La Constitución marca el camino
L a profundidad de los problemas que debe resolver un gobierno no admite la improvisación ni la inexperiencia. Los errores siempre los terminan soportando los ciudadanos. Para evitarlo es necesario considerar todas las facetas de lo que se quiere modificar.
En 2009, el entonces presidente francés Sarkozy dijo que era necesario terminar con “la religión de las cifras”. Se basó en un informe elaborado por dos premios Nobel de Economía, Amartya Sen y Joseph Stiglitz, que coincidían en que el indicador del PBI para medir el crecimiento nacional, durante 80 años, era obsoleto e insuficiente y que era esencial recurrir a otras variables, como la felicidad, el bienestar y el capital ecológico sustentable. En el Preámbulo de la Constitución se incluye el objetivo de “promover el bienestar general”, y el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano se introdujo en la reforma de 1994. Sin embargo, se sigue empleando sólo el PBI para evaluar al país.
Como expresó Joaquín V. González, el cumplimiento de las normas constitucionales “posee fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación” y esto involucra tanto a los empleadores como a los operarios. Ambos tienen un papel descollante en el progreso del país. Ser empresario no es un privilegio, sino una gran responsabilidad pues de él depende la suerte de muchas familias. El trabajador también debe colaborar poniendo el mayor empeño en su tarea. Los derechos de ambos se hallan prescriptos en la Constitución. Las denominadas libertades individuales, con las que se identifican los emprendedores, son las que otorgan facultades para hacer –“de trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, de usar y disponer de la propiedad, de asociarse con fines útiy, les”, etc.– y los llamados derechos sociales son considerados necesidades a satisfacer: “El trabajo gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores…”.
La derrota del kirchnerismo en 2015 dejó atrás a la Argentina crispada. Llegó el tiempo de emprender el diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores para consolidar las decisiones que se adopten y que deberán surgir de la amalgama de los preceptos señalados por la Ley Fundamental. Tales acuerdos mostrarán el rumbo adoptado por la Argentina además, serán la base de la seguridad que necesitan los inversores, de adentro y de afuera, para colocar sus capitales y participar en una nueva etapa de progreso.
La realidad –que debe superarse– muestra la existencia de 14 millones de pobres que carecen de educación adecuada, de acceso a la vivienda digna, a la alimentación sana, a la prestación de la salud y al empleo reparador. En suma, se trata de un vacío generado por el incumplimiento de la Constitución. Parafraseando a Martin Luther King, se destaca que cuando un sistema económico social produce pobreza necesita una reforma. En la Constitución están los objetivos y principios mencionados que orientan la gestión de cada gobierno. Además de jurar por la Constitución, es indispensable cumplirla para proyectarse hacia el futuro.