norma originaria es conocida como la ley del buen samaritano. Fue sancionada en 2004 y estipula quiénes pueden donar, qué productos, cómo debe hacerse y los derechos y obligaciones de cada parte. En su artículo 9, eximía a los donantes de la responsabilidad sobre los alimentos una vez entregados a los beneficiarios bajo las condiciones exigidas por el Código Alimentario Argentino, pero ese punto fue vetado y, desde entonces, la donación de alimentos con aval legal dejó de ser alentada.
Distintos proyectos buscaban regular precisamente ese aspecto, liberando al donante “que actuare de buena fe de toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el vicio o riesgo” de lo donado. Durante el debate en el recinto, Margarita Stolbizer opinó que “no se resuelve el problema del hambre con lo que sobra, mucho menos cuando hay riesgo”, lo cual fue retrucado airadamente por Elisa Carrió: “Acá hay un progresismo estúpido que cree que es mejor que [las personas carenciadas] vayan a buscar a la bolsa de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa”, dijo, con razón, antes de preguntar a viva voz: “¿Qué quieren: que se mueran de hambre?”. Y todo volvió a foja cero en un asunto por demás dramático. El hambre no puede esperar.
Informes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reportan que seis millones de compatriotas sufren hambre y uno de cada cinco chicos, malnutrición. En tanto, según el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios del Ministerio de Agricultura, cerca de 16 millones de toneladas de alimentos se desperdician por año en todo el país.
Encarar esta enorme deuda implica sumar y potenciar todas aquellas alternativas que permitan modificar con celeridad este escenario. ¿Podemos sentarnos a esperar a que los índices de la economía mejoren? Definitivamente, no. La realidad nos demanda optar por caminos que muchas veces distan de ser los ideales a fin de evitar que un solo argentino deba recurrir a residuos para procurarse su ración diaria. ¿Está mal pensar así? Es fácil debatir estas cuestiones con el estómago satisfecho. Defender la dignidad de un compatriota exige, en primer lugar, que se respete su derecho a alimentarse y nadie debería descartar
a priori ninguna opción en ese sentido sin tener argumentos contundentes e incontrastables.
Quien haya tenido oportunidad de visitar una sede de la extensa red nacional de bancos de alimentos habrá podido comprobar el rigor, la transparencia, la responsabilidad y el profesionalismo con que se trabaja para que nada quede librado al azar y aquellos lleguen a tiempo, con su correspondiente cadena de frío, en buen estado o antes de su vencimiento, a cientos de comedores de todo el país. Hasta acá, los fabricantes son, por ley, penalmente responsables hasta la disposición final de cada alimento, por lo que se ven obligados a destruir cientos de miles de toneladas en perfecto estado para ser consumidas debido a la proximidad de la fecha de vencimiento (en el caso de los perecederos), defectos en el peso, envases o etiquetas o exceso de stock de mercadería.
En este sentido, se trata también de hacer algo de docencia a la hora de contar cómo son las cosas. Ninguna empresa donante dona simplemente “porque le sobra”. Fabricar un alimento involucra necesariamente distintos costos y su donación deja a la empresa sin posibilidad de recuperar esa inversión. Las empresas, en estos casos, al igual que las personas, no necesariamente donan aquello que tienen en abundancia. Creer que siempre es así impone un dudoso criterio al momento de apreciar el auténtico concepto de donación. Sería como restarle valor a cualquier generosa entrega puesto que se considera que es algo que le sobra al donante. Imaginemos: ¿las donaciones de Bill y Melinda Gates o Warren Buffet carecerían de valor porque sería dinero que les sobra? El favorable impacto de cualquier donación no puede medirse exclusivamente en relación con lo que acontece en la conciencia del donante.
Resulta ideológicamente cuestionable que en defensa de valores intangibles se trabe la implementación de cualquier legislación que favorezca la donación de alimentos. La ley más apropiada es aquella que reglamenta las mejores prácticas, no aquella que aduciendo riesgos y prejuicios que han quedado salvados debidamente en el mundo nunca vea la luz.
Hace años que desde estas columnas promovemos la sanción de la ley del buen samaritano, conocida también como ley donal. Es inhumano que sigamos sin poder aplicarla, habiendo pasado ya 13 años desde su sanción original. Mientras tanto, asistimos a peleas intrascendentes por despachos legislativos y escaramuzas políticas lamentables. Es tan necesario como urgente que el Poder Ejecutivo incluya este tema como prioritario en las sesiones extraordinarias del Congreso. Insistimos: el hambre no espera. Necesitamos resolver esta patética realidad que nos interpela como sociedad.