Acuerdo del Gobierno y las provincias contra RAM
Se fijaron las bases para una política común de seguridad
El gobierno de Mauricio Macri acordó ayer con las provincias patagónicas afectadas por las tomas de tierras que realiza la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) un protocolo de colaboración y prevención contra expresiones de violencia política, por la cual existen más de 70 causas abiertas por atentados y dos muertes en enfrentamientos, las de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
La Casa Rosada dijo que fue un “encuentro muy positivo” y se acordó la creación de un comité integrado por los ministros nacionales y provinciales de Seguridad y Justicia para la aplicación de políticas públicas tendientes a resolver la cuestión mapuche.
Se abordará así, por separado, la cuestión de los pueblos originarios y de la RAM. Del acuerdo participaron los gobernadores Omar Gutiérrez, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Mariano Arcioni, de Chubut.
“Queremos darle mayor participación a las provincias en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para mejorar los mecanismos de registro y de tierras”, dijo a una fuente oficial la nacion que participó del encuentro.
La Casa Rosada quiere separar así el conflicto de los mapuches que reclaman por tierras en forma pacífica de aquellos grupos radicalizados, como la RAM, que ejercen violencia política y tienen vínculos con sectores partidarios.
Por el Gobierno asistieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Justicia, Germán Garavano, y del Interior, Rogelio Frigerio, que convocó a los mandatarios al Salón de los Científicos en la Casa Rosada. También participaron el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Interior, Sebastián García de Luca.
Según confiaron a altas la nacion fuentes oficiales, también se coordinaron esfuerzos para pedirle a los juzgados provinciales ordinarios encuadrar los atentados en el delito federal de atentado al orden público, previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, para que las causas sean transferidas de los juzgados locales a los federales.
El conflicto con los grupos radicalizados mapuches se agravó desde que el sábado 25 de noviembre último resultó muerto Rafael Nahuel, de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que ocupa el parque nacional de Villa Mascardi. Nahuel fue herido de muerte en un enfrentamiento con el grupo Albatros de Prefectura, que investiga el juez federal Gustavo Villanueva.
La semana que viene se volverán a reunir los tres mandatarios y el Gobierno en la Casa Rosada, y emitirán un documento para formalizar el comité. Allí se declarará en funciones la comisión de articulación entre la Nación y las tres provincias, que abordará la resolución del conflicto mapuche, la reglamentación de la ley de tierras de pueblos originarios y la rápida resolución de conflictos.
Por otro lado quedará conformada la comisión de seguridad y en el documento se dejará claramente caracterizado a la RAM como grupo violento fuera de la ley.
Tal como informó la nacion el domingo último, el Gobierno busca que la justicia federal investigue a la RAM para unificar criterios y evitar que las causas judiciales queden en los juzgados provinciales ordinarios. Los ataques que provoque la organización radicalizada serán tipificados como “atentado contra el orden público”, previsto en el artículo 213 bis.
Según los funcionarios de la Casa Rosada “se va a armar un sistema de cooperación con trabajo en común para los próximos meses”.
El Gobierno y las provincias buscarán evitar nuevas ocupaciones. Los investigadores de las fuerzas de seguridad provinciales y federales temen nuevas incitaciones a ocupar tierras y parques nacionales y coordinarán esfuerzos para evitarlas e identificar a los líderes.